“Nosotros queremos mejorar el acceso de las vacunas, porque por ahí decir ‘patentes’ es como demasiado fuerte para todo el resto del mundo, porque es una consigna de la constelación que ninguno transgrede, ni siquiera Rusia y China”, respondía a nuestro planteo el ex ministro Ginés González García el pasado 4 de febrero en una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Era toda una ratificación de la orientación que sostuvo el gobierno de Alberto Fernández con el tema vacunas desde que se comenzó a hablar de ellas: una lisa y llana aceptación y adaptación a que un puñado de laboratorios manejen según sus conveniencias económicas la producción, venta y distribución de las vacunas en todo el planeta.
Ya el 7 de octubre, cuando el Frente de Todos con la anuencia de una aplastante mayoría de votos de los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio votaban una escandalosa ley a medida de la exigencia de los laboratorios, recordábamos en el recinto de la Cámara de Diputados cómo Jonas Salk le respondía en 1950 a un periodista que le preguntaba si iba a patentar la revolucionaria vacuna contra la poliomielitis que azotaba por ese entonces a todo el globo. “De ninguna manera, sería como querer patentar el sol”, respondió el científico norteamericano. Setenta años después tanto el gobierno nacional como la oposición derechista de JxC considera “natural” que diez corporaciones decidan la suerte de la humanidad. Por el contrario, nuestro planteo es claro y así se lo hacíamos saber al ex ministro: Argentina debe romper unilateralmente con el “corsé” de las patentes y derechos de propiedad intelectual de la vacunas y medicamentos contra el Covid y poner todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios para producirlas en el país. Porque nuestras vidas valen más que las ganancias de las farmacéuticas.
Pocos saben que en la Argentina ya se produjo y se exportó el equivalente a 40 millones de dosis de una vacuna que con una aplicación se redujo el 88% de hospitalizaciones el Reino Unido
En este marco se da la estafa criminal encabezada por la multinacional AstraZeneca y sus laderos, el mexicano Carlos Slim y el argentino Hugo Sigman. Todos los días nos enteramos que alrededor de 500 personas mueren en el país por el coronavirus. Pero pocos saben que en la Argentina, a 38 kilómetros de la Casa Rosada, ya se produjo y se exportó el equivalente a 40 millones de dosis de una vacuna que según acaba de publicar la revista Lancet demostró que con una aplicación se redujo el 88% de hospitalizaciones en el Reino Unido. Poco sabemos del contrato que firmó el gobierno con AstraZeneca, porque el gobierno lo oculta deliberadamente. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud tuvieron que reconocer que la Argentina ya pagó en agosto del año pasado el 60% de 22 millones de vacunas. No vino ninguna. Y el gobierno solo observa el fraude.
A Sigman y al gobierno se les cayó la mentira de que el fraccionamiento y envasado de la vacuna no podían hacerse en el país
Presentamos un proyecto de ley para que se suspenda en forma inmediata la exportación de ese principio activo y se declarare de utilidad pública el laboratorio de Hugo Sigman situado en Garín. Numerosos científicos y profesionales afirman que esas vacunas se pueden envasar en nuestro país. A Sigman y al gobierno se les cayó la mentira de que el fraccionamiento y envasado de la vacuna no podían hacerse en el país, ya que eso es lo que va hacer el laboratorio Richmond con la Sputnik V.
Hay capacidad para hacerlo, junto con el uso de toda la capacidad técnica-científica del país y la inversión que sea necesaria en los laboratorios públicos, la declaración de utilidad pública de los laboratorios privados que puedan producir insumos, para poder acceder de manera masiva a la vacuna, privilegiando la salud pública y no los negocios de los amigos del poder de turno. Varias de estas medidas se las planteamos al Presidente hace más de un año, el 17 de marzo del año pasado, antes del primer ASPO, cuando recibió a los presidentes de bloques del Congreso. Pero no nos escucharon y hoy estamos pagando las consecuencias.
*Diputado nacional FIT.
