Marcelo Clayton Alves de Sousa y Naly Pires Diniz vivían en Nordelta, en una casa del exclusivo barrio La Isla. Los vecinos creían que era una pareja de empresarios brasileños exitosos. Se movían en autos de alta gama y solían viajar al exterior regularmente. Lo que nadie imaginaba era que sus ingresos provenían de una de las organizaciones criminales más temidas y sanguinarias de Sudamérica: el Comando Vermelho, nacido en las cárceles de Río de Janeiro y extendido por toda la región.
Esta semana, el Tribunal Oral Federal N° 7 homologó distintos acuerdos de juicio abreviado y condenó a ocho integrantes de la organización por lavado de activos, imponiéndoles penas de tres años de prisión en suspenso y multas que totalizan $ 2.460 millones, además del decomiso de bienes por más de 271 mil dólares y cinco vehículos de alta gama valuados en más de 130 millones de pesos.
Los condenados –Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira, Selma De Lima Muñiz Barbosa, Ma Hai, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora– reconocieron su responsabilidad en las maniobras. Las multas impuestas fueron proporcionales a su participación, con montos que oscilaron entre los 40 y los 720 millones de pesos, según informó el sitio fiscales.gob.ar.
Entre los bienes decomisados se destacan un BMW Serie 330i, una Ford Ranger, un Volkswagen Vento, un Ford Focus y un Renault Fluence, además de divisas en dólares, reales y euros, fondos virtuales y dinero en efectivo. Las investigaciones comprobaron que la red utilizó criptomonedas, empresas fachada y operaciones con transferencias internacionales para lavar dinero procedente del narcotráfico.
La investigación, a cargo del fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Prpcelac), contó con la asistencia técnica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai). Según el fallo, la reconstrucción de las operaciones permitió “trazar los flujos financieros que vinculan los movimientos locales con fondos de origen ilícito procedentes del Comando Vermelho”.
Pero la historia no termina allí. Los principales acusados, Alves de Sousa y Hang Wang, siguen prófugos. La Justicia mantiene pedidos de captura nacional e internacional contra ellos, mientras que la investigación continúa abierta respecto de otros involucrados –entre ellos Raimunda Divina De Sousa, Naly Pires Diniz, Juan José Isola, Antonella María Garbagnati y Luana Belén Isola– que serán sometidos a un juicio oral y público.
La red descubierta por la Procelac comenzó a operar en 2015. Según la causa, el grupo canalizaba millones de dólares a través de transferencias informales de divisas y la compra de bienes registrables, en una operatoria sofisticada que combinaba cuevas financieras, billeteras virtuales y empresas sin actividad real.
En Argentina, la pareja brasileña lideraba la estructura. Se mudaron primero a Barrio Norte, pero fue en Nordelta donde se instalaron llevando una vida de lujo. Compraron una casa con vista al lago, tres camionetas –una Mercedes Benz GLC Off-Road, una Volkswagen Amarok y una Dodge RAM– y abrieron una sociedad con fines inmobiliarios.
En sus redes sociales, Pires Diniz se presentaba como “asesora financiera”, mientras exhibía joyas, viajes y cenas en Puerto Madero.
Las autoridades brasileñas ya los tenían en la mira desde 2022, en el marco del operativo “Mercader de Ilusiones”, una investigación conjunta entre la Policía Civil de Río de Janeiro y el Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco). Ese expediente identificó a la pareja como parte de una estructura de lavado transnacional que operaba simultáneamente en Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia.
La madrugada en que la Policía Federal realizó una batería de allanamientos la pareja desapareció. La jueza Sandra Arroyo Salgado había ordenado 37 órdenes de registro simultáneos, pero el portero del edificio de Palermo donde funcionaba una de las oficinas de De Sousa los alertó por WhatsApp.
Minutos después abandonaron un auto cerca del shopping DOT, sobre la avenida General Paz. Sus tres acompañantes fueron detenidos; ellos no. Desde entonces, Marcelo Clayton Alves de Sousa permanece prófugo.
Durante los procedimientos se secuestraron computadoras, documentación, billeteras virtuales y más de 40 millones de pesos y 300 mil dólares en efectivo, distribuidos en bolsos. Las pericias financieras confirmaron que parte de esos fondos provenían de transferencias realizadas desde la Triple Frontera y de empresas radicadas en Brasil vinculadas al Comando Vermelho.
De las cárceles de Río a la Argentina
El Comando Vermelho (CV) nació a fines de los años 70 en el penal de Ilha Grande, en Río de Janeiro, cuando presos comunes y militantes políticos compartieron celdas durante la dictadura brasileña. De esa convivencia surgió una alianza que combinó disciplina ideológica y violencia carcelaria, dando origen a una de las organizaciones criminales más poderosas de América del Sur.
Con el tiempo, el grupo se expandió desde las cárceles hacia las favelas, imponiendo su dominio territorial a través del tráfico de drogas, armas y secuestros, y creando un sistema de “justicia paralela” que controlaba barrios enteros. En los 90 consolidó su influencia en Río y extendió sus redes a otros estados, enfrentándose a bandas rivales como el Primer Comando de la Capital (PCC), nacido en San Pablo.
El CV combina una estructura jerárquica con células autónomas, lo que le permitió adaptarse y sobrevivir a las sucesivas ofensivas del Estado brasileño. Sus líderes, muchos encarcelados, siguen operando desde prisión mediante teléfonos y mensajeros.
En los últimos años, la banda trascendió las fronteras brasileñas y fue vinculada al tráfico internacional de cocaína hacia Europa, utilizando rutas por Paraguay, Bolivia y Argentina.
