“La pericia lo confirma, a mi hermana la mataron”, insistió Celeste Morales, la hermana de Florencia Magalí Morales, la mujer que salió a comprar en cuarentena y fue asesinada en una comisaría en abril del 2020 en Santa Rosa del Conlara, San Luis, a 16 kilómetros de Merlo. La familia reclama que se cambie la carátula a “homicidio agravado”, es decir, femicidio, y apuntan contra la policía provincial.
"Nosotros venimos repitiéndolo desde ese día: mi hermana no se suicidó, a mi hermana la mataron. Van a tener que explicar todas las mentiras que nos han dicho, como los que me dijeron que Magalí estaba declarando en el juzgado y llevaba cinco horas muerta", dijo Celeste (43) a Clarín, quien a su vez quedó a cargo de los hijos de Magalí, sus sobrinos, que aún no saben qué pasó con su mamá.
Florencia Magalí Morales (39) salió de su domicilio el 5 de abril del año pasado en bicicleta para comprar alimentos para sus hijos de 7 y 11 años, cuando fue interceptada por la Policía la detuvo por violación del aislamiento impuesto por el Gobierno provincial en ese entonces. Horas más tarde, apareció muerta en una comisaría, y según la policía, fue un suicidio.
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Luego de un año y medio de reclamo, la familia apuntó contra los forenses e investigadores del caso, quienes intentaron avalar la versión de la policía y permitieron que fueran los mismos efectivos acusados los que recogieran las pruebas y la evidencia en la escena del hecho.
"¿Cómo puede ser que no haya un solo detenido por la muerte de mi hermana? Sólo indagados e imputados, cuando todos encubrieron, todos fueron cómplices. Desde el forense que hizo la primera autopsia, los policías que la golpearon y la mataron, hasta las mujeres policías que la tenían que cuidar y no hicieron nada para ayudarla. Mi hermana salió para cuidar a sus hijos. ¿Qué tanto mal pudo haber hecho para que le hicieran una cosa tan perversa?", cuestionó Celeste.
Caso Florencia Magalí Morales: nuevo informe en el expediente
En tanto, la familia solicitó incorporar un nuevo informe al expediente, realizados por la médica forense Vanina Elizondo y la perito criminalística, Mónica Isabel Chechi, que trabajaron junto personal del Poder Judicial. Allí, se realizó el pedido de ampliación de imputación para que los cuatro policías imputados sean acusados por “homicidio agravado", es decir por femicidio.
Se trata de los oficiales María Eugenia Argüello, Johana Paola Torres, Marcos Ontiveros y el comisario, Heraldo Clavero, hasta ahora imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "privación ilegal de la libertad".
De acuerdo con el abogado de la familia de la víctima, Federico Putelli, la nueva prueba corresponde a un informe "criminalístico y forense" del que surge que Magalí murió por "asfixia por estrangulamiento", no por suicidio. "La ampliación del sumario corresponde a la recalificación de la causa y que los policías sean indagados por el nuevo delito", explicó.
Este informe incluye resultados de una reautopsia realizada en agosto de 2020 en San Rafael y que, por decisión del juez de Instrucción Penal, Jorge Pinto, tuvo que ser parcialmente pagada por la familia de Magalí. En primera instancia, una primera autopsia había sido realizada por el médico forense Gustavo Lafourcade, horas después de la muerte de la mujer. En ese informe ya habían revelado que la víctima tenía "contusiones en los brazos" y "escoriaciones debajo de las rodillas", compatibles con autodefensa.
No obstante, esa información no había sido incorporada en el acta de defunción, que tampoco brindaba detalles sobre cómo se encontraba el cuerpo. Por ese motivo, habían solicitado una ampliación del informe debido a los “errores técnicos del primer estudio”.
"Lloré todos los días porque fue tanta la lucha, tanto el esfuerzo para lograr que nos escuchen. Decidí dejar de llorar porque tengo que estar fuerte para mis viejos, mis sobrinos y mi hijo", sostuvo Celeste, y agregó: "Esta es la oportunidad que tienen el juez Pinto y el fiscal Roberto Silvestre de limpiar sus nombres, de hacer lo que tendrían que haber hecho desde el primer momento y trabajar bien, como corresponde", advierte.
Asimismo, la mujer reconoció que “no sé cómo les voy a decir a los chicos todo esto, que tenían razón, que su mamá nunca se hubiera suicidado porque los tenía a ellos ”. “La recordamos escuchando música, riéndonos o cuando hacemos cosas parecidas", expresó. "Voy a encontrar la paz, o el alivio al menos, cuando me digan que son más los involucrados, porque yo sé que fueron más, y que van a ir todos presos. Quiero una condena equiparable a la muerte de mi hermana, que no va a estar nunca más con nosotros", finalizó.
El caso
El pasado 5 de abril de 2020, cuando en la provincia puntana las salidas estaban restringidas por el DNI, (un día tenían permitido circular los que terminaban con número impar, al otro los pares), Magalí salió de su casa a comprarle comida a sus hijos en bicicleta, pero mientras ellos la esperaban en la casa de una vecina, la detuvieron por violar la cuarentena.
Acto seguido, la mujer se dirigió a la comisaría 25, hecho que quedó registrado por las cámaras de video de un banco y corroborado por testigos, y según trascendió, Magalí quedo detenida, incomunicada y alojada en una celda por violación al ASPO, pese a que no existió orden, al menos escrita, de ninguna autoridad judicial.
Además, fue trasladada al Hospital de Santa Rosa del Conlara para que la revisara un médico, quien constató que no presentaba las lesiones en los brazos y otros sectores del cuerpo que se detectaron luego, cuando fue hallada ahorcada en una de las celdas con el cordón de su buzo.
Según testigos y algunos policías, Magalí gritó y golpeó puertas en la seccional, mientras que pidió ser liberada para cuidar a sus hijos, pero finalmente, fue hallada muerta por asfixia, aunque los agentes que estaban a cargo del lugar en ese momento fingieron un suicidio.
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