Tres ex funcionarios del Municipio del Partido de la Costa bonaerense y dos ex gerentes de una financiera fueron imputados de encubrir el asesinato de un ex repartidor de la empresa Arcor que desapareció misteriosamente hace seis años en Santa Teresita y que habría sido asesinado porque reclamaba una deuda.
Los primeros acusados que tiene la investigación desde 2001 serán indagados el lunes por el fiscal de Dolores Diego Escoda, quien reunió numerosas pruebas en su contra, pese a que todavía no se halló el cuerpo del empleado, informaron a la agencia oficial Télam fuentes judiciales.
La víctima del caso es Rubén Darío Jerez, quien trabajaba como repartidor de productos de Arcor y era empleado de Comprar S.R.L., una financiera con sede en Santa Teresita supuestamente creada con fondos municipales.
El 25 de octubre de 2001 a las 8, Jerez salió de su casa a bordo de su automóvil Ford Fiesta gris, levantó dos pedidos para Arcor y
estacionó de contramano sobre Diagonal 23 entre 3 y 4 para cobrar una deuda en un local.
Al salir de allí, se encontró con un hombre joven con el que conversó y que según testigos, es Alejandro Muñoz, directivo de la empresa Comprar S.R.L. y uno de los imputados por el fiscal de encubrir el crimen.
Poco después, Jerez se subió a su auto, esperó alrededor de una hora y detrás de su vehículo se estacionó otro, un Renault Laguna con dos hombres a bordo, y nunca más se supo de él.
"A casi seis años de iniciada la investigación, sin perjuicio de que el cuerpo de Jerez nunca ha sido hallado, existen bastantes indicios para tener por acreditado que el mismo ha sido víctima de una privación ilegal de la libertad calificada por homicidio resultante", afirmó el fiscal en la resolución en la ordenó las indagatorias y a la que accedió la agencia oficial Télam.
Si bien Escoda aún no pudo determinar quién mató a Jerez, acusa de encubrir el hecho a Jorge Grande, ex secretario de Gobierno del municipio del Partido de la Costa; a Daniel López, ex concejal del radicalismo, y a Cristian Ibarra, ex director de inspecciones del municipio.
Les atribuye "haber aportado datos falsos a la investigación, con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho", ya que los tres estaban relacionados con la financiera a la que Jerez le reclamaba la deuda.
Entre otras cuestiones, se los acusa de haber armado un "plan", que incluyó obligar a un hombre con problemas mentales a declararse culpable del asesinato.
Otro de los imputados es Muñoz, quien siempre negó haber estado con la víctima el día de su desaparición pese a que varios testigos lo vieron, e incluso intervino en la búsqueda del empleado junto con vecinos de Santa Teresita.
El cuarto acusado es el encargado de la financiera en esa ciudad, Carlos Subirol, a quien se le endilga "alterar y hacer desaparecer los
rastros del delito", entre ellos sustraer objetos del auto de Jerez y luego avisarle a la esposa de la víctima que había hallado el vehículo.
Incluso varios testigos lo escucharon decir el día de la desaparición: "Los muchachos están esperando que llegue el día para encontrarlo (a Jerez) en una zanja, con el culo al norte".
Tras confirmar que Jerez no tenía motivo alguno para ausentarse de su domicilio porque tenía una buena relación con su esposa e hijos, el fiscal considera que fue privado de su libertad y asesinado pocas horas o días después de ser capturado.
Uno de los datos para llegar a las imputaciones las aportó un ex empleado municipal cercano a Grande, quien declaró ante el fiscal que a poco de la desaparición escuchó al funcionario decir: "Con Jerez se nos fue la mano: La intención no era matarlo, sino asustarlo" y que lo habían tirado "en la ría de Ajó".
El testigo también dijo que Grande formó la financiera con fondos de la Municipalidad, que Muñoz era su testaferro y que el asesinato se produjo porque Jerez tenía cheques de la firma que le debían pagar y como los presionaba, lo tuvieron que "apretar" para que los entregara.
Agregó que el cuerpo fue tirado a la ría con el mismo auto que se vio estacionado detrás del de Jerez, el cual se comprobó que era propiedad de Grande.
A lo largo de la causa, se hicieron varios operativos en busca del cadáver, pero no fue encontrado allí ni en otros puntos de la costa bonaerense que se rastrillaron.
Cuando se allanaron las oficinas de la financiera, los investigadores hallaron fotocopias de cientos de cheques, menos los de las fechas que reclamaba Jerez, y descubrieron una importante operatoria de esos documentos "en negro", cercana a los 800.000 pesos.
"El manejo de grandes cifras de dinero espurio es un móvil más que suficiente para algunas personalidades como para llevar adelante la empresa criminal que motiva la presente investigación", afirmó el fiscal.
Fuente: Telam
