“Los malos policías quedarán en el camino. Ustedes son el futuro para enterrar a la Bonaerense y volver a ser la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. La arenga del ministro de Seguridad Alejandro Granados, en el inicio del ciclo lectivo de la Escuela de Policía de Ezeiza, no fue espontánea. La frase salió de su boca el martes pasado y fue alimentada con los últimos cimbronazos que recibió la fuerza más numerosa del país, con la detención de al menos 17 uniformados en quince días, entre ellos varios efectivos de alto rango.
Granados se arrogó el papel de motivador. Y habló como si fuera un entrenador de fútbol: “Queremos efectivos honestos que trabajen y transpiren la camiseta”, espetó en el mismo acto. Desde que dejó el sillón de la Municipalidad de Ezeiza para hacerse cargo del ministerio más caliente de la Provincia, en septiembre de 2013, 183 policías fueron expulsados de la fuerza por casos de corrupción, gatillo fácil, maltrato familiar o abuso sexual, entre otros delitos. Según datos de la Auditoría General de Asuntos Internos –a los que tuvo acceso PERFIL–, en poco menos de un año hubo 56 exoneraciones y 127 cesantías. En ambos casos el personal dado de baja no podrá ser reincorporado.
“La exoneración es la sanción mayor que se puede dictar a un policía, y difiere con la cesantía en cuanto a que la primera es la única sanción que se le puede aplicar a un efectivo que se encuentra en situación de retiro activo”, explicaron desde el ministerio. Los policías que reciban estas sanciones pueden volver a la administración pública después de un determinado período –un año o cinco–, pero nunca más podrán reingresar a la fuerza.
El número de expulsados es sorprendentemente alto y hasta comparable con la última gestión de León Arslanian, el ministro que realizó la purga más importante en sus dos gestiones. En su último paso, entre los años 2004 y 2006, desplazó a más de 2 mil efectivos.
De acuerdo con los datos que maneja la cartera de seguridad, entre 2007 y 2014 hubo 1.494 cesantías y 670 exoneraciones, que suman un total de 2.164 efectivos expulsados.
Los mismos voceros destacaron a PERFIL que el número de expulsados creció 5,8% respecto de los ocho años anteriores (1999 a 2007). Según la Auditoría de Asuntos Internos, en ese período fueron sancionados 2.044 uniformados (1.515 exoneraciones y 529 cesantías).
Casos testigo. La banda de los subcomisarios, que presuntamente operaba en el radio de La Matanza, desató una fuerte crisis en la cúpula policial y dejó al descubierto que el poder recaudador de la Bonaerense sigue intacto. Siete efectivos que reportaban a la Jefatura Departamental de La Matanza fueron detenidos acusados de formar parte de una organización multifunción, sospechada por secuestros exprés, asaltos, robos de autos y hasta venta de autopartes de origen ilícito. Entre los cuatro presuntos integrantes civiles que fueron apresados sobresale un ex integrante de la Bonaerense que fue exonerado de la fuerza.
Hugo Salas, uno de los tres subcomisarios investigados por asociación ilícita, extorsión y falsificación ideológica, llevaba una vida que no se condice con el sueldo de un policía de ese rango, que promedia los 15 mil pesos: tiene una ostentosa casa de tres plantas sobre la calle Carlos Casares, en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. El ex jefe de la comisaría de Virrey del Pino poseía una flota de vehículos valuada en un millón de pesos (una camioneta 4x4, un cuatriciclo y un VW Vento) y un poder de ahorro superior a la media: en su domicilio guardaba 200 mil pesos en una caja fuerte.
Los otros diez policías detenidos en las últimas semanas fueron acusados como coautores del homicidio de Pedro Viale, alias “Lauchón”, el espía de la Secretaría de Inteligencia (SI) que fue acribillado en su casa de Moreno en julio de 2013. Entre los apresados figuran un comisario mayor y un inspector, y dos agentes del Grupo Halcón. Las detenciones se ordenaron el sábado 30 de agosto, una señal de la rigurosidad de la Justicia con los efectivos que se salen de la raya.
Marcos Paz, el penal de los ex agentes
El complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz no sólo aloja a los condenados por delitos de lesa humanidad, sino que también es el refugio de los 68 ex policías bonaerenses que están detenidos en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En lo que va del año ingresaron 27 miembros de la fuerza más numerosa del país. Según pudo saber PERFIL, diez están presos acusados por infracción a la Ley de Drogas (23.737), ocho por averiguación de ilícito, tres por secuestro extorsivo, dos por robo, uno por encubrimiento, uno por hurto agravado, uno por estafa y uno por homicidio en ocasión de robo.
La cantidad de efectivos detenidos creció un 33% respecto del registro del año anterior. En 2013 fueron apresados 18 policías bonaerenses. Cabe destacar que en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) está alojada la mayoría de los efectivos presos en la actualidad. PERFIL elevó un pedido al Ministerio de Justicia bonaerense pero el mismo no fue autorizado.
