El abogado argentino Luis Moreno Ocampo, especialista en derecho internacional, primer fiscal de la Corte Penal Internacional (2003-2012) y fiscal adjunto del Juicio a las Juntas en Argentina en 1985, movió el candelero de la política internacional el 7 de julio pasado aseverando que hay un genocidio en curso contra la población armenia y nativa de Nagorno Karabaj, también conocido por Artsaj, por parte de Azerbaiyán.
“El bloqueo del Corredor de Lachin por parte de las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán que impide el acceso a alimentos, suministros médicos y otros elementos esenciales debe considerarse un genocidio en virtud del artículo II, (c) de la Convención sobre Genocidio: ‘Imponer deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física’. No hay crematorios y no hay ataques con machetes. El hambre es el arma invisible del genocidio. Sin un cambio dramático inmediato, este grupo de armenios será destruido en unas pocas semanas”, se lee en el informe de Moreno Ocampo.
Efectivamente, desde el 12 de diciembre de 2022 las autoridades de Azerbaiyán mantienen cerrada la única vía de comunicación entre la República de Artsaj y la República de Armenia aislando totalmente a los 120 mil habitantes, entre ellos 30 mil niños, 20 mil ancianos, 9 mil personas con discapacidad y 2 mil mujeres embarazadas. No hay otro tipo de enlace con el exterior más que dicha carretera. Algunos medios lo graficaron como un verdadero “cordón umbilical”.
La situación se agravó más aún cuando el 15 de junio Azerbaiyán prohibió la entrada de la escasa ayuda humanitaria entregada con cuentagotas por las tropas de paz rusas y el Comité Internacional de la Cruz Roja y bloqueó totalmente el paso por el mencionado corredor. El bloqueo es total. No entra ni sale nada ni nadie.
A lo largo de los últimos ocho meses de bloqueo hubo cortes deliberados por parte de Bakú en el suministro de electricidad y gas, en especial, durante los meses del duro invierno de aquella región. Debido a la escasez de medicamentos, de alimentos, de combustible y al estrés continuo por las complicaciones que acarrea la situación, varios indicadores de muerte y morbilidad aumentaron considerablemente habiéndose producido la primera muerte por desnutrición crónica de una persona de 40 años. El 26 de julio, Azerbaiyán impidió que un convoy de una veintena de camiones con 400 toneladas de ayuda humanitaria fuera entregado a Artsaj.
“Existe una base razonable para creer que el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev tiene intenciones genocidas: bloqueó a sabiendas voluntariamente el Corredor de Lachin incluso después de haber sido notificado sobre las consecuencias de sus acciones por las órdenes provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, agrega el exfiscal. La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y el 22 de febrero determinó que Azerbaiyán debe tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la libre circulación de personas, vehículos y carga a lo largo del Corredor de Lachin en ambas direcciones. El fallo fue reafirmado por el órgano el 6 de julio, pero Bakú hizo caso omiso.
Nada parece presionar al déspota Aliyev quien, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, firmó importantes acuerdos de venta de gas a Europa y logró sustituir la dependencia rusa por la azerbaiyana. Quizás ese sea el motivo de la tibia reacción de la comunidad internacional ante tantos atropellos.
Ante el deterioro de la situación humanitaria en Nagorno Karabaj, Armenia convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que se realizó el miércoles 16 de agosto. Salvo la propia Azerbaiyán, Turquía y algunos Estados que están bajo su órbita, el resto de los miembros hicieron llamados para abrir el corredor, pero no hubo mención de sanciones a diferencia de lo que sucede en otros casos.
Es innegable que Aliyev está utilizando el bloqueo como arma y medio para presionar a la población de Nagorno Karabaj para obligarlos a abandonar Artsaj y despoblarla de armenios, o quedarse y morirse de hambre, o bien, ser considerados ciudadanos de Azerbaiyán y vivir como esclavos. Ante esa disyuntiva la Asamblea Nacional de Nagorno Karabaj fue contundente en varias oportunidades: “Jamás formaremos parte de Azerbaiyán”. La afirmación fue respaldada en diversas manifestaciones populares con la mayoría de los habitantes en las calles. Es obvio, la solución no puede estar en manos de los verdugos.
Sin embargo, el problema no es solamente humanitario, no es solo una cuestión de alimentos y de atención médica. Tampoco son las lágrimas de una madre que no puede explicarles a sus hijos por qué hacen cuatro o cinco horas de filas para conseguir pan y muchas veces vuelven con las manos vacías; niños que no entienden por qué no hay comida, ni dulces, ni por qué no van a clases. El tema es político, y la solución está en el reconocimiento de su independencia.
Paradójicamente Azerbaiyán, que apareció en el mapa internacional por primera vez en 1918, reclama como propio este territorio milenario de armenios denominado Artsaj cedido por Joseph Stalin a la RSS de Azerbaiyán en 1921 en un contexto de cooperación soviético-turca y que se constituyó como una Región Autónoma desde ese momento.
Artsaj hizo reiterados pedidos de reconocimiento internacional basado en el principio de secesión correctiva y de todas las normas del derecho internacional. Su población ejerció el derecho a la libre determinación en 1991, ratificado por un referéndum sin violar la integridad territorial de Azerbaiyán ni las disposiciones pertinentes de la Constitución de la URSS, según la cual las repúblicas autónomas tenían derecho a decidir de forma independiente la cuestión de su condición jurídica estatal.
Hoy Artsaj es un gran campo de concentración moderno, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. A esta altura de los hechos, el inicio del proceso de reconocimiento internacional de su independencia es un requerimiento imprescindible para prevenir mayores daños a los ya causados por el genocidio en curso.
Tras una guerra atroz iniciada en plena pandemia por Azerbaiyán en septiembre de 2020 en la que el 75% del territorio de Artsaj fue invadido, 30 mil ciudadanos fueron desplazados, más el asedio y la provocación constante a los pobladores que permanecieron en su tierra, el derecho a la autodeterminación de los armenios de esta pequeña república es un imperativo y no debe estar sujeto a cuestionamientos ni negociaciones.
*Director del Diario Armenia.
