POLICIA
por "daos y perjuicios"

Ex asesor de la Secretaria de Seguridad presentó millonaria demanda

Rafael Magnasco tuvo que renunciar porque se lo vinculó sentimentalmente con Nora Dalmasso. Ahora reclama 1.400.000 pesos por haber sido instalado como principal sospechoso del asesinato.

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El marido de la vctima sostuvo que "son varios" los sospechosos de haberla asesinado. | Cedoc

El abogado Rafael Magnasco, ex asesor del gobierno de Córdoba y el primer imputado que tuvo la causa por la muerte de Nora Dalmasso, presentó una millonaria demanda contra el Estado provincial por supuestos "daños y perjuicios".

Magnasco, quien se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Seguridad provincial cuando fue involucrado por la Justicia como sospechoso del crimen, reclama 1.400.000 pesos por los perjuicios que le trajo haber sido instalado públicamente como el primer sospechoso que tuvo la causa.

Nora Dalmasso apareció muerta en su vivienda de barrio Villa Golf de Río Cuarto a fines de noviembre de 2006 y por la causa hoy están imputadas dos personas: su hijo Facundo Macarrón y el pintor Gastón Zárate.

Magnasco les reprocha a los fiscales del caso, y por extensión al Estado, haberlo imputado sin pruebas y mantenerlo en esa situación durante meses.

La demanda fue presentada ayer en el Juzgado Civil y Comercial de 6a. Nominación, a cargo de Mariana Martínez de Alonso. En el escrito, de 90 páginas, el abogado acusó a los fiscales Javier Di Santo y Fernando Moine de actuar con negligencia y de mantenerlo como imputado sólo por la necesidad de mostrar algún avance en una causa estancada, informó hoy el diario Puntal de Río Cuarto.

Magnasco no sólo reclama ese dinero por daños y perjuicios para sí mismo, sino también para cada integrante de su familia, su esposa y sus tres hijos, ya que entiende fueron damnificados indirectos.

El abogado reclama una indemnización "por la afectación del honor, el descrédito profesional, las angustias y los padecimientos, las afectaciones psíquicas, la inusitada prolongación de la situación procesal, el padecimiento económico, los sufrimientos de la familia y el error en la prestación del servicio de justicia".

El letrado además acusó al juez de control, Daniel Muñoz, de no hacer respetar las garantías constitucionales.
Fuente: DyN