Una de las acusadas por encubrimiento del homicidio de Lucas González, el joven futbolista de Barracas Central, pidió su sobreseimiento y denunció que es "destinataria de un ataque injustificado por parte del fiscal y de las querellas".
Se trata de la abogada Silvia Alejandra Ozón, Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien acusó al fiscal Leonel Gómez Barbella y al abogado querellante Gregorio Dalbón: "Tienen el único propósito de obtener mi encarcelamiento bajo la excusa de obtener pruebas cargosas a mis expensas", denunció.
Ozón fue acusada por el fiscal por haber confeccionado – horas posteriores al crimen del futbolista, cuando ya estaba claro que no había existido agresión por parte de los jóvenes– que se había producido “un enfrentamiento con ‘los cacos’ y que los policías no tuvieron otra alternativa" que defenderse ante una "agresión ilegítima".
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La mujer figura dentro de la estructura del ministerio de Seguridad y Justicia porteño pero desde allí niegan que sea funcionaria de esa cartera, realizó un descargo espontáneo ante el juez de instrucción Martín Del Viso, quien investiga el crimen de Lucas González a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad.
"Me preocupa que el fiscal piense y conciba a un organismo jurídico integrado a una dependencia del Gobierno de la Ciudad como un cuerpo destinado al delito, a encubrir delitos y cometer todo tipo de ilícitos. O sea que los más de 15 profesionales que integramos su staff somos un grupo de delincuentes encubridores de policías, prestos al llamado para desplegar sus delitos", manifestó.
La funcionaria reclamó que "jamás se imputó a letrado alguno, y mucho menos a los jefes de la dependencia, una conducta que excediera el marco de la defensa técnica de los imputados”. En su defensa, agregó que “mucho menos (hubo) una intervención destinada a encubrir a los mismos. Sí a defenderlos judicialmente, como abogados".
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En tanto, la presunta teoría de la funcionaria sobre el enfrentamiento fue desestimada al ser confrontada con los hechos sucedidos.
Ozón está acusada además de haber enviado a una subalterna, la abogada Verónica Andracca, al lugar de los hechos, y participar del encubrimiento que consistió, entre otras conductas, en el plantado de un arma de juguete en el vehículo en el que se desplazaba Lucas González.
"Jamás le ordené a Andracca que encubriera a nadie, ni que ejerciera acto ilícito alguno, ni tomé conocimiento directo de ella de la existencia de ilícito alguno. Y mucho menos que tuviera que denunciar hechos y cosas que no me constaban, ya que siempre estuve a kilómetros del lugar", aseguró la mujer.
Por último, la funcionaria pidió ser sobreseída y apartada de la causa. “Solicito sin más que se dicte mi sobreseimiento, acreditado que ha sido mi palmaria ajenidad con los ilícitos investigados en la presente encuesta", expresó.
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