Casi todos hemos visto lo que sucede al intentar mezclar agua y aceite: por más que se intente, no se unen. La explicación está en su distinta naturaleza o, mejor dicho, en su diferente polaridad y densidad. Las moléculas de agua son polares (como un imán), mientras que las de aceite son apolares (neutras).
Algo semejante ocurre con el proyecto de ley 4494-D-2025 del diputado Ricardo López Murphy, que propone unificar en un solo fuero “comercial-laboral” dos materias que, por su esencia, son irreconciliables.
El Derecho del Trabajo no es una simple rama más del derecho privado. Su razón de ser es proteger al trabajador, la parte más débil de la relación laboral. Esa función protectora —llamada principio tuitivo— no surge de un capricho corporativo, sino de la propia Constitución Nacional (art. 14 bis), de los tratados internacionales de derechos humanos y de los convenios de la OIT con jerarquía supralegal desde 1994.
La Corte Suprema ha ratificado este rol en fallos fundamentales. En “Vizzoti c. AMSA” (Fallos 327:3677) recordó que el trabajador es un “sujeto de preferente tutela constitucional”.
En “Aquino c. Cargo Servicios Industriales” (Fallos 327:3753) declaró la inconstitucionalidad de un régimen que limitaba la reparación por accidentes laborales, precisamente porque desamparaba al trabajador. Estos precedentes muestran con claridad que el derecho laboral no puede confundirse con lógicas mercantiles o comerciales.
La unificación que se propone diluiría esta especificidad. El razonamiento mercantil, guiado por la lógica del equilibrio contractual y la eficiencia de los negocios, es incompatible con la finalidad protectoria del derecho laboral. No se trata de oponerse a la modernización de la justicia, sino de advertir que mezclar materias tan disímiles equivale a perder lo mejor de ambas. Tampoco es cierto que hoy existan conflictos de competencia relevantes entre los fueros laboral y comercial. La práctica judicial demuestra lo contrario: los incidentes son excepcionales y no justifican semejante reforma. Se construye así un diagnóstico equivocado para promover una solución que, en realidad, agravará los problemas.
El derecho comparado avanza en sentido inverso: hacia la especialización de los jueces. La complejidad del derecho laboral actual —tercerización, subcontratación, riesgos del trabajo, nuevas formas de empleo digital— exige magistrados formados en profundidad. Pretender que un mismo juez resuelva quiebras empresariales y, al mismo tiempo, casos de discriminación laboral, es desconocer la necesidad de conocimiento técnico que garantiza calidad y justicia en las decisiones.
Además, el proyecto no explica cómo la unificación mejoraría el servicio judicial. Por el contrario, lo que cabe esperar es la sobrecarga de juzgados con materias que los jueces no dominan, con más demoras y menor calidad en las resoluciones.
¿Por qué un magistrado que hoy resuelve menos causas en una materia que conoce pasaría a ser más eficiente con más expedientes y sobre temas ajenos a su formación?
La pregunta clave: ¿qué pasará con los 80 juzgados laborales actuales? ¿Se convertirán en juzgados comerciales? ¿Se reasignarán recursos sin garantizar continuidad? El vacío del proyecto deja al sistema en un limbo operativo que impacta directamente sobre trabajadores y empresas. Esa omisión no es menor: es un riesgo que el Derecho no puede permitirse.
Tampoco contempla este proyecto de ley la autonomía de la CABA que tiene rango constitucional desde 1994 (art. 129 CN). Sabemos que el traspaso de las justicia se encuentra muy demorado, habiéndose avanzado solamente en algunas competencias correccionales. Aun así, el Ministerio de Justicia creó en abril de 2025 una comisión para avanzar en la transferencia, evaluando aspectos normativos, presupuestarios y funcionales.
Y en ese camino debe contemplarse el proyecto que la CABA ha sancionado en diciembre de 2024, la ley 6789, creando un fuero laboral porteño con códigos propios, diez juzgados y cámara de apelaciones. Si bien está pendiente de ser operativo por una medida cautelar dictada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, posiblemente la Corte Suprema habrá de revocarla dándole plena vigencia a este fuero de la Ciudad.
Es que la Corte Suprema también avanzó en el mismo sentido mediante el fallo “Levinas” al otorgarle al Tribunal Superior de Justicia porteño facultades revisoras sobre fallos nacionales dictados por juzgados con asiento en la Ciudad.
Entonces lo realmente prioritario es que el Congreso sancione una ley que permita definir: qué juzgados pasan a la Ciudad, cómo se redistribuyen roles, cómo se asegura presupuesto, y cómo se enmarcan los derechos laborales y comerciales bajo un sistema claro y legítimo.
Cuál sería el escenario ideal para unir los fueros laboral y comercial
Si se pensase en los ciudadanos que deben contar con un eficiente servicio de justicia y en aquellos que pagan con sus impuestos el mantenimiento de una justicia nacional y otra local, el escenario ideal sería:
• Desistir de los nombramientos de jueces en aquellos juzgados que tengan vacancias y distribuir el personal de estos juzgados, dándole prioridad a un traspaso voluntario a la CABA para formar parte de los nuevos fueros locales del trabajo; civil y comercial y, de familia.
• Mantener algunos de los juzgados actuales, especializados en lo laboral y lo comercial, diseñando un fuero especializado nacional que atienda conflictos colectivos laborales (sindicatos, convenios, huelgas) y otro paraprocesos concursales y quiebras, especialmente relevantes por tratarse de empresas con sede en CABA pero con operaciones en provincias.
• Transferir el resto de las competencias a la Ciudad, fortaleciendo su justicia local con recursos, formación y autonomía.
Ese modelo preserva la especialidad, garantiza calidad técnica y responde al federalismo constitucional.
Proponer unificar los fueros laboral y comercial sin resolver antes una cuestión constitucionalmente central —el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad— es un acto institucional irresponsable. Es construir sobre terreno inestable, sin fundamentos claros y con contradicciones operativas graves.
La prioridad no es empujar una reforma estructural sin piso, sino completar el proceso iniciado hace tres décadas: darle a la CABA el sistema judicial pleno que le corresponde y, desde ahí, debatir si ciertos aspectos deberían integrarse o mantenerse especializados.
El verdadero desafío de modernizar la justicia es ordenar lo pendiente, no imponer bricolages con consecuencias imprevisibles.
Por todo ello, la unificación de los fueros laboral y comercial no es una solución, sino un retroceso. Lo que necesita la justicia argentina no es diluir especialidades, sino fortalecerlas, dándoles recursos, personal y tecnología que les permitan cumplir con eficacia la función que les corresponde.
Ya lo dijo Jacques Maritain en su libro “Los grados del saber” hace sesenta años: “Distinguir para unir”. La verdadera unidad no se logra borrando diferencias, sino reconociéndolas y articulándolas. Solo distinguiendo al derecho laboral del comercial podremos lograr una justicia más armónica y efectiva. Pretender unirlos sin respetar sus naturalezas distintas no generará más justicia, sino más confusión. Y en esa confusión, quienes inevitablemente perderán serán los ciudadanos.
