Ahora que ya sabemos que los discursos libertarios y las revoluciones ultraliberales anidan no solo en la política sino también (¿fundamentalmente?) en la Justicia; ahora que nos ha quedado claro que para algunos empresarios una simple y necesaria Ley de Góndolas implica instaurar poco menos que el comunismo a lo Marx (cito casi textual a un empresario en la pasada reunión de AEA) va siendo hora de recordar/precisar/debatir sobre ciertos términos fundamentales para construir una sociedad más justa. Sí, hablemos de necesidades y de derechos. Además, cómo no hacerlo en un país –y hablo de sociedades no solo de gobiernos– que supo cosechar durante décadas niveles aberrantes de pobreza.
Contrariamente a lo que se ha escuchado en los últimos días, tanto aquí como allende nuestras fronteras, el enfoque de las necesidades básicas puede y debe ser un aliado de la Justicia en tanto establece las condiciones mínimas necesarias para asegurar la calidad de vida en las sociedades contemporáneas. Dichas necesidades básicas por supuesto varían en tiempo y espacio, sin embargo, no lo hacen tanto y es posible distinguir un corazón común de necesidades prioritarias que pueden ser pensadas como históricamente universales: necesidad de cobijo, de alimento, de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, de pertenencia, de afecto.
¿Se puede ser libre en una sociedad que no es capaz de cubrir o resolver estas carencias?, ¿cómo definir proyectos de vida sin una base material mínima garantizada? La satisfacción de estas necesidades es una condición de la libertad y no al revés, y lo que convierte a una necesidad en un derecho es justamente su contribución a la igualdad. Es importante remarcar esto pues hablamos desde una cierta concepción de la justicia social que se nutre tanto de la libertad para emprender proyectos individuales, como de la igualdad y de la solidaridad.
Este último término resulta clave y suele ser bastante olvidado. El sistema de solidaridad que los Estados modernos y desarrollados han definido se materializa en el pago de impuestos y en su redistribución a través de las políticas públicas complejas, integrales, eficaces, eficientes, también equitativas. Sin esta redistribución de recursos es imposible pensar en una sociedad que priorice el bienestar de los grupos más vulnerables para alcanzar niveles de igualdad moralmente aceptables.
En este sentido, la evasión y elusión es un dilema que pocos quieren ver en la Argentina y que cuando el Estado emprende acciones de reducción y control prontamente es tildado de autoritario, abusivo, excesivo. Tal como lo han señalado algunos autores, (Dondo y Serrano Mansilla), en el país se deja de pagar el equivalente a un 2,74 % del PBI gracias a diversas triquiñuelas más y menos legales. Esta misma fotografía ha sido observada en toda la Región, donde tal como se señala en el Panorama Fiscal de América Latina 2020 y se repite en el recientemente publicado del 2022 “es importante remarcar que una de las principales barreras para una mayor movilización de recursos internos en la región es el elevado nivel de evasión fiscal”. Y no vale concluir que dicha práctica obedece a la enorme presión fiscal que ejerce el
Estado en sus distintos niveles. Según datos del 2020, la misma representaba el 21,9% del PBI contra un 33,5% promedio en los países miembros de la OCDE. Y en Argentina, para el mismo año, un 29,4%. Y han sido esos Estados los que tuvieron que salir a hacer frente con mayor y menor destreza los efectos de la pandemia. Vale la pena recordarlo: Argentina se ubicó en el 6º lugar de importancia en su esfuerzo fiscal por paliar la pandemia (representado en un 3,9% del PBI), mientras que Chile, hasta hace poco con un gobierno liberal, dedicó el 5,7% ubicándose en el 2º lugar.
Dicho de otra manera: sería bueno comenzar a preguntarnos qué desigualdades somos capaces de soportar, una simple mirada alrededor nuestro indicaría que muchas, qué razones son aceptables a la hora justificar algunas de estas desigualdades y cuáles no lo son. No sorprendería nada la respuesta de ciertos sectores.
En definitiva, si no conectáramos necesidades con derechos pronto nos convertiríamos en un país sin futuro. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.
*Investigadora Undav/UNQ/Unpaz.
