A treinta meses del secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, de 11 años, el nuevo fiscal de la causa, Mario Ferrario, pidió elevar la causa a juicio. En una extensa requisitoria, el fiscal da por acreditado que Candela fue secuestrada y asesinada por Hugo Bermudez, Leonardo Jara y Fabián Gómez entre el 29 y 30 de agosto de 2011. También pidió que se juzgue a Gladys Cabrera, la dueña de la “casa rosa” donde habría permanecido cautiva la boy scout, y a su cuidador, Néstor Altamirano.
Los cinco fueron considerados “coautores del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte”. Ferrario también delineó un móvil: “Lo que motivó este luctuoso suceso fue una venganza en contra de Alfredo Omar Rodríguez, padre de la menor, por parte de una organización que se dedicaba al robo de mercadería en tránsito, comúnmente denominada ‘piratas del asfalto’, a la que el padre pertenecía”. De esta manera, el fiscal deja afuera de la causa a Héctor “Topo” Moreira, Guillermo López y a Alberto Espínola, quienes habían sido detenidos y procesados con prisión preventiva en la primera etapa de la investigación.
Pese a que una Comisión del Senado se abocó a investigar el crimen y señaló otro camino vinculado al narcotráfico de San Martín (ver aparte), el nuevo fiscal volvió sobre los pazos del desplazado Marcelo Tavolaro y valoró pruebas que habían sido desacreditadas por la Sala III de la Cámara Penal de Morón en abril de 2012, cuando ordenó liberar a todos los detenidos, entre ellos, los cinco que volvieron a ser acusados.
Asimismo, Ferrario cuenta con nuevos elementos de prueba: incluyó un testigo que habló frente a la Comisión, un nuevo rastro genético y cruces telefónicos que demuestran que Hugo Bermudez, Leonardo Jara y Fabián Gómez se conocían. Para el representante del Ministerio Público, los tres hombres mintieron en sus declaraciones negaron ese dato.
En el pedido de elevación a juicio, al que tuvo acceso PERFIL, se detalla la ruta que realizó la presunta banda. Según esta línea, Candela fue secuestrada el 22 de agosto, en las inmediaciones de su casa de Hurlingham, “la condujeron hasta las inmediaciones de la antena ‘La Finita’, donde la retuvieron y ocultaron hasta la madrugada del 29 de agosto”. Luego, la llevaron a la casa rosa, ubicada en Villa Tesei, donde la nena permaneció “por un corto período”. Ese mismo día, fue “trasladada al domicilio de la calle Cellini 4085” –propiedad de la suegra de Bermudez–. Allí, “previo a abusar sexualmente de la niña, una persona hasta ahora no individualizada le produjo asfixia mecánica por sofocación”. Finalmente, el cuerpo fue arrojado a un descampado.
Tanto en la casa rosa, ubicada sobre la calle Kiernan, como en la propiedad vinculada a Bermudez, los investigadores hallaron rastros de la presencia de la nena.
Para el fiscal, los roles en el secuestro estuvieron bien definidos. Fabián Gómez, un verdulero cuyas hijas asisten al mismo colegio al que iba Candela, se habría encargado de realizar una tarea de reconocimiento de la vivienda donde llevarían a la chica.
Por otro lado, Bermudez habría facilitado la casa de Cellini, donde habrían asesinado a la menor, y habría intentado limpiar rastros. Por su parte, Jara, que fue señalado como “el noviecito de Candela”, sería quien realizó la llamada extorsiva durante el secuestro, según el resultado arrojado por una pericia llevada a cabo por Gendarmería.
Una de las mayores críticas a la instrucción de Tavolaro fue la cantidad de testigos de identidad reservada que argumentaban su acusación. Ferrario, en cambio, optó por valorar un único testimonio de identidad protegida que describió el funcionamiento de la organización a la que pertenecerían los tres imputados.
Gladys Cabrera y Néstor Altamirano siguen vinculados al crimen porque “contaban con las llaves de ingreso” a la casa rosa. Aún “no se ha logrado determinar quién permitió el acceso a dicha vivienda”. Para el fiscal, corresponde dilucidar la responsabilidad de ambos en el juicio oral.
Ferrario trabajó durante meses en silencio. Ahora, le toca al juez de Garantías Gustavo Robles decidir si hace lugar al pedido.
Qué pasó con la hipótesis de los narcos y policías
En el pedido de elevación a juicio, el fiscal Mario Ferrario –al igual que su par Marcelo Tavolaro– deja de lado la hipótesis que vincula a policías y al narcotráfico de San Martín con el crimen de Candela. Esa línea de trabajo, en cambio, fue seguida de cerca por los miembros de la Comisión Especial para el Esclarecimiento del Caso Candela, en el Senado bonaerense.
Para sus integrantes, queda claro que “el móvil del asesinato de la niña está vinculado al narcotráfico”, según concluyen en el informe final, presentado en septiembre de 2012.
Las actuaciones de la policía bonaerense y de funcionarios judiciales fueron cuestionadas por la cámara alta luego de que la Justicia de Morón ordenara liberar a los ocho detenidos por el caso: Héctor Moreira, señalado por Tavolaro como el autor intelectual del crimen, Guillermo López, Alberto Espínola, Hugo Bermudez, Fabián Gómez, Leonardo Jara, Gladys Cabrera y Néstor Altamirano.
El caso Candela destapó una serie de complicidades entre efectivos policiales y bandas delictivas en San Martín. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron a PERFIL que el funcionamiento de estas organizaciones mixtas no tendría relación con el homicidio de Candela. Incluso, Carola Labrador, madre de la víctima, aseguró a la prensa en varias oportunidades que entre los detenidos estaba el asesino de su hija.
