Al este y al oeste de la Cordillera comienza a ganar peso un sustantivo que tiempo atrás apenas encontraba lugar en la conversación: “recontractualización”. La necesidad de acuerdos duraderos en nueva infraestructura, cooperación y regulación dan forma al desarrollo de un proceso que está comenzando.
Después de más de una década de interrupción, la Argentina retomó en 2018 su presencia en el mercado chileno de gas. A partir de allí, se consolidó un ciclo virtuoso que restableció la confianza bilateral en materia energética.
En aquellos años, la región miraba a Vaca Muerta sin certezas, mientras que en la Argentina existía una fuerte convicción. Actores públicos y privados decididos a convertir al país en proveedor de soluciones energéticas avanzaron en la cuantificación de recursos y reservas, expandieron la producción y consolidaron el progreso tecnológico, transformando la cuenca en una realidad indiscutible.
El crecimiento productivo posibilitó utilizar plenamente la infraestructura existente, tanto para abastecer la demanda interna como para exportar. En 2018 se retomaron los envíos a Chile mediante contratos interrumpibles; en 2019 se avanzó con contratos estivales en firme; en 2022 se incorporaron contratos invernales en firme; y desde 2024 se establecieron acuerdos plurianuales. En ese período, las exportaciones totalizaron alrededor de 13 mil MMm³ de gas natural, generaron ingresos de divisas para la Argentina por aproximadamente US$ 3 mil millones y permitieron a Chile reducir sus costos energéticos en torno a US$ 2 mil millones.
Sin embargo, el intercambio no se limitó solo al gas natural: en 2022 se rehabilitó la línea Andes-Cobos, único enlace de alta tensión para el intercambio bidireccional de energía entre ambos países –cuya operación se había interrumpido en 2017 tras la unificación de los sistemas eléctricos chilenos– y, luego de más de una década sin actividad, el Oleoducto Trasandino ingresó en una etapa de utilización intensiva.
Este proceso de reintegración fue posible gracias a la existencia de infraestructura ociosa –y en muchos casos ya amortizada– cuya inversión había sido decidida en otros contextos. El costo de capital resultó nulo, o prácticamente nulo cuando se requirieron obras menores para recuperar activos degradados, lo que redundó en mayor prosperidad para ambos países a muy bajo costo.
Hoy se observa con interés y expectativa la manera en que Argentina y Chile pudieran acordar formas de complementariedad para enfrentar los desafíos energéticos que se avecinan. Con la infraestructura existente llevada a su pleno empleo, el paso siguiente consiste en avanzar hacia contratos de largo plazo que habiliten nueva infraestructura de interconexión energética binacional. Esto supone que los actores de mercado en ambos países consideran que las rentas a cosechar justifican financiar y repagar nueva infraestructura, y que el riesgo implícito en la inversión no alcanza a conjurar la expectativa de ganancia.
Acaso este proceso ya ha comenzado: el contrato de ENAP con cuatro operadoras de Vaca Muerta para importar crudo por US$ 12 mil millones en 7 años, el proceso público y competitivo –Open Season– llevado adelante por TGN a solicitud de Colbún para adjudicarse capacidad de transporte en firme por un plazo de 50 años y el proyecto de una nueva línea de interconexión eléctrica en estudio ameritan ser interpretados en este sentido.
A diferencia del crudo, los mercados de gas natural y electricidad exigirán acuerdos regulatorios adicionales, especialmente en materia de protocolos de emergencia, mecanismos de corte y reglas de despacho. Mientras la Argentina avanza en reformas orientadas a dinámicas de mercado más libres, Chile enfrenta definiciones estratégicas sobre la evolución de su matriz energética para los próximos 20 años.
En este escenario, se abren oportunidades significativas tanto para los negocios y la competencia en el mercado como para la cooperación bilateral, con potencial de generar beneficios tangibles para hogares y empresas a ambos lados de la Cordillera.
Si los sectores públicos y privados de ambos países logran alinear diagnósticos frente a sendas transiciones energéticas, junto con las soluciones de política pública y de mercado que proyectan, es indudable que el bienestar y la seguridad de ambos Estados y de sus ciudadanías se verán fortalecidos de manera significativa.
*Diplomático argentino, actualmente se desempeña como Jefe de Asesoría Estratégica de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).
