La mañana del 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López salió de su casa de Los Hornos, en la localidad bonaerense de La Plata. Tenía que asistir a los alegatos de la querella en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, el represor a quien había enfrentado meses antes desde el lugar de testigo y víctima. Al día siguiente se conocería la sentencia. López no llegó a la audiencia. Tampoco regresó a su casa.
Este viernes se cumplen 20 años de aquella desaparición. Su segunda desaparición. Veinte años sin saber dónde está, qué ocurrió con él ni quiénes fueron los responsables.
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Su caso atravesó cinco presidencias -Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei- y numerosas medidas judiciales. La investigación continúa abierta como “desaparición forzada de persona” y, en junio de este año, el Gobierno bonaerense volvió a elevar la recompensa para quien aporte información sobre su paradero: entre 5 y 10 millones de pesos, según la relevancia de los datos. El propio decreto reconoce que, pese al tiempo transcurrido y las medidas desplegadas, no hubo resultados suficientes para determinar qué sucedió.
Pero para comprender la dimensión de esa segunda desaparición hay que volver más atrás. Antes de convertirse en “la cara de todas las remeras”, y en la fotografía que desde hace dos décadas acompaña marchas y reclamos por su aparición con vida, López había sobrevivido al terrorismo de Estado. Y había decidido contar lo que vio: dio nombres, identificó lugares y reconstruyó secuestros, torturas y asesinatos.
Jorge Julio López nació el 25 de noviembre de 1929 en General Villegas. Llegó a Los Hornos en 1956, trabajó primero como quintero y después como albañil. Se casó con Irene Savegnago y tuvo dos hijos, Rubén y Gustavo. Con los años se acercó a la Unidad Básica Juan Pablo Maestre, donde colaboraba con trabajos y arreglos en el barrio.
El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado. Pasó por centros clandestinos del denominado “Circuito Camps”, entre ellos Arana y las comisarías 5ª y 8ª de La Plata. Fue torturado y presenció el asesinato de compañeros de militancia, entre ellos Patricia Dell'Orto y Ambrosio De Marco. En abril de 1977 fue trasladado a la Unidad Penal N°9 y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Recuperó la libertad en junio de 1979.
Durante años, López mantuvo buena parte de aquella historia incluso lejos de su familia. Recién en 1999 llevó su relato a la Justicia, durante los Juicios por la Verdad. No llegó solo con sus recuerdos: también había investigado por su cuenta. Su testimonio y ese trabajo minucioso fueron clave para identificar lugares de La Plata que habían funcionado como centros clandestinos de detención.
López tenía una memoria minuciosa. Recordaba nombres, recorridos, edificios y personas. Su oficio de albañil le había sido útil para reconocer construcciones por las que pasó durante su cautiverio. Reconstruyó también lo que había visto hacerles a otros.
Eso es lo que Margarita Cruz, sobreviviente del terrorismo de Estado e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), destaca. “No solamente va a pedir por las cosas que le pasaron a él, sino a decir, denunciar y contar las cosas que les pasaron a otros”, recordó en diálogo con PERFIL.
Para la sobreviviente, allí radica buena parte de “la valentía y el coraje que tuvo Julio”.
López volvió a declarar en 2005 y se constituyó como querellante junto con Nilda Eloy y la AEDD. El 28 de junio de 2006 dio testimonio en el juicio oral contra Etchecolatz. Habló de sus compañeros y compañeras. De las torturas. De los crímenes. De los responsables.
Al recordar a Patricia Dell’Orto y a las otras jóvenes que militaban en Los Hornos, López contó ante el tribunal el trabajo que hacían con los chicos del barrio: los cuidaban, les daban de comer y hasta organizaron un viaje para que conocieran el mar. “Estas son mujeres de oro. Y estos asesinos las mataron sin piedad”, declaró.
Su declaración fue una de las pruebas del proceso que terminó con Etchecolatz condenado a prisión perpetua. Pero López desapareció un día antes de conocer la sentencia.
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Myriam Bregman, una de las abogadas querellantes de López en el juicio contra Etchecolatz, también puso el foco sobre la actuación de la Policía Bonaerense y, con los años, reclamó que se conociera toda la información que permanecía en manos de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia.
Ya como diputada nacional por el PTS-FIT, presentó un proyecto de ley para exigir al Poder Ejecutivo la apertura de los archivos vinculados con la segunda desaparición de López, incluidos documentos de la exSecretaría de Inteligencia (SIDE), la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería y Prefectura.
“El propósito era que los juicios se pararan”
Margarita Cruz vuelve sobre aquellos días; para ella existe una diferencia “fundamental”. En 2006 existía una decisión política de avanzar con los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero eso no significaba que todas las estructuras heredadas del aparato represivo hubieran desaparecido.
“El Gobierno no es lo mismo que el Estado, es parte del Estado”, señaló. Y recordó que los organismos llevaban muchos años peleando contra las leyes de impunidad antes de que los procesos judiciales pudieran reabrirse.
Para Cruz, tras la desaparición de López, “el propósito era que los juicios se pararan. ¿Y cómo se iban a parar? El Gobierno no los iba a parar, pero sí los testigos, que son los que dan la prueba material para que los represores sean juzgados, quedaban intimidados”, sostuvo.
Y agregó: “La intención de la desaparición de Julio López fue intentar callar la voz de los sobrevivientes”.
Es la interpretación que la AEDD sostuvo desde aquellos primeros días. No existe, sin embargo, una sentencia judicial que haya establecido quién secuestró a López ni cuál fue el móvil.
La causa pasó inicialmente por la Justicia bonaerense como una averiguación de paradero y tardó más de tres meses en llegar al fuero federal bajo la carátula de desaparición forzada. Años después, la investigación continuaba trabajando, entre otras líneas, sobre cotejos de huellas y material genético con cuerpos NN y sobre millones de registros telefónicos obtenidos durante los primeros años.
"Su ausencia física nos llena aún más de compromiso, de memoria, de saber que siempre vale la pena seguir luchando contra la impunidad.” — Margarita Cruz
La Bonaerense y las primeras horas de búsqueda
Para Cruz, uno de los puntos que deben revisarse al reconstruir estas dos décadas son precisamente las primeras horas de la investigación.
López no fue buscado inicialmente bajo la hipótesis de una desaparición forzada. La Policía Bonaerense tuvo participación en las tareas de búsqueda pese a que el hombre que estaban buscando había sido víctima y testigo de crímenes cometidos dentro del circuito represivo que había integrado esa fuerza.
“Al principio no se lo busca a López como desaparición forzada. Se lo busca como una persona perdida”, recordó Cruz. Y cuestionó las demoras que, desde la perspectiva de la AEDD, marcaron aquella etapa.
La actuación estatal terminó trascendiendo las fronteras argentinas. En 2023, en el marco de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la falta de medidas adecuadas para resguardar a López como víctima y testigo y por deficiencias en la investigación de su desaparición y la búsqueda de su paradero.
Su desaparición también tuvo consecuencias sobre los juicios que comenzaban a multiplicarse. En 2007 se creó el Programa Verdad y Justicia, que entre sus funciones asumió el acompañamiento y la seguridad de víctimas y testigos de los procesos por delitos de lesa humanidad.
Cruz recuerda que en 2006 ese dispositivo todavía no existía. “Teníamos miedo, sí, pero no estábamos aterrorizados ni paralizados”, contó sobre aquellos días.
“La única cosa que nos podía ayudar era la movilización, la denuncia en la calle, las marchas, enfrentar a la Justicia, hacer las denuncias internacionales, políticas, llenarnos de solidaridad”, agregó a este medio.
“Recién ahora se pueden dimensionar aquellos momentos”, aseguró. “No lo podíamos creer. ¿Cómo podía ser que en una sociedad democrática, en pleno juicio oral y público, un testigo no llegue y no esté?”.
Ese papel
En 2014, durante la lectura de la sentencia del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Cacha, Etchecolatz sacó un pequeño papel que decía: “Jorge Julio López”. La escena fue fotografiada por Leo Vaca.
Cruz recuerda aquel episodio como una provocación.
“Etchecolatz no respetaba ni a los jueces ni a nada”, sostuvo sobre el momento en que exhibió el nombre de López, y agregó: “Como para que lo tuviéramos presente. Fue totalmente siniestro”.
Etchecolatz murió en julio de 2022. Acumulaba múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad. Nunca se estableció judicialmente que hubiera participado de la segunda desaparición de López.
Sobre la primera desaparición de Jorge Julio López existe una enorme cantidad de información. Se sabe cuándo fue secuestrado, por qué centros clandestinos pasó, quiénes estuvieron con él y qué crímenes presenció.
Su propio testimonio permitió reconstruir parte de esa historia y siguió teniendo consecuencias judiciales incluso después de su desaparición: en 2022, una investigación iniciada a partir de pruebas aportadas por López terminó con nuevas condenas a prisión perpetua por crímenes cometidos en el Pozo de Arana.
Sobre su segunda desaparición, ocurrida en democracia, las preguntas permanecen sin respuestas. “No sabemos absolutamente nada. ¿Quién desapareció a López? ¿Qué fuerza lo desapareció? ¿Adónde lo llevaron?”, resume Cruz.
“¿Qué pasó con Julio López? ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo? Eso es lo concreto, lo que no sabemos a 20 años de su desaparición”.
“Somos la voz de esa generación”
Margarita Fátima Cruz tenía 20 años cuando fue secuestrada durante el “Operativo Independencia”, en Tucumán, en el año 1975. Sobrevivió a los centros clandestinos y dedicó buena parte de su vida posterior a declarar, reconstruir y acompañar los juicios. Cuando habla de López, habla también del lugar de los sobrevivientes.
“Nosotros no nos queremos quedar solamente en el horror vivido”, explica. Para Margarita se trata de un compromiso asumido por y para quienes no pudieron hacerlo: “Nosotros somos la voz de ellos porque somos la voz de esa generación”.
Frente a los discursos negacionistas, Cruz sostiene que ese proceso de memoria ya atravesó generaciones y difícilmente pueda revertirse. “Hay dos generaciones que van tomando esas banderas de la memoria y del deseo de justicia”, señala. Y destaca el testimonio de los sobrevivientes, clave para la memoria colectiva y los juicios de lesa humanidad.
Dos décadas después de su desaparición, Margarita recuerda a Jorge Julio López como albañil, trabajador y, sobre todo, como un militante peronista “de ley”. Un hombre que sobrevivió al secuestro y la tortura y que, décadas después, decidió presentarse ante la Justicia para contar no sólo los horrores que había padecido, sino también aquellos de los que había sido testigo y que muchos de sus compañeros ya no podían contar.
“Su ausencia física nos llena aún más de compromiso, de memoria, de saber que siempre vale la pena seguir luchando contra la impunidad”, concluye Cruz.
cp
