El 27 de marzo, la ciudadanía uruguaya deberá concurrir a las urnas para decidir si aprueba o rechaza el referéndum contra 135 artículos de la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada por la coalición de centroderecha del gobierno de Luis Lacalle Pou, electo en noviembre de 2019.
La LUC, promulgada en julio de 2020, debe su nombre justamente a que debió ser discutida y aprobada en un lapso ajustado de tiempo –en total noventa días– y es en realidad un paquete de leyes de 400 artículos que aborda temas muy diversos. Entre ellos: endurece las penas para los delitos contra la propiedad privada y crea nuevos delitos como el “agravio a la autoridad”; modifica la institucionalidad de la educación, al eliminar la participación docente y su autonomía; habilita a pagar los salarios en efectivo, es decir se abandona la bancarización obligatoria; introduce reformas en el mercado de combustibles, lo que significa desregulación y, en los hechos, aumento del precio; habilita la “portabilidad numérica” que permite cambiar de compañía, lo cual podría perjudicar a la empresa estatal de telefonía móvil; restringe el derecho de huelga y declara la ilegalidad de los “piquetes” –práctica que no existe en Uruguay–, entre otros cambios.
Las feministas resaltan, además, que la LUC afecta especialmente a las mujeres, pues entre otros aspectos recorta la atención especializada a los casos de violencia de género, incorpora la “desocupación exprés” para las personas que no paguen el alquiler en tiempo, promueve el pago de sueldos informales en trabajos precarizados, aumenta la pena por suministro de drogas dentro de establecimientos penitenciarios, lo cual criminaliza a las mujeres llevando a que muchas veces ellas terminen en largas condenas, mientras los narcotraficantes tienen penas ridículamente bajas.
Este referéndum, al igual que otros en Uruguay, fue promovido por diversas organizaciones sindicales y sociales, entre ellas las feministas y los gremios de la enseñanza. El Frente Amplio, coalición política que agrupa diversos sectores de izquierda democrática, luego de un intenso debate interno, decidió acompañar la recolección de firmas por la derogación parcial, pues también hubo organizaciones sociales que promovieron la derogación total de la LUC.
Este acuerdo resultó fundamental para lograr las firmas requeridas –unas 700 mil–, que fueron obtenidas en un contexto inédito: cuando la cantidad de personas fallecidas, internadas y contagiadas por el covid llegaba a su récord histórico. Durante ese período estuvieron prohibidas las aglomeraciones, los actos públicos, los espectáculos, los partidos de fútbol, los recitales, los debates públicos presenciales… es decir, todos los eventos sociales en los que se suelen juntar firmas. Las coordinadoras por la derogación total y parcial solicitaron una prórroga para obtener un plazo mayor, que les fue denegada. Además, los principales medios de comunicación tendieron a ignorar la campaña de recolección de firmas, aunque en los barrios y en las principales avenidas se notaba un número cada vez mayor de activistas, que con el tiempo se hicieron más visibles, tanto que, finalmente, terminaron siendo noticia.
Montevideo está vestido de rosa –color que identifica a las personas partidaria del “sí” a derogar los 135 artículos de la LUC–. Sin embargo, las encuestas dan como ganadores a los partidarios de la boleta celeste, es decir los que se oponen a la derogación. Más allá del resultado, este referéndum demuestra la importancia de los mecanismos de la democracia directa para encauzar institucionalmente la protesta, generando un debate sobre una ley cuyo contenido era desconocido por la enorme mayoría de la población, obligando a los partidos a salir a defenderla o a criticarla públicamente, reforzando así la democracia representativa. Democracia directa y democracia representativa pueden, cuando son bien ejercidas, reforzarse mutuamente. Uruguay es un ejemplo.
*Profesora titular de la Escuela de Política y Gobierno, Unsam- #red de politólogas.
