La difusión del video sobre torturas en una comisaría de Salta, un año después de ocurrido los hechos, podría ser producto de una venganza entre dos de los policías detenidos, a raíz de una deuda de 1000 pesos que uno tenía con el otro.
Ese dato es el que ahora analiza la justicia salteña, que agregó el informe sobre esta posibilidad al expediente judicial de la investigación que involucra a seis miembros de la fuerza de seguridad de la provincia, acusados del delito de "apremios ilegales calificados".
Fuentes policiales consultadas sobre el informe que figura en la causa dieron crédito a la versión y reconocieron la existencia de "internas" dentro de la fuerza, informó DyN.
De todas formas, otras fuentes vinculadas a la causa dijeron que "la investigación continuaba sin descartar otras hipótesis".
El informe, según publicó ayer el periódico Nuevo Diario de Salta, advierte que al parecer el oficial Tomás Arias y el cabo Marcos Gordillo estaban enfrentados por una deuda de mil pesos que el primero mantenía con su subalterno por un supuesto negocio cuyas características no fue revelada.
Ante la falta de pago, de acuerdo a la constancia judicial, Gordillo se habría "cobrado" la deuda apropiándose de un objeto que le había vendido a su compañero y que sería la razón de la disputa.
En ese momento, ambos revistaban en la comisaría 11, de General Güemes. En esa dependencia se perpetraron los apremios ilegales contra dos detenidos, como se vio en un video casero subido a Internet que alcanzó gran repercusión pública y derivó en una causa judicial.
El informe del expediente mencionó que Arias tomó contacto con su primo, el oficial Roberto Barrionuevo, y ambos habrían acordado subir el video a Internet para vengarse de Gordillo, aunque sin medir las consecuencias de la divulgación.
Barrionuevo negó días atrás ante el juez de instrucción Pablo Farah haber sido quien grabó el video y para esta semana se esperaba el testimonio de Alfonso Frías, un joven que al parecer por encargo de Arias y Barrionuevo habría subido el video a la red.
Por otra parte, la senadora nacional Sonia Escudero reiteró su reclamo para que la Cámara alta del Congreso debata sobre el proyecto que aprobaron los diputados para crear un sistema nacional de control para los lugares de detención.
"La situación carcelaria y las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad es una asignatura pendiente", sostuvo Escudero, al señalar que en 2007 venció el plazo del compromiso asumido para crear ese sistema que evite torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
