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OPINIóN / Internacional
jueves 27 febrero, 2020

Crece la militarización del gobierno brasileño en medio de la convulsión política

Con la llegada del general Walter Braga Netto a la Casa Civil, Jair Bolsonaro termina de rodearse por ministros de origen militar en los puestos de mayor confianza.

por Ignacio Pirotta

Jair Bolsanaro Foto: AFP
jueves 27 febrero, 2020

Con la llegada del general Walter Braga Netto a la Casa Civil, Jair Bolsonaro termina de rodearse por ministros de origen militar en los puestos de mayor confianza. Ahora, los cuatro cargos con rango ministerial que tienen sus oficinas en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, están ocupados por militares. Las interpretaciones de la creciente militarización van desde la simple identificación de Bolsonaro con los militares, en tanto él mismo proviene del Ejército, hasta un posible intento de blindar al gobierno de crisis que ya avizoran. Casualmente, en simultáneo con la llegada de nuevos miembros militares al gobierno, Paulo Guedes puso a disposición su cargo por divergencias con el presidente respecto a la gestión de la economía y la relación con el Congreso. La convocatoria a manifestaciones para el 15 de marzo en apoyo al gobierno y contra el Congreso, difundida por el propio Bolsonaro, convulsiona por estas horas a la política brasileña.

Braga Netto asumió la Casa Civil (puesto similiar al de Jefe de Gabinete argentino) el pasado 18 de febrero. El general era hasta entonces el jefe del Estado Mayor del Ejército, y durante 2018 había oficiado de interventor federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, por disposición del entonces presidente, Michel Temer. Durante la ceremonia de asunción, Bolsonaro hizo una comparación entre ambos cargos: “Ahora usted ocupa la jefatura de la Casa Civil, semejante a la jefatura del Estado Mayor del Ejército. Coordinará y me auxiliará en el contacto con los ministros y en la solución de los problemas que se nos irán a presentar”.

Así, el militar de la Casa Civil pasó a acompañar a los otros militares que ya ocupaban cargos claves en el  Planalto: el general Augusto Heleno, a cargo del Gabinete de Seguridad Institucional y de quien depende la Agencia de Inteligencia; el general Luiz Eduardo Ramos, en la Secretaría de Gobierno, con creciente influencia y que ocupa el rol de enlace con el Congreso además de tener a su cargo a la Secretaría de Comunicación; y Jorge Oliveira, Secretario General de la Presidencia, que fuera mayor de la Policía Militar del Distrito Federal. De los 22 ministros del gabinete de Jair Bolsonaro, 9 tienen procedencia militar al igual que él y su vice, Hamilton Maurão.

Fotos | Así comenzó la intervención militar de las favelas de Rio de Janeiro

Por estos días, además de la llega de Braga Netto a la Casa Civil, tuvo lugar el nombramiento del almirante Flavio Vianna Rocha al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la cual pasó a depender directamente del Presidente de la República. En simultáneo, otro órgano, la Asesoría Especial de la Presidencia, dejó de depender directamente del Presidente y pasó a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Vianna Rocha. El movimiento subordinó al asesor especial para asuntos internacionales, el antiglobalista Filipe Martins, al almirante Vianna Rocha. Filipe Martins es uno de los principales integrantes del ala antiglobalista y promueve una visión que, tomando sus propias palabras, podríamos definir como un “populismo de derecha”. La subordinación de Martins al almirante Vianna es, en principio, formal. Habrá que ver si realmente funciona como un filtro a las iniciativas de Martins y por cuánto tiempo. Nada dentro de la coalición extra partidaria de gobierno es estable, pero este último movimiento parece ir en detrimento del ala antiglobalista, la cual, por ejemplo, fogonea los cruces de Jair Bolsonaro con su par argentino, Alberto Fernández.

El motivo del nuevo impulso a la militarización del gobierno brasileño no está del todo claro. Una posibilidad es simplemente se fundamenta en la identificación de Bolsonaro con la corporación militar y además estos aportarían formación y capacidad de trabajo a un gabinete en donde muchos de sus miembros traen más problemas que soluciones (más allá de que sean efectivos a la hora de mantener viva la llama del bolsonarismo vía la retórica confrontativa). Onyx Lorenzoni, hasta ahora ocupante de la Casa Civil, habría sido reemplazado por Braga Netto por esa sencilla razón, vinculada más a la gestión que a un reparto de poder. Abraham Weintraub, el ministro de Educación que escribe con errores de ortografía, es otro caso similar, ya que está en la cuerda floja por causa de una gestión con serios déficits.

Brasil: sale un militar y entra un policía al gobierno de Bolsonaro

La otra lectura es que Jair Bolsonaro ha ensayado una suerte de blindaje militar de su gobierno. La necesidad del blindaje se explicaría a partir del siguiente cuadro de complejidades:

La llegada de Braga Netto se produjo poco después del asesinato del miliciano Adriano da Nóbrega en un operativo conjunto entre la policía de Río de Janeiro y la de Bahía, estado donde éste se encontraba pŕofugo. Se trataba de un hombre clave en la investigación que conecta a la familia Bolsonaro con las milicias de Río de Janeiro. El abogado de da Nóbrega denunció que se trató de una “quema de archivo”. Bolsonaro responsabilizó al gobierno de Bahía, del Partido de los Trabajadores, por la muerte y abrió el paraguas pidiendo una pericia “imparcial” de los celulares de da Nóbrega, y sugirió que en Bahía podrían introducir llamadas y hasta audios para incriminar a personas inocentes. Sin embargo, cabe señalar que hasta ahora las investigaciones sobre la familia Bolsonaro no han tomado completamente la dimensión de escándalo, en parte debido al lento avance de las mismas.

Otro hecho reciente pone la lupa sobre las fuerzas de seguridad brasileñas. La huelga y acuartelamiento de la policía del estado de Ceará, gobernada también por un partido de centro izquierda, el PDT (en rigor gobernada por la familia Ferreira Gomes), y que derivó en la intervención del Ejército encuadrado en una operación de Garantía de la Ley y el Orden, puso sobre la mesa el problema de subordinación efectiva de las policías estaduales a los gobiernos. Tambień, el mayoritario respaldo de estas a Jair Bolsonaro. El bolsonarismo que milita las redes sociales hizo público su apoyo a la policía de Ceará y hay acusaciones de que referentes políticos del bolsonarismo estuvieron detrás de la huelga. La crisis aún continúa, mientras otros estados buscan mantener la situación bajo control.

Existen otros motivos que podrían estar por detrás de la reciente militarización. En un año electoral, ya que en octubre hay elecciones municipales, la relación con el Congreso resulta especialmente difícil, más para un gobierno minoritario que ha renegado del presidencialismo de coalición que caracteriza al sistema político brasileño. Como si ello fuera poco, el bolsonarismo fracturó el bloque del PSL, partido por el que Bolsonaro fue electo junto con 54 diputados y 3 senadores. Hoy el bolsonarismo cuenta con un senador (Flavio Bolsonaro) y cerca de 30 diputados, mientras cruza los dedos para que su nuevo partido, Alianza por Brasil, obtenga el aval de la Justicia Electoral antes de abril y consiga participar de las elecciones municipales de octubre. Algo que parece imposible.

Bolsonaro también quiere luz verde para que militares y policías repriman

Esa debilidad política del gobierno en su relación con el Congreso, a diferencia del año pasado, cuando se aprobó la Reforma Previsional, queda expuesta en el momento en que surgen diferencias entre la agenda del Ejecutivo y aquella que el Legislativo pretende llevar adelante. En condiciones “normales”, el Congreso brasileño es reactivo a la agenda propuesta por el Ejecutivo, que cuenta con mecanismos como las medidas provisórias (decretos que deben ser ratificados por el Congreso) y  el requerimiento de urgencia legislativa para imponer su agenda. Pero en el Brasil de Bolsonaro la relación Ejecutivo/Legislativo se parece más a la de tiempos de crisis como la que atravesaron Fernando Collor y Dilma Rousseff, en el sentido de que la correlación de fuerzas se invierte en favor de los legisladores. Aquí cabe hacer una aclaración: ante esa adversidad, Collor y Rousseff terminaron eyectados del poder por medio del juicio político, pero no sin antes sufrir el desgaste de crisis económicas (Collor no logró controlar la inflación que llegaba al 20% mensual y Rousseff generó una recesión), escándalos de corrupción (las denuncias de corrupción del propio hermano de Collor y la Lava Jato en el caso de Rousseff) y las manifestaciones masivas pidiendo la renuncia. Sólo después, con aprobaciones cercanas al 10%, se produjo la pérdida aliados y el juicio político. En cambio, Bolsonaro inició su gobierno con una debilidad ante el Congreso similar a la de aquellos, pero claramente sin todos los otros elementos.

La tensión con el Congreso alcanzó un punto máximo en torno a la disputa por recursos del presupuesto 2020 y las formas en las que las distintas enmiendas del presupuesto deben autorizarse y ejecutarse. Básicamente, el congreso brasileño, ante la inversión de la correlación de fuerzas con el Ejecutivo, le ha quitado a este la potestad de controlar parte de la ejecución presupuestaria e impedido la subejecución de algunos ítems. El martes 18 de febrero, luego de la ceremonia de asunción de Braga Netto, el general Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional, creyendo que los micrófonos estaban apagados, lanzó una frase que encendió el país: “no podemos aceptar a esos tipos chantajeándonos todo el tiempo, jódase!” A partir de allí se inició la convocatoria para el 15 de marzo en apoyo al gobierno y contra el Congreso, con consignas bastante pro militares. El martes 25, el propio Jair Bolsonaro difundió desde su celular y por WhatsApp dos videos de la convocatoria, lo que despertó durísimas críticas desde Fernando Henrique Cardoso hasta Lula da Silva que denuncian la embestida contra las instituciones y la democracia. No está claro qué pueda pasar con la convocatoria y sería sorprendente (y muy peligroso) que prospere habida cuenta de lo involucrado que ha quedado el generalato que ocupa oficinas en el Planalto.

Pero además, el año electoral ha puesto de manifiesto las diferencias entre Guedes y Bolsonaro, partiendo del hecho de que Bolsonaro históricamente ha sido un político volcado al nacionalismo y la defensa de intereses corporativos, como el de policías militares, y poco y nada ha mostrado en sus largos años de diputado en favor del liberalismo económico. En general, como diputado, no ha mostrado interés por cuestiones económicas. Bolsonaro se pintó de liberal de cara a las elecciones y en plan de convertirse en presidente de la República. Esa es la realidad de la que ningún actor político o económico brasileño se elude. La duda es si el barniz liberal y de reducción del gasto público del bolsonarismo resiste al mal clima, o bien hasta dónde éste es percibido por el gobierno como imprescindible para su propia supervivencia. Abrazar el liberalismo le ha permitido a Bolsonaro contar con el apoyo de distintos actores económicos, entre los que se destaca el sector financiero, del cual proviene Paulo Guedes.

¿Bolsonaro repetirá la historia de los liderazgos antipolíticos en Brasil?

Según el Banco Central el crecimiento del PBI en 2019 fue de tan sólo 0,89% (cálculo provisorio hasta que salga el del Instituto de Estadísticas, el IBGE), por debajo del 1,3% tanto de 2017 como de 2018. El tamaño de la recesión de 2015 y 2016, seguida de tres años de virtual estancamiento, comienzan a presionar al gobierno a obtener resultados tangibles. Con una desocupación del 11,9% (ese fue el promedio de 2019), y más allá de los números, para los brasileños la crisis económica aún perdura. Eso es a lo que alude mensualmente la consultora XP Investimentos cuando le pregunta a sus encuestados “¿quién es el responsable de la situación económica actual?” y estos responsabilizan en su mayoría a Lula da Silva y Dilma Rousseff. Lo negativo de la situación actual está implícito. El barniz liberal y pro ajuste comienza a ponerse a prueba en 2020.

El segundo año de gobierno de Jair Bolsonaro podría comenzar a presentar modificaciones en relación a ese relevamiento que realiza XP Investimentos, en el sentido de repartir más culpas para el actual presidente. El informe Focus, realizado por el Banco Central y que refleja las expectativas del mercado, bajó su proyección de crecimiento del PBI en 2020 de un 2,5% a inicios de enero al 2,3% en la última semana. No es lo único que preocupa. El real perdió un 9,55% de su valor en lo que va del año, según la cotización del viernes 21 pasado. La Bolsa de Valores de San Pablo registró récord tras récord en 2019 y el riesgo país bajó al mínimo histórico pero la salida de capitales extranjeros de la bolsa también fue récord en 2019, por causas que no están del todo claras. La pujanza del agro brasileño, con cosechas récord, encuentra una pared infranqueable en todo lo que sucede en el mundo y particularmente en China: la gripe porcina africana que diezmó la producción porcina (la soja se destina a la alimentación de los cerdos) redujo las exportaciones de 2019 en US$6.700 millones (caída del 21,3% de las exportaciones de soja en grano y 12,9 de  harina de soja con destino a China). El gigante asiático podría demorar años en recuperar la producción porcina. Además, la crisis argentina también afecta las exportaciones del sector manufacturero, la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos juega en contra del agro brasileño y aún es una incógnita el tamaño del impacto económico del coronavirus.

También fue en el agitado día martes 18 de febrero que Paulo Guedes puso su cargo a disposición. Las crónicas de los medios brasileños relatan que ante la resistencia de Jair Bolsonaro en enviar la reforma administrativa al Congreso, en la noche del martes Paulo Guedes amenazó con abandonar el gobierno. No es la primera vez que lo hace, aunque nunca habría sido tan grave la situación. Bolsonaro se comprometió a enviar la reforma administrativa, y al mismo tiempo, según el diario Folha de San Pablo, le habría exigido al ministro un crecimiento mínimo del 2% en 2020. Guedes, según varios medios locales, pidió el apartamiento del ministro de Ambiente, Ricardo Salles, responsabilizándose de la mala imagen internacional que Brasil proyecta con la cuestión ambiental.

El tiempo dirá si la creciente militarización se trata de un intento de blindaje del gobierno de Jair Bolsonaro o si se justifica mayormente por la identificación del presidente con las Fuerzas y la falta de cuadros políticos. Ambas teorías tienen sustento. Los militares, con sus limitaciones y su perspectiva particular, ofrecen una solución en una gestión que parece completamente improvisada. Las oscuras nubes que cercan el cielo de Brasilia también son una realidad.


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