POLICIA
Chantaje al Estado en el cobro de pasaportes y DNI

Citación masiva de comisarios de la Federal por estafa

Es por una causa iniciada en 2004 y en la que ya fueron procesadas ocho cajeras de fuerza policial. El fiscal De Georgi pidió la indagatoria de una veintena de jefes del Departamento de Identificaciones Personales.

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El fiscal federal Luis Comparatore solicitó la indagatoria de una veintena de comisarios de la Policía Federal por su presunta participación en una maniobra ilegal con el cobro de timbrado para la elaboración de pasaportes y cédulas de identidad, informaron hoy fuentes judiciales.

El fiscal solicitó las indagatorias ante el juez federal Marcelo Martínez De Georgi, ya que consideró "llamativo" que ninguno de los responsables de las distintas áreas del Departamento Identificaciones Personales de la fuerza haya detectado que se cobraran timbrados que luego no eran ingresados.

Comparatore realizó la presentación para que el juez evalúe "ampliar la imputación contra los jefes superiores jerárquicos".

El fiscal se había opuesto al cierre del sumario en el que fueron procesadas ocho cajeras de la PFA por supuesta defraudación en perjuicio del Estado, por un monto estimado en 735.723 pesos, entre marzo de 2000 y febrero de 2004.

El fiscal cree que hubo "peculado", que es la figura penal que reprime al funcionario público que sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo.

La causa se inició en 2004 a raíz de una denuncia formulada por el comisario Jorge Mario Chacoma, uno de los oficiales cuya indagatoria reclamó Comparatore.

Los otros pedidos para que declaren como imputados están dirigidos contra los jefes de distintas áreas de la PFA relacionadas con la tramitación de pasaportes, cédulas y certificados.

Según las fuentes, del sector Timbrados del Departamento de Identificaciones Personales, se solicitaron las indagatorias del suboficial mayor Luis Leonardo Lobo, el inspector Claudio Marcelo Peña, los subinspectores Pablo Masetelle, Nicolás Vega Laiun y Andrés Romero y el ayudante Hugo Machado.

Además, los investigadores dijeron que entre los jefes de la División Documentos y Certificados fueron imputados los comisarios Julio Manuel Nuñez, Carlos Oscar Calcagno, Mario Patane, Hugo Daniel Zamudio, Héctor Antonio Pereyra y Jorge Antonio Caruso.

Del Departamento Identificaciones Personales, además de Chacoma, fueron pedidas las indagatorias de los comisarios Rubén Nieto, Ernesto Oscar Saconi, Ricardo Faustino Sofandi, Daniel Carlos Barrena, Jorge Horacio Greco, Jorge Troncoso, Miguel Angel De Stefano, Gustavo Héctor Panzeri y Juan Carlos Celanar.

Las cajeras de la PFA procesadas por "defraudación por administración infiel" son Lorena Beatriz Orozco, Romina Alejandra Orozco, Mirta Isabel Noir de Benelbas, Viviana Laura Carbonelli, María Laura Thouzeau, Nancy Cartens, Silvina Angélica Pucci y María Cristina Venanzo, dijeron las fuentes judiciales.

El ilícito se habría cometido cobrando trámites de pasaportes, cédulas y certificados asentando en los respectivos formularios el timbrado que expedía la máquina de cada una de las operadoras, y luego efectuar un segundo pedido de un valor similar utilizando los tickets que no entregaban a los solicitantes del primero.

Las agentes policiales "han intervinido sin lugar a dudas en la maniobra ilícita", opinó Comparatore, para quien la elevación a juicio sería parcial sino se profundiza la investigación contra sus superiores jerárquicos.

Según el fiscal las cajeras debieron contar con la "anuencia" de sus jefes "si se considera -acotó- la estructura de la institución, dotada de sucesivos controles, el rango escalafonarios de las procesadas y el prolongado período en el que fueron detectándose las irregularidades".

El dictámen destacó que una auditoría determinó que ya en 1997 las cajeras del Sector Timbrados no entregaban a los solicitantes los comprobantes de pago correspondientes y que no se efectuaba cotejo entre la recaudación de cajas y los trámites recibidos, lo que imposibilitaba vincular los ingresos con lo realmente abonado.

Fuente: Telam