La toma de tierras en el barrio porteño de Villa Lugano cumplirá una semana el lunes, en medio de un nuevo allanamiento en busca de organizadores y las disputas entre el gobierno de la ciudad y el nacional a la espera de que la justicia defina si se desaloja el predio.
En tanto, fuentes judiciales señalaron que agentes de la Policía Metropolita allanaron este domingo cinco domicilios por orden de la justicia en el marco de la identificación de los principales organizadores de la toma.
En los operativos, realizados en oficinas y viviendas particulares los policías se incautaron de "gran cantidad de documentación y soportes informáticos" que acreditarían la intervención de distintas personas "en la comercialización de terrenos" en asentamientos cercanos.
En la pesquisa que dirigen los fiscales Gabriel Unrein, Carlos Fel Rolero, Martín López Zavaleta y Jorge Ponce intentan determinar si un grupo de familias organizadas en torno a las villas cercanas utilizan a "personas carenciadas para ocupar terrenos que luego se comercializan por otros medios", indicó la fiscalía.
Sobre el pastizal ubicado en el cruce de avenida Fernández de la Cruz y calles Pola y Escalada se afianzó este fin de semana la ocupación con la construcción de casillas, enganches en las redes de electricidad y la colocación de carpas y sillas donde durante el día conviven varias familias con niños. La zona era apenas custodiada a la distancia por algunos móviles policiales.
En tanto, las autoridades y los dirigentes barriales que acompañan la ocupación esperaban que en los próximos días la justicia defina la situación dado que restaba resolver un amparo presentado en nombre de los ocupantes para que luego se decida si amerita un desalojo como el que ordenó el viernes el juez Gabriel Vega, quien finalmente lo suspendió.
El caso además escaló alto en la polémica relación entre el gobierno nacional y el de la Ciudad, luego de que la presidenta Cristina Fernández mencionó la situación el sábado en su mensaje ante la asamblea legislativa y reclamó una "justicia ágil" para resolver el problema.
La jefa de estado reveló haber hablado con Mauricio Macri por el tema, ante los planteos de la ciudad por falta de colaboración de la Policía Federal, y señaló: "Convinimos que si el fiscal hubiera estado en el momento indicado, había 10 o 12 personas, hubiera sido posible el desalojo sin hacer ningún desastre".
En medio, la Fiscalía General de la Ciudad salió a contestarle al secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, quien ayer había pedido "que renuncie" el fiscal de Cámara Gabriel Unrein, a cargo del caso, porque daba clases en la escuela de formación de la Policía Metropolitana.
Ayer, Berni dijo a C5N que "después del desastre que hicieron con el operativo, la verdad que debería renunciar como fiscal y como director de la Metropolitana" y apuntó que Unrein "además de ser fiscal es empleado del gobierno de la Ciudad y cobra del gobierno".
Ante ello, la Fiscalía señaló en un comunicado que "Unrein ejerce en el Instituto Superior de Seguridad Pública actividades académicas vinculadas a la docencia (director de Docencia y Contenidos), en iguales circunstancias que otros jueces y fiscales locales, nacionales y federales". Esa actividad académica, añadió la Fiscalía, "es la única que los magistrados pueden ejercer sin ningún inconveniente y, en éste caso particular, cuenta con expresa autorización por resolución del Fiscal General" de la Ciudad.
