Investigan la intromisión del FBI en un caso de pedofilia en Córdoba
La Justicia citó a una diplomática estadounidense por denunciar a un hombre de distribuir pornografía infantil. Qué hacía el FBI trabajando en Argentina.
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Cedoc
El juez de instrucción Juan Ramos Padilla le ordenó a la Cancillería que convoque a una supuesta agregada diplomática del FBI en la embajada de Estados Unidos en la Argentina para que formule aclaraciones sobre una denuncia de pedofilia en un hotel de Córdoba.
La orden fue dada con el objetivo de saber si el FBI se entrometió en una investigación sobre distribución por Internet de pornografía infantil contra un ciudadano argentino sin conocimiento ni autorización de las autoridades políticas y judiciales locales.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado ya convocó en cuatro oportunidades a la supuesta denunciante, identificada en el expediente como "Beth D. McConn".
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En setiembre de 2010, McConn habría remitido una nota al jefe de Delitos en Tecnología y Análisis Criminal de la Policía Federal, Carlos Savalo, advirtiendo sobre un usuario radicado en la Argentina que estaría distribuyendo "imágenes de pornografía infantil" a través de un programa de chat.
El FBI dio una identidad del nombre del supuesto usuario y un e-mail. Las supuestas fotografías se habrían cargado el 30 de mayo de 2010 a las 12:35 y el 31 de mayo de 2010 a las 2:57.
También se brindó la dirección del hotel en Córdoba y el nombre del proveedor de Internet.
Ramos Padilla convocó a McConn para que ratificara la denuncia y explicara cómo había tomado conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pues "el FBI carece de jurisdicción en la Argentina y en todo caso la Cancillería debería conocer esta situación".
"Lo que en apariencia podría ser la comisión de un delito por un ciudadano de nuestro país, descubierto por investigadores estadounidenses, podría ser también la respuesta de una acción provocada por agentes del FBI tal como ya sucedió y fue reconocido por el más alto tribunal de los Estados Unidos", advirtió el magistrado.
En ese sentido, citó un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1992, en un expediente en el que "agentes federales estadounidenses le enviaron al imputado durante dos años diversos panfletos de supuestas organizaciones defensoras de la libertad de expresión, con el objeto de persuadirlo de que comprara a través del correo material pornográfico sobre menores de edad".
El imputado finalmente hizo un pedido. A su arribo, la policía lo detuvo en su domicilio.
"Por más aberrantes que sean los hechos, están en juego valores superiores, concretamente las garantías individuales que tienen primacía incluso sobre el interés de la sociedad en que los delitos sean investigados", dijo el magistrado.
"No interesa aquí las características del delito, por más repugnante que sea. Estos principios son muy caros para los argentinos que durante la última dictadura militar padecieron justamente la exclusión del poder judicial en las competencias que le son propias, exclusivas y excluyentes", resumió el juez.
El oficio remitido a la Cancillería advierte que, en caso de que McConn siguiera desoyendo las convocatorias, deberá notificarse a las autoridades diplomáticas estadounidenses sobre la situación.
