La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este jueves 2 de abril un colectivo con 62 personas, en su mayoría extranjeros, proveniente de La Quiaca debido a que estaban violando la cuarentena obligatoria. Supuestamente, estaban en viaje porque habrían sido expulsados de Jujuy, según denunció el CELS. El micro presentaba una autorización del Gobierno jujeño. Hay una gran confusión sobre la situación.
Los pasajeros eran en su mayoría ciudadanos de Venezuela y Colombia, aunque también había argentinos, brasileños y peruanos. El vehículo fue detenido en un control en Avenida General Paz y Zapiola. Según el gobierno jujeño, los pasajeros iban a sus respectivas embajadas y se generó una extraña situación ya que el Gobierno porteño no habría sido notificado al respecto. Cuando se les hizo el control de temperatura, una de las pasajeras presentó fiebre y fue trasladada a un hospital por prevención.
"Estamos haciendo un procedimiento en un operativo en un ingreso a la Capital, un micro proveniente del norte, estábamos haciendo la trazabilidad con fuerzas federales y lo detuvimos en la General Paz. En el micro hay 62 personas, extranjeros en su mayoría, y está viniendo una comitiva de migraciones porque nos resulta muy irregular. El operativo cerrojo de la Policía de la Ciudad funcionó a la perfección", expresó, el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro en el lugar del procedimiento.
D’Alessandro indicó que habrá que esperar "la investigación del doctor Ercolini" y clarificar a partir de allí cuál es la situación "sanitaria y de documentación" de cada pasajero. A pedido de la secretaria de seguridad porteña, la dirección nacional de migraciones se dirige al lugar para verificar el estatus migratorio de todos los demorados.
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En el lugar se hizo presente personal del SAME, a cargo de Alberto Crescenti, se activaron las directivas de protocolo en el marco de la pandemia del COVID19 y una de los pasajeras que tenía fiebre fue derivada a un hospital. "Claramente están violando la cuarentena. Nadie sabe dónde iban, por eso la Policía los paró", señaló Crescenti en diálogo con TN.
Sin embargo, minutos más tarde, trascendió una una autorización del Gobierno de Jujuy que tenía el micro, de la empresa Balut. Estaba firmada por Pablo Fernando Palomares. secretario de Integración Regional y de Relaciones Internacionales del gobierno jujeño con fecha del 31 de marzo y con destinatario a la CNRT.
En la carta aseguraba que las 62 personas están autorizadas a realizar el viaje La Quiaca y San Salvador de Jujuy hacia Buenos Aires. "Asimismo, se deja constancia que todas las personas del listado mencionado han realizado la cuarentena correspondiente, y cada uno de ellos dispone del certificado médico extendido por personal médico de la Provincia de Jujuy en el que consta que se encuentra asintomática y con parámetros estables", dice, sin embargo, cuando el SAME hizo el control, una pasajera presentó fiebre.
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Luego trascendió otra nota enviada a la Secretaria de Transporte de la Nación desde el gobierno jujeño, solicitando autorización "para el traslado de pasajeros argentinos con residencia en la provincia de Buenos Aires y de extranjeros de Colombia, Venezuela, Perú y Brasil quienes descenderán en sus respectivas Embajadas en la Ciudad de Buenos Aires".
Ahí marcan los cinco lugares donde descenderán los pasajeros: La Embajada de Brasil (Cerrito 1350), la de Colombia (Carlos Pellegrini 1363), la de Perú (Av Libertador 1720), la de Venezuela (Luis María Campos 170) y la Estación de Retiro. También aclaran que el viaje inició el miércoles 1 de abril a las 9.00.
En esa línea, el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, en diálogo con TN, expresó: "Nosotros hemos solicitado la autorización a la Subsecretaría de Transporte de Nación, como lo hicimos con otros viajes que también se realizaron en este periodo de cuarentena de turistas que querían volver para sus lugares de destino".
"En este caso particular, había colombianos que son hinchas de Independiente Medellín que quedaron aquí cuando se cerraron las fronteras volviendo cuando fue el partido con Boca por Copa Libertadores. Están hace más de 20 días en La Quiaca, cumplieron con la cuarentena. Igual que la gente de Venezuela, que entraron por La Quiaca para llegar a Buenos Aires que era su destino, estaban en tránsito", contó sobre los casos particulares.
Además, destacó que "se habló con cada una de las Embajadas para informarles del viaje y también estaban informadas todas las organizaciones internacionales. Ya estaba hablado con ellos para que los alojen, la intención era tenerlos cerca para que cuando puedan hacer un vuelo hacia esos países poder repatriarlos".
Aparentemente, los pasajeros no tenían muy en claro hacia donde iban. En ese marco, el CELS aseguró que el traslado de los migrantes fue "de manera compulsiva, arbitraria e irregular", por lo que, junto a otras organizaciones como Andhes y Caref, presentaron un hábeas corpus para que la justicia federal de Jujuy garantice medidas de protección.
"Estas personas habían ingresado a la Argentina para radicarse aquí o habían llegado hasta La Quiaca para abandonar el país, justo antes de que las fronteras fueran cerradas", señaló el CELS, y comentaron que entre los pasajeros hay personas solas como también familias con niños. "Esta mañana fueron subidas a un micro de larga distancia sin informarles con precisión hacia dónde se dirigían. En el proceso, además de la desinformación, sufrieron requisas", expresó el organismo.
"Muchas de las personas trasladadas tienen necesidades de protección internacional, razón por la que ingresaron al país durante marzo con la intención de radicarse en alguna provincia. Casi 40 de ellas se encontraban hospedadas en alojamientos y comedores comunitarios de La Quiaca, y cumplieron con las medidas de aislamiento social, obligatorio y preventivo establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, como consecuencia del COVID19. Sin embargo, la provincia decidió enviarlas sin ninguna justificación ni regulación que lo avale, hacia la ciudad de Buenos Aires", agregó.
En esa línea, siguió: "El traslado compulsivo dispuesto por la provincia afecta la libertad de circulación, forzando a las personas a desplazarse sin información suficiente sobre las condiciones de ese desplazamiento ni el lugar preciso al que se las está llevando ni cuál será el dispositivo previsto para su recepción en medio de una gran ciudad en pleno aislamiento social obligatorio. Además, las obliga a cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. Las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican, ni avalan, este tipo de medidas".
"Esperamos que la Justicia analice esta situación que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad ambulatoria así como una transgresión de todas las normas nacionales vigentes que preservan la salud pública en el contexto del COVID19", concluyó el CELS.
ED CP
