Marco Antonio Estrada Gonzales, el capo narco peruano que vivía como un rey en un country de Ezeiza, no podrá permanecer en el país cuando termine el proceso judicial en su contra porque una jueza ordenó su expulsión.
Conocido como “Marcos”, permanece detenido acusado de ser el jefe de una organización que comercializa droga en el interior de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Tras un extenso informe presentado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo anuló el fallo que había favorecido al capo narco, luego de que la Dirección Nacional de Migraciones ordenara su expulsión en 2014.
Según pudo saber PERFIL, la jueza Liliana Heiland determinó que Marcos debe irse de Argentina cuando quede en libertad en virtud de los argumentos expuestos en el documento de la Procunar, que recoge los antecedentes penales del capo narco peruano. En el informe se detalla que su actividad ligada al narcotráfico “continúa pese a estar en prisión”.
En ese sentido, Iglesias concluyó el informe con el siguiente tenor: “Los hechos imputados no son más que la continuación de la actividad ilícita que viene desarrollando esta organización narcocriminal por él comandada (en referencia a Marco Estrada Gonzáles), que viene funcionando ininterrumpidamente en el asentamiento conocido como Villa 1-11-14 desde el año 1999, fecha en la que se advirtió su existencia a partir de una sucesión de hechos violentos que culminaron con la muerte de tres personas”.
Para el organismo del Ministerio Público Fiscal, la permanencia de Marcos en el país es “contraria a los intereses generales de la Nación y a la efectiva vigencia de distintos tratados internacionales, cuya defensa se encuentra confiada”. En el documento se detallan las sentencias que recibió Marcos desde julio de 2004 hasta mayo de 2012, cuando fue condenado por última vez a una pena unificada de diez años de prisión por “tráfico de estupefacientes agravado por participación organizada de tres o más personas y acopio de armas de fuego”.
La Procunar destaca su actual situación judicial y explica que atraviesa “un nuevo proceso penal, razón por la cual quedaría plasmada una conducta reiterada en la comisión de delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737”.
Marcos, su mujer –Silvana Salazar– y otros 23 sospechosos fueron detenidos el 16 de diciembre del año pasado en sendos operativos realizados por detectives de la División Operaciones Especiales Antidrogas de la Policía Federal.
El capo narco peruano vivía con su familia en una casa del barrio privado La Celia, con pileta climatizada, hidromasaje y todas las comodidades.
