El jefe de los fiscales de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido reveló que un grupo de agentes de Asuntos Internos de la Policía Federal espió ilegalmente y armó causas fraguadas para sacar de la fuerza a Fernando Sousa Helguera, un efectivo que había denunciado a 20 comisarios por estafa.
En el 2001, Sousa Helguera dejó de cobrar las horas que trabajaba, aunque le hacían firmar los recibos. Denunció a varios de sus superiores con el aval de otros 200 policías. El caso fue elevado a juicio por la jueza María Servini de Cubría.
Una vez que se inició la investigación, al denunciante lo trasladaron en cinco oportunidades, le retiraron los adicionales y le abrieron cuatro sumarios internos, informó el diario Clarín.
La denuncia contra el denunciante fue realizada en base a grabaciones de conversaciones, además de interrogatorios y filmaciones a empleados de una mutual con contacto con el ex policía. Estas medidas, fueron operaciones de inteligencia ilegal, ya que la Justicia no las autorizó.
Por la ley de Inteligencia Nacional, ningún organismo puede realizar "tareas represivas; poseer facultades compulsivas; cumplir, por sí, funciones policiales ni tampoco cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley".
Sousa Helguera denunció que lo incriminaron por una llamada anónima inventada y que todos los denunciados, fueron ascendidos.