A nivel global Amnistía Internacional ha alertado sobre la situación de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar asilo y al derecho a la salud sin discriminación.
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras durante el primer período de la pandemia y aproximadamente 90 no implementaron medidas excepcionales para ingreso a territorio, tales como las solicitudes de asilo. Negar la posibilidad de asilo va en contra de las normas y estándares internacionales. En este sentido, hemos denunciado el recrudecimiento de las rutas en Centroamérica para las personas que se encuentran en procesos migratorios, quienes no solo debían evitar contagiarse, sino que también tuvieron que lidiar con los costos prohibitivos de las pruebas de COVID19 y extorsiones por parte de funcionarios estatales. Todo ello, mientras buscaban un territorio seguro para vivir.
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras durante el primer período de la pandemia
En 2020, publicamos un informe respecto a la situación de niños y niñas desplazados en las fronteras de México y Estados Unidos. Pese al descenso de las migraciones durante la emergencia sanitaria, las autoridades mexicanas siguieron devolviendo a Centroamérica a más de 3.300 menores de edad no acompañados, que representaban más del 70% de los niños detenidos. Al mismo tiempo, entre noviembre de 2020 a abril de 2021, las autoridades de los Estados Unidos habían devuelto a 10.270 niños y niñas mexicanos no acompañados. Frente a la complejidad de estos casos, Amnistía Internacional exigió entonces y lo sigue haciendo que los Estados garanticen el acceso a los procedimientos de asilo y que se respeten en todas las instancias el derecho superior del niño.
Relatos de migrantes: la otra cara de la búsqueda del "sueño americano"
Amnistía Internacional también se dedicó a monitorear el acceso al derecho a la salud de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el contexto de emergencia sanitaria. En diversos países el acceso a las vacunas se vio obstaculizado con la incertidumbre sobre su inclusión en los programas de vacunación, aun siendo la salud un derecho humano universal. Publicamos un informe en julio de 2021, en el cual se señaló que, en el Líbano, solo el 0,5% de las personas inmunizadas eran de nacionalidad siria, pese a que representaban el 20% de la población total.
En Argentina, la organización viene acompañando en especial el impacto en el programa de Patrocinio comunitario de personas refugiadas de la disposición del cierre de fronteras por la pandemia. El Patrocinio Comunitario es un esquema que permite el trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad local en la integración de personas con necesidades de protección internacional. Las familias que huyen de la violencia, la persecución y las crisis humanitarias devastadoras en sus países, son reubicadas por las autoridades con la oportunidad de rehacer sus vidas. La llegada de nuevas familias se encuentra suspendida a raíz de medidas tomadas en este contexto. Amnistía Internacional viene acompañando la temática con las organizaciones que trabajan patrocinio en el país y se ha puesto a disposición del Estado en caso de que decidan reanudar el programa.
*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
