El Estado nacional deberá indemnizar con 102.693 dólares, más de un millón de pesos al cambio oficial, a cinco jóvenes que fueron condenados a prisión perpetua por delitos que cometieron cuando eran menores de edad. Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado argentino “internacionalmente responsable” por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra ellos en mayo de 2013, y el jueves pasado la presidenta Cristina Fernández publicó en el Boletín Oficial un decreto que anunciaba el pago del dinero.
César Mendoza, Claudio Núñez, Lucas Mendoza, Saúl Roldán Cajal y Ricardo Videla Fernández fueron condenados a la pena máxima entre 1997 y 2002. Pero se trata de una pena que la Convención de los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución argentina en 1994) prohíbe que sea aplicada a menores de edad.
Estas sentencias fueron apeladas por los abogados defensores, pero ninguna de las entidades avaló el pedido de “inconstitucionalidad” de la condena. De modo que los abogados Stella Maris Martínez y Fernando Peñaloza recurrieron al organismo internacional. La CIDH (que trabaja sobre otros siete casos) se expidió a favor de los jóvenes el 14 de mayo de 2013, por considerar que esa pena “no cumple con la finalidad de la reintegración social de los niños”.
El final de esta cuestión llegó con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1455/2014, que dispone “el pago en efectivo” de la sentencia dictada por la CIDH de “102.693 dólares como indemnización por daño material e inmaterial a favor de las víctimas del caso”.
Casos. César Mendoza pasó 16 años preso. Esa misma edad tenía cuando fue detenido acusado de haber matado a un policía. “Cuando era chico iba a fútbol y natación, pero después me junté con chicos que no hacían las cosas bien y me metí. Ellos tenían plata siempre, eran conocidos y yo también quería ser popular”, recuerda esos años oscuros en diálogo con PERFIL. “Estuve tres años haciendo esas cosas malas y me salió mal”. El próximo lunes cumple dos años en libertad y 11 meses desde que está trabajando como albañil. “Estoy arrepentido de todo lo que hice, pero en ese momento estaba como muerto en vida porque no me importaba nada de lo que pasaba. Nada. Pero cuando recuperé la libertad volví a nacer”, asegura.
En la madrugada del 21 de enero de 1997, Lucas Mendoza (que no es pariente de César) fue detenido en Fuerte Apache luego de cometer dos homicidios en un raid delictivo. Tenía 16 años. En 2009 escapó del penal de Ezeiza en una fuga que puso en la mira a los guardias del Servicio Penitenciario Federal, porque Mendoza se fue corriendo en el momento en que estaba llevando una carretilla cargada de basura del corral de cerdos que limpiaba como parte de un taller. Lo curioso es que estaba casi ciego por un desprendimiento de retina que había sufrido producto de un golpe. Un año después fue recapturado, y por su ceguera, más tarde, beneficiado con prisión domiciliaria. “Me resulta difícil explicar con palabras lo que siento, lo que pienso. Hay un dato que quiero destacar: me condenaron a una pena que era mayor a la edad que yo tenía. Mi vida se quedó en el tiempo, me siento una persona totalmente disocializada”, escribió en una carta en mayo de 2011. Quedó en libertad dos años después.
En Fuerte Apache también fue detenido Claudio Núñez, que vivía en otra de las torres del complejo habitacional. Con 17 años, tenía sobre su espalda el peso de cuatro asesinatos en ocasión de robo y el de su propio padre cuando lo descubrió violando a una de sus hermanas.
“Con Claudio salimos un sábado a las 17 del penal de General Pico. Había sol. Caminamos, nos compramos una gaseosa, fuimos de shopping, tomamos helado. Estaba en libertad”, recuerda César Mendoza. “Hoy pido perdón por lo que hice y agradezco haber tenido la suerte de poder cambiar”.
Cristian Roldán Cajal fue el último menor de Argentina que fue condenado a perpetua por un homicidio cometido en Mendoza. Su condena fue modificada tras un “recurso de revisión” por una pena de 15 años, pero a fines del año pasado fue nuevamente condenado a perpetua acusado de haber matado a un interno dentro de un penal.
El último caso es el de Ricardo Videla Fernández, que apareció ahorcado con un cinturón en su celda, el 21 de junio de 2005. Tenía 20 años y su familia no cree en la versión del suicidio (ver aparte). Había sido condenado por la Justicia mendocina por matar a un repartidor y un remisero. Escapaba de distintos institutos de menores, pero al poco tiempo volvía a caer. A pesar de que falleció hace nueve años, su familia recibirá la indemnización.
La extraña muerte de uno de los menores
El caso de Ricardo Videla fue el primero en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en 2005 apareció sin vida, con un cinturón en el cuello, en una celda del módulo 11 de máxima seguridad de la Penitenciaría de Mendoza. Uno de los peritos determinó que el joven, de entonces 20 años, no se colgó ni fue colgado sino que fue ahorcado desde atrás.
“Deseo que me digan que lo mataron, que él no se mató. Sé que no lo hizo. Aunque el único testigo que tengo es Dios. Pedí que se investigue porque un médico asegura que murió por asfixia”, dijo la madre de Videla, Stella Maris Fernández, al Diario Universal de México.
La CIDH pidió reabrir la causa por esta muerte, que ya estaba archivada. “Todos los recuerdos que tengo de él nunca se me van a olvidar. Cada vez que lo iba a ver estaba con su sonrisa y su fuerza, y no quería demostrarme nada malo. Siempre luchó para salir con vida de ahí adentro”.
Stella Maris tuvo seis hijos: tres, con Ricardo, fallecieron. Uno fue ejecutado en la calle por un ajuste de cuentas, y otro murió acuchillado dentro de un penal.
