Noviembre de 2014. Suena el celular de Mario Alberto Lara Guerra. Es Yoana Triana Peña. “Mini” atiende y en los seis minutos que dura la conversación, la colombiana le pide documentación, dinero (“unos 200 mil”), exige respuestas y le recrimina sobre el mantenimiento de una casa: pregunta por el agua, el jardín y la limpieza de la pileta. Está, además, preocupada por la llegada de “Mono”, Carlos Olmedo Silva Cárdenas, el hombre que lidera junto a sus hermanos Erman y William Triana Peña, la estructura del tráfico de drogas y lavado de dinero más importante detectada en Argentina.
Uno de los destinos del flujo de dinero obtenido por “la banda del narcoarroz” habría sido la residencia del lote 225 del barrio “Los Sauces”, en Nordelta, que Yoana ocupó junto a su marido, Jesús Humberto “Chucho” García Herrera y en la que invirtieron al menos 2.700.000 de pesos. Sólo la piscina costó más 600 mil pesos y se destinó 130 mil pesos para la construcción de un muelle en la casa que sirvió para fijar el domicilio de varias firmas adjudicadas a la banda.
“Mini” –que dejó de cumplir los mandatos de los Triana Peña cuando fue detenido en la primera etapa de la causa por narcotráfico– y el matrimonio –que no se encuentra en el país según la Dirección Nacional de Migraciones– forman parte de la nómina de sesenta personas que el juez federal Sergio Torres llamó a indagatoria por integrar una sofisticada arquitectura de lavado de dinero.
La investigación conjunta de la Procunar, a cargo de Diego Iglesias, y la Procelac, bajo la dirección de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, identificó 314 operaciones de lavado de activos, que alcanzaron los 197.395.630,34 pesos y 4.100.561,43 dólares. Las procuradurías contaron con la colaboración de la AFIP, la UIF y el Banco Central.
Las maniobras, ejecutadas a través de una treintena de sociedades, habrían estado orquestadas, principalmente por el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz, con la participación activa del abogado Guillermo Heisinger y “Chucho”, quienes habrían canalizado los fondos provenientes del narcotráfico, mediante un entramado complejo de negocios ilegales.
Según la causa, instruida por el fiscal Federico Delgado, la expansión societaria de la organización comenzó su diseño en el año 2009, creció en 2010 y experimentó un fuerte salto en 2011. El tejido fue tan fructífero que la banda proyectó la creación de un puerto en Fray Luis Beltrán y la inversión en el Club Rosario Central.
Dentro del armado, en la que se ven comprometidos contadores, escribanos y otros sujetos obligados, se cuenta la compra de jugadores de fútbol al Club Porvenir, a través de la firma Internacional Trade & Comerce SA (ITC) que le dejaría 2.160.000 millones de pesos a la institución deportiva del sur del Conurbano. En ese ámbito, se llevó adelante la organización de un partido, junto a Full Play Internacional Televisión SA, de Hugo y Mariano Jinkis, una maniobra que permitió lavar unos 2 millones de pesos.
Los narcos utilizaron, al mismo tiempo, la estructura financiera de una cooperativa de crédito y vivienda que habría recibido grandes sumas de dinero mediante un contrato de “cesión de cartera de créditos”, que le permitió a la banda bancarizar el dinero negro, a través de empresas pantallas y a título personal. Esta operatoria habría permitido blanquear 14 millones de pesos.
La constitución de una empresa offshore “Connect Plus Panamá” y “La Cosecha”, controlada por la firma uruguaya “Farmfunds Rou”, que habrían sido utilizadas para fugar capitales fuera del país, al igual que un método más “artesanal”: el envío de remesas a “pitufos”, que se encargan de recibir el dinero fraccionado y los envían a distintos destinatarios que los reciben blanqueados.
La adquisición de autos de lujo y la compraventa de lotes en barrios privados habrían sido otra de las maniobras ejecutadas por la estructura de los Triana Peña.
En ese orden, se inscribe el caso de Yuribeth González Novoa, la ex mujer del testaferro del capo narco colombiano Daniel “El Loco” Barrera Barrera, que alquiló una vivienda en Nordelta y, según la documentación hallada en el domicilio de Heisenger, compró lotes en Colony Park. González Novoa negó esa acusación a PERFIL, pero ahora deberá dar explicaciones a la Justicia argentina, a pedido de Torres.
El proyecto crematorio en Santa Fe
Los fiscales detectaron una maniobra titulada “Proyecto Crematorio Villa Gobernador Gálvez Santa Fe”, en el Cementerio Municipal San Lorenzo, realizada a través de la mutual “Provincias Unidas”, por la que la organización abonó 2 millones de pesos “en concepto de canon municipal, a cambio de ingresos generados por su explotación”, según consta en un recibo extendido por la Municipalidad santafesina, del 9 de diciembre de 2014. Esa documentación se encontró en una de las carpetas que Guillermo Heisinger guardaba en su departamento de Recoleta. La misma contenía un sobre con copia simple de la ordenanza del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez N° 975/94, Expte. 4808/2013, de fecha 10/10/2013 en tres hojas, una constancia de expediente municipal N° 41900/2012, copia de un convenio de concesión, copia del decreto N° 3369/2013, impresiones de fotos a color, copia de planos y constancias varias referidas a la instalación del crematorio.
La obra implicó una inversión de 19.500.000 de pesos y 700 mil dólares aunque nunca se concretó.
La maniobra, que habría sido ejecutada por Heisinger, Carlos Duarte Díaz y Aldo Corizzo, comprometería al ex intendente Pedro González, quien habría firmado la concesión.
