El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional de la Ciudad de Buenos Aires, que dictó la falta de mérito y ordenó la liberación del ex jefe policial de la Federal en la Ciudad, Guillermo Calviño, puede repercutir en la situación de José Potocar y Susana Aveni, procesados por integrar una “asociación ilícita” que cobraba coimas a comerciantes y “trapitos” a cambio de protección en los barrios de Núñez y Saavedra.
La resolución de los jueces que componen la Sala B de feria –Marcelo Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano Scotto (quien votó en disidencia)– critica la investigación del fiscal José María Campagnoli y del juez Ricardo Farías.
Los camaritas aseguran que no hay elementos en la causa que ameriten el procesamiento del policía y dan valor indiciario –y no probatorio– al cuaderno con anotaciones de supuestos cobros de coimas en el que aparecen las siglas de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM), secuestrado en la Comisaría 35a.
En ese sentido, llaman la atención sobre la ausencia de medidas de prueba que debieron haberse hecho con anterioridad a las detenciones: “Ha transcurrido más de un año desde el inicio de la investigación, por la que existen personas detenidas, sin que se hubieran incorporado las pruebas urgidas por esta Alzada en las anteriores intervenciones a partir de aquellas que se estimaron pendientes por el señor Fiscal General en su oportunidad, entre ellas las declaraciones de los comerciantes que supuestamente fueron víctimas de exacciones ilegales y los relevamientos del material informático y de telefonía secuestrado, cabe compeler por última vez su realización, pues no se explica la demora en su materialización”.
“Basta advertir –reiteran– que, pese a lo que la Sala VII ordenara en anteriores intervenciones, inexplicablemente aún no se ha recibido declaración de los propietarios o responsables de los más de treinta locales supuestamente afectados. Ni urgido el estudio de las pericias dispuestas en relación a las computadoras incautadas o relevado el resultado del análisis de entrecruzamientos de llamados telefónicos, que particularmente en el caso analizado permitiría verificar o desechar la existencia de llamadas entre Calviño y Villarreal, sospechosas de una relación distinta a la estrictamente funcional”.
Al mismo tiempo, señalan que ni los testigos ni los imputados mencionaron en sus declaraciones que Calviño haya recibido coimas cuando estuvo a cargo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana.
Calviño había sido procesado el 5 de julio por el juez de instrucción Ricardo Farías, quien además le había trabado un embargo por $ 600 mil luego de que ordenara su detención, el 16 de junio.
