Tenemos la responsabilidad de debatir los desafíos del siglo 22 sin haber resuelto aún en Argentina los problemas del siglo 19.
Si bien los gobiernos de distinto signo político en nuestro país han suscripto su compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que cumple cinco años, y plantea el fin de la pobreza, hambre cero, agua limpia y saneamiento para todos, reducción de las desigualdades y no dejar a nadie atrás, no han sido todos coherentes con las decisiones y políticas para lograr su concreción.
En el centro de este debate el acceso a la tierra es sin dudas un eje estratégico. Es básico para el acceso a la vivienda digna, la soberanía alimentaria y para gozar de los espacios verdes públicos que nos garantizan el derecho al ambiente sano. Nos bombardean las abrumadoras noticias sobre toma de tierras o incendios intencionales de los productores agroindustriales para avanzar con la frontera sojera pero no se profundiza en la reflexión sobre las alternativas y soluciones.
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No vemos en los medios de comunicación las bochornosas ventas ilegales de tierras verdes públicas sin pasar por el Congreso de la Nación ni las escandalosas rezonificaciones que hacen las legislaturas locales que permiten cementarlo todo, hasta humedales o vender costas.
Creemos que es urgente repensar estos temas con otras perspectivas. Sin remontarnos tan lejos como ameritaría el recordar cómo surge en América Latina la propiedad privada sobre las tierras saqueadas por los conquistadores a los pueblos originarios que pacíficamente las habitaban con un criterio comunitario, aún en la historia más reciente de la Argentina la mayoría de los opulentos hicieron sus fortunas en base a privilegios y ventajas otorgadas por el propio Estado, tanto en dictadura como en democracia.
Quienes defendemos los derechos humanos, respetamos el derecho a la propiedad privada de todos pero para que éste sea compatible con el resto de los derechos subrayamos la función social y ecológica de la propiedad privada, que ya ha sido receptada por el nuevo Código Civil y Comercial, y por contundente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo los Poderes Ejecutivos y Legislativos parecen no siempre receptarlo suficientemente.
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En esta misma línea también la falta de inventiva para crear alternativas. En otras latitudes la legislación permite otras formas de acceso a la vivienda y a la tierra para producción agropecuaria sostenible como alquileres o arrendamientos sociales o formas de propiedad comunitaria.
Es imprescindible repensar demográficamente nuestro vasto territorio. Es irracional la concentración del 93% de la población en 16 ciudades e inhumana en el AMBA con más de un tercio del total de la población nacional considerando la extensión total de la Argentina. La mayoría de nuestra población vive hacinada. Una de cada tres personas habita una vivienda precaria.
Si bien entre 2010 y el 2018 hubo “mejoras moderadas” en los indicadores asociados a la vivienda: regularización de tenencia de los/as que no eran propietarios/as ni inquilinos/as, mejoras en el estado de la vivienda (si eran casilla, ranchos o no tenían revoque), condiciones de hacinamiento (3 y más personas por cuarto) y el déficit en el servicio sanitario (si no disponían de inodoro o no tenían descarga mecánica de agua) y se observó un leve efecto positivo de la inversión en infraestructura urbana, a través de planes sociales y créditos para la construcción, los estratos medios fueron en este contexto los más favorecidos.
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En general cuando se habla del acceso a la vivienda de los más humildes solo se piensa en la urbanización de las villas en los grandes hacinamientos.
Necesitamos una ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial ambiental y repensar la planificación estratégica generando oportunidades en las ciudades que han devenido “fantasmas”. Debemos descentralizar el AMBA y desconcentrar las grandes ciudades. Necesitamos más ciudades medianas con criterios rururbanos, que permitan acceder a todas las ventajas de infraestructura educativa, sanitaria y cultural de las grandes ciudades pero que además permitan consumir alimentos producidos localmente y abastecerse de energía generada en cercanías. Es fundamental garantizar el acceso a la vivienda digna y la estabilidad en ella a todos y el acceso a la tierra a quienes están dispuestos a trabajarla aun cuando las formas no sean las de la tradicional propiedad privada.
En este sentido el rol del Estado es fundamental. Por eso nos indigna la venta de tierras públicas que se ha venido haciendo a nivel nacional con tierras ferroviarias y militares, y que ahora llega a niveles extremos en la Ciudad de Buenos Aires, llegándose a vender tierras de un monumento histórico nacional como las del Tiro federal y a poner a la venta los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco en Costanera Norte. Son decisiones inconstitucionales, graves y delictivas de las que ahora toma cuenta en parte la Oficina anticorrupción pero que fueron complicemente apañadas, incluso por la Justicia federal cuando presentamos amparos, como en el Caso de Catalinas Norte II o la Manzana IQ de Puerto Madero.
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No deben venderse más tierras públicas. Estas son las últimas tierras verdes en los grandes conglomerados urbanos que nos permitirán tener derecho al ambiente sano y resistir al cambio climático en estas urbes. Son las que nos permitirían generar bancos de tierras para regular los precios del mercado, generar viviendas sociales y acceso a la tierra para la agroecología rural y urbana.
Confiamos en el cambio de rumbo en estas políticas. Desde la ciudadanía cada vez hay más conciencia y lo estamos exigiendo. Las tierras públicas son nuestros bienes comunes y no queremos que sean más el negocio inmobiliario para unos pocos privilegiados.
* María José Lubertino. Doctora de Derecho y Profesora de Derechos Humanos UBA. Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Integrante de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir.
