El ex fiscal federal Benito Pont era un hombre que gozaba de muy buena salud en Paso de los Libres. Respetado, poderoso e influyente. Así fue durante muchos años. No debe ser fácil denunciar a un hombre con tanto peso en la Justicia. Y con tantos contactos. Tanto poder tenía Pont que recién en el año 2015 una mujer se animó a desenmascararlo, aunque por temor a sufrir algún tipo de represalia prefirió que su nombre quedara en reserva.
El dato que sirvió como puntapié para la apertura de una causa judicial contra una red de trata de personas que captaba y explotaba a menores en distintos prostíbulos de la zona llegó por la Línea 145 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La denunciante anónima manejaba información clasificada: reveló que había chicas de 15 años trabajando en el lugar y que los encargados de manejarlo se enteraban con anticipación de los allanamientos que a menudo realizaba la Policía. También sabía quién era la persona que los estaba protegiendo: el fiscal federal de Paso de los Libres.
Acorralado, Pont renunció a su cargo. Según describen los testigos, el ex fiscal era un tipo prepotente, autoritario. Emilio Lencina, jefe de la Unidad de Investigaciones de la Unidad Regional 4 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), relató el 6 de mayo pasado un violento episodio que sufrió uno de sus oficiales. “Che, me agarró Benito Pont, me encerró en su oficina y me pegó una apretada bárbara. Y me dijo: ‘Decile a Velázquez que se deje de joder con la causa de Aguirre, que es amigo mío. Métanse ustedes con los avioncitos en el aeropuerto’”, fue la amenaza clara que recibió, según consta en la causa judicial.
Amigos y socios. Ricardo Aguirre es un ex socio comercial e íntimo amigo de Pont. Para los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, junto a Miriam Benítez, de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, y Carlos Schaefer, fiscal federal de Cámara de Corrientes, sería el líder de la organización.
En el pedido de procesamiento contra el ex funcionario judicial y otros 17 imputados entendieron que “Aguirre aseguró su impunidad ante la justicia federal de Paso de los Libres a partir de su influencia con Pont y José María Viero, quien tenía autoridad en la ciudad en virtud de su alto rango en la Gendarmería –comandante mayor retirado– e influencia política en razón de los destinos de gran relevancia en los que trabajó, como la Dirección de Inteligencia de esa fuerza o la casa de gobierno nacional como custodio presidencial”.
Viero es otro personaje central en la causa; no sólo por tratarse de un efectivo de alto rango sino porque es cuñado de Pont. Rosana Rodríguez fue señalada como una de las mujeres que administraba uno de los prostíbulos. Ella también tenía vínculos con personajes influyentes: está casada con Pedro Sánchez, ex miembro de Gendarmería Nacional, conocido como “el Comandante”.
Para los investigadores, Pont, Aguirre, Viero, Sánchez y Rodríguez formaban “parte de una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual”.
De acuerdo con el pedido de procesamiento, al que tuvo acceso PERFIL, Pont “prestó una colaboración en la trata y explotación de al menos doce mujeres identificadas en la causa, desde una fecha incierta, aunque puede afirmarse que de manera ininterrumpida y en las mismas condiciones al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero del año 2016 en el caso de Roxi y el hotel Momentos”.
Los fiscales destacaron que “debe reprochársele no haberse excusado de intervenir en al menos cinco expedientes” e “imputársele haberse excusado mediante un dictamen carente de la fundamentación exigida por la normativa vigente”.
Además, entendieron que retardó “deliberadamente las investigaciones bajo su instrucción que tuvieron por objeto los prostíbulos explotados por esta organización criminal pese a las pruebas que apremiaban la adopción de medidas de corte jurisdiccional urgentes”.
El caso del intendente que será enjuiciado
Las grandes organizaciones de trata de personas, como en la que aparece vinculado el ex fiscal Benito Pont, funcionan, crecen y ganan poder con la complicidad del poder político, judicial y policial. La protección es tan importante como los clientes que fomentan este círculo.
Existen varios antecedentes en nuestro país. El más reciente es el caso del intendente pampeano Jorge Luis Cabak, jefe comunal de la localidad de Macachín desde el año 2003, que esta semana fue acusado por una fiscal federal por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor”.
Según Adriana Zapico el intendente y el ex comisario del pueblo Hugo Mario Iglesias protegían el funcionamiento del cabaret La Chicho Show, donde una banda (que tenía cabarets también en la provincia de Buenos Aires) explotaba a las mujeres reclutadas. Los hechos investigados ocurrieron entre enero de 2006 y agosto de 2011.
No pueden justificar el ingresos de $ 22 millones
Los fiscales que investigan esta red de trata de personas que captaba y explotaba menores para explotarlas sexualmente recibieron un informe contable que indica que tres de los principales imputados en la causa tuvieron ingresos por más de 22 millones de pesos en un plazo de seis años.
“En el Legajo 5 de la Causa 7789/15, surge que de la totalidad de la suma dineraria ingresada a sus patrimonios entre los años 2010 y 2016, $ 22.345.678,55 es el monto estimado que no tendría origen en actividades lícitas y declaradas ante la AFIP, y que consecuentemente podrían provenir de la actividad investigada”, se indica en el pedido de procesamiento.
Por esa razón, los fiscales intervinientes pidieron que “se decrete el embargo preventivo de bienes de Ricardo y María Clelia Espada (una de las encargadas de los prostíbulos) hasta alcanzar la suma total de $22.345.678 pesos”.
La misma medida, aunque por una suma mucho menor, pidieron contra el ex fiscal Benito Antonio Pont, su cuñado José María Viero y otros seis imputados en la causa. Según el dictamen, solicitaron que se decrete el embargo preventivo de bienes, a fin de asegurar el decomiso de los instrumentos y productos del delito, por una suma total de 500 mil pesos.
Los fiscales pretenden que ese dinero sea destinado a la reparación de todas las víctimas de esta causa.
