Hace poco más de un año, cuando se realizaba la COP26 en Glasgow, el presidente Alberto Fernández, junto a representantes de la empresa australiana Fortescue MG, anunciaron una millonaria inversión en la Argentina destinada a producir hidrógeno verde. Llegarían 8.400 millones de dólares y con ello la creación de más de 15 mil puestos de trabajo directos y unos 40 mil indirectos. Se presentó a la provincia de Río Negro como un polo mundial exportador de hidrógeno verde para 2030, proyectando una capacidad de producción de 2,2 millones de toneladas anuales.
En esa oportunidad, Fernández había destacado que el hidrógeno verde era uno de los combustibles del futuro y lo llenaba de orgullo que Argentina fuera uno de los países que estuvieran a la vanguardia de la transición ecológica, en ese sentido resaltaba que con esa inversión “en poco tiempo Argentina podría convertirse en uno de los proveedores mundiales del combustible permitiendo reducir drásticamente las emisiones de carbono en el mundo”. Desde la empresa, por su parte, fuertemente motivados por el compromiso manifiesto, aseguraban estar “listos para invertir”. Claramente la que no estaba lista era la Argentina.
El proyecto contaba con una prueba piloto que tenía una inversión estimada en 1.200 millones de dólares para producir unas 35 mil toneladas de hidrógeno verde, energía equivalente para satisfacer a 250 mil hogares. Esto debió haberse iniciado a principio de 2022, pero no ocurrió.
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En el mes de abril, la Legislatura de Río Negro aprobó una iniciativa que permitiría llamar a licitación y concesionar el uso de 625 mil hectáreas para la construcción del proyecto y a fines de junio el Gobierno y la Universidad de Rio Negro anunciaban la creación de un instituto y una diplomatura en hidrógeno verde, mientras aguardaban una normativa nacional, que nunca llegó. Desde la empresa inversora señalaban que, previo a la decisión final de la inversión, era vital un marco regulatorio que otorgara lineamientos para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en el país. Algo que aún seguimos esperando.
Durante 2021, se presentaron en el Congreso de la Nación diferentes proyectos en esta materia y además ya existían otros tantos sin tratamiento que refieren a energías renovables en general. Hace más de un año que la PlataformaH2 Argentina, una coalición de instituciones académicas especializadas en energía, presentó un documento con una propuesta normativa para impulsar el debate en torno a un régimen de promoción del hidrógeno. En agosto de este año la diputada por Mendoza Pamela Verasay convocó en la Cámara de Diputados a una primera jornada de debate pero, aun así, el tratamiento de estos proyectos es nulo y cumplido un año el gran anuncio de Glasgow sigue siendo una promesa.
Este año, el gobierno nacional comprometió una disminución para 2030 del 25,7% de las emisiones y lograr carbono neutralidad en 2050, algo sin dudas incumplible sin inversiones ni asignación de recursos que pongan a provincias, y especialmente a municipios, como principales actores y gestores del cambio.
No es la primera vez que el gobierno argentino anuncia una cosa pero hace otra. La crisis climática no se resuelve con magia, sino con acciones e inversión para alcanzar resultados urgentes.
No hay una ley de hidrógeno que defina el marco regulatorio para desarrollar la actividad.
No hay un debate serio y responsable sobre minería y una política de transición energética.
Tenemos una Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global inaplicable y sin presupuesto.
Una Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos que solo afectó el 3% de los recursos totales asignados.
Un proyecto de ley de humedales con un atolondrado intento de tratamiento a días de perder estado parlamentario.
Una deficiente gestión en la prevención y el combate de incendios.
Seguimos atrapados en el plano de un relato muy lejano a la realidad y el gobierno nacional solo activa sus recursos y capacidades para impulsar su listado de urgencias personales.
Pero no todo es inacción en Argentina. Afortunadamente existe la Ramcc (Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático): allí, unos 280 municipios se han comprometido a reducir emisiones de gases efecto invernadero y unos setenta tienen un plan de acción concreto para llegar a la carbono neutralidad en 2050. Música para los oídos de la COP27, que paradójicamente será un nuevo fracaso porque no ayuda a los gobiernos locales.
Ante el panorama de inacción y fracaso del Estado nacional, solo nos queda un brote de esperanza con las acciones que llevan adelante las ciudades y una ciudadanía responsable... mientras seguimos esperando el hidrógeno verde.
