Ocho imputados, entre ellos la mujer y la abogada de un preso, comenzaron a ser juzgados como acusados de tirotearse con cuatro policías y dejar parapléjica a una oficial, al atacar en 2018 la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo con intenciones de liberar a un detenido, en una audiencia en la que las defensas pidieron declarar nula la acusación fiscal, aunque el tribunal lo rechazó.
El juicio se inició con los lineamientos de la acusación del fiscal Speranza Rossi, quien en base al requerimiento de elevación a juicio formulado por su colega Alejandra Núñez, adelantó por qué delitos iba a pedir condena para los acusados.
La carátula leída fue “homicidio agravado en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los que concurren idealmente con el de evasión en grado de tentativa”.
El abogado Fernando Sicilia, defensor de uno de los acusados, fue quien en los lineamientos iniciales formuló un planteo de nulidad para el requerimiento de elevación a juicio, al argumentar que no estaban diferenciados los diversos roles que cumplió cada uno de los imputados y que a todos los acusaban de todas las etapas del hecho.
Para Sicilia, no es admisible que según la fiscalía, “las seis personas manejaron el auto, las seis dispararon y las seis hicieron de campana”.
Otros tres defensores adhirieron a este planteo, razón por la cual, tras un cuarto intermedio de una hora que se originó por una falla en la señal de Wifi de la cárcel de General Alvear, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza resolvió rechazarlo y continuar con el debate.
Los dos principales acusados y señalados como los organizadores del golpe son Leandro David Aranda (25), el preso al que intentaron rescatar y quien siguió el debate desde la Unidad 30; y su mujer, Zahira Ludmila Bustamante (22), quien estaba conectada desde una sala de la Unidad 46 de San Martín.
Aranda estaba preso desde 2017 como acusado de haber cometido un crimen narco en una villa de La Matanza.
Por su parte, la por entonces abogada de Aranda, Leticia Analía Tortosa (41) –y quien siguió el debate desde un anexo de la Unidad 46–, está acusada de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a su defendido el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se comunicó con la banda para planificar el hecho.
