Los argentinos aprendimos a convivir con el riesgo país. Es ese número que sube cuando el mercado desconfía y que determina cuánto más caro nos financiamos. Si el riesgo país sube, sube la tasa de interés. Si sube la tasa, se enfría la inversión. Así funciona la prima que pagamos por nuestra inestabilidad fiscal, política o monetaria.
Pero hay un riesgo estructural que todavía no aparece en el indicador del JP Morgan y que puede ser igual de determinante: el riesgo país ambiental.
El riesgo país tradicional mide la probabilidad de que un Estado no pueda cumplir sus obligaciones financieras. Observa déficit, deuda, inflación, crecimiento y gobernabilidad. Sin embargo, parte de un supuesto silencioso: que la base productiva del país es sostenible en el tiempo. Ahí está el punto ciego.
El riesgo país ambiental es la probabilidad de que la degradación de nuestros activos naturales –agua, suelos, bosques, biodiversidad– afecte la estabilidad económica y fiscal futura. No es un concepto ecologista sino macroeconomía.
Según el Foro Económico Mundial, más de la mitad del PBI mundial depende en forma directa o moderada de la naturaleza. En la Argentina esa dependencia es aún mayor. El agro, la energía, la pesca, el turismo y parte de la minería están anclados en servicios ecosistémicos: lluvia previsible, suelos fértiles, agua disponible, estabilidad climática.
Cuando esos activos se deterioran, el impacto es económico antes que ambiental.
El riesgo país ambiental tiene cuatro componentes claros.
Primero, el riesgo físico: sequías, incendios, inundaciones. La sequía de 2023 no fue solo un fenómeno meteorológico. Fue una caída de miles de millones de dólares en exportaciones y reservas. Menos divisas, más presión cambiaria, más inflación.
Segundo, el riesgo de transición. El mundo está imponiendo nuevas reglas: ajustes de carbono en frontera, exigencias de trazabilidad, restricciones a productos vinculados a la deforestación. Si un país no se adapta, pierde mercados. Ya no alcanza con producir; hay que producir con estándares verificables. El acuerdo Unión Europea-Mercosur condiciona su entrada en vigor al cumplimiento de acuerdos ambientales multilaterales, gestión de bosques, aguas, cambio climático y biodiversidad.
Tercero, el riesgo legal y reputacional. Conflictos ambientales, litigios climáticos y bloqueos a proyectos generan incertidumbre. Y la incertidumbre se traduce en mayor prima de riesgo.
Cuarto, la descapitalización ecológica. Un país puede crecer liquidando su capital natural: desmontando, degradando suelos, agotando acuíferos. El PBI sube en el corto plazo, pero la riqueza total cae. Es vender partes de la casa para pagar gastos corrientes.
La pregunta es simple: ¿puede un país altamente dependiente de recursos naturales mantener estabilidad macroeconómica si deteriora esos recursos?
Los mercados financieros ya incorporan el riesgo climático en sus modelos. La siguiente frontera es el capital natural. Un país con degradación acelerada y baja gobernanza ambiental será percibido como más volátil y vulnerable. Eso se paga con tasa.
Argentina tiene activos ambientales extraordinarios: suelos agrícolas de altísima productividad, grandes reservas de agua dulce, ecosistemas estratégicos. Pero también enfrenta deforestación persistente, erosión de suelos y vulnerabilidad creciente a eventos extremos.
La naturaleza puede ser un pasivo que aumente nuestra prima de riesgo o un activo estratégico que la reduzca. Depende de cómo la gestionemos.
En el siglo XXI, la estabilidad macroeconómica ya no depende solo del equilibrio fiscal. También depende de la integridad ecológica. Ignorar esa dimensión es subestimar un riesgo que todavía no figura en la pantalla, pero que los inversores ya están empezando a mirar.
*Exsecretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Docente Unsam.
