El sindicato de presos desató una verdadera revolución en las cárceles federales. A partir de su conformación, en julio de 2012, consiguió que muchos de los internos cobren el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. En la actualidad siete de cada diez detenidos alojados en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF) perciben hasta 4.400 pesos mensuales.
Según pudo saber PERFIL, sólo por el mes de septiembre pasado el Estado pagó 31 millones de pesos en salarios de presos. Al cabo de un año se habrán gastado cerca de 372 millones de pesos.
Actualmente la población carcelaria en las unidades federales es de 10.322 personas. Al menos 7.300 forman parte del programa laboral, aunque no todos desarrollan una actividad porque el número supera el cupo de plazas disponibles. A eso debe agregarse los pedidos de licencia por enfermedad o la ausencia por comparendo, traslado y otra actividad vinculada a la causa judicial.
El principal logro del Sindicado Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla), que forma parte de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que conduce Hugo Yasky, es que el Estado pague el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil cuando el interno cumple las 200 horas de trabajo (seis horas por día), algo que sucede en el 95% de los casos.
Antes, el interno cobraba por hora y el dinero que obtenía como peculio no solamente era infinitamente menor al que percibe en la actualidad, sino que recién podía acceder al mismo cuando era excarcelado.
“Los que trabajan en contexto de encierro tienen los mismos derechos. Los dos pilares de la ley penal son el estudio y el trabajo. El trabajo es precario, en muchos casos casi esclavo. En otras unidades aún se les paga con tarjetas de teléfono. El objetivo es remitir a todo lo que pasa en el medio de trabajo libre, pero es difícil porque se necesita un cambio cultural. Con dos años se logró una mesa de diálogo entre el sindicato y el SPF, en la que se pueden tratar todos los temas”, explica a PERFIL la abogada Mariana Chávez, representante legal de Sutpla.
Según fuentes penitenciarias, en el año 2008 trabajaban cuatro mil internos, menos de la mitad de la población total. En 2010 el número llegó a 5.300. Pero fue a partir de 2012 cuando se dio el salto más grande. De acuerdo a los voceros, el salario que perciben los presos es para todos: condenados y procesados.
La idea del sindicato es que los internos que trabajen sean bancarizados, algo que todavía no se consiguió. Por ahora les pagan con cheques que sus familiares pueden cobrar con un poder firmado por el detenido.
Un dato llamativo es lo que sucede en el penal de Villa Devoto, donde existe la mayor presencia sindical: los 1.600 detenidos cobran un salario. Fuentes del gremio indicaron que, previo a 2012, había 600 trabajadores en la cárcel porteña, sobre 1.600 detenidos. “Este año trabajan todos y cobran, en promedio, 3.400 pesos”, destacaron. Allí también hay ART, ropa de seguridad y otras medidas que consiguió el sindicato.
Otra pelea que tiene Sutpla es por la remuneración a los internos que se encargan de asear el pabellón, conocidos en la jerga como “limpieza”. “Esas son obligaciones que tienen que ver con el régimen diario, son reglas de convivencia que no deberían ser consideradas como una tarea laboral”, respondieron a PERFIL desde el SPF.
El gremio se fundó hace dos años en el penal de Villa Devoto, donde actualmente están alojados todos los integrantes de la comisión directiva, con excepción del secretario gremial César Rodrigo Díaz, quien purgó una condena por robo y está libre.
En la actualidad Sutpla tiene representantes en otras cuatro cárceles federales: los Complejos Penitenciarios I y IV de Ezeiza, la Unidad Nº 4 de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, y el Complejo II de Marcos Paz. También cuentan con una seccional en el penal de Viedma, dependiente del Servicio Penitenciario de Río Negro.
La influencia de “La Cámpora”, que ganó espacio por su actividad en el Centro Universitario de Devoto (CUD) y de la mano del ex director del SPF Víctor Hortel, quien renunció en 2013 luego de la escandalosa fuga en la cárcel de Ezeiza, fue clave en la conformación del sindicato.
“Para nosotros el gremio parte desde un lugar erróneo: no puede haber un sindicato que represente a los detenidos por su condición de privado de la libertad; ellos deberían estar garantizados por la actividad que realizan”, señalaron desde el SPF.
La nueva situación plantea un escenario particular en el futuro: un detenido condenado a perpetua, por ejemplo, podría jubilarse de preso.
Quiénes son y qué delitos cometieron los jefes del gremio de detenidos
- Secretario general: César Rodrigo Díaz. Condenado por robo calificado. Libre.
- Secretario adjunto: Roberto Manrique. Procesado por robo calificado y otros. Tiene salidas transitorias.
- Secretario de Administración y finanzas: Maximiliano Zeballos. Perpetua por homicidio agravado por alevosía.
- Secretario de Asuntos Jurídicos: Alejandro Gutiérrez. Condenado a 24 años de prisión por robo agravado y tenencia de arma.
- Secretario de DD. HH. y Asuntos Penitenciarios. Gastón Brossio. Condenado a 23 años por homicidio en ocasión de robo.
- Secretario de Salud y Seguridad: Eric Vilte. Procesado por homicidio en ocasión de robo.
- Secretario gremial: Cristian Reyes. Procesado por robo y resistencia a la autoridad.
- Secretario de actas: Leonardo Fernández. Procesado por infración a Ley 23.737 (drogas).
- Secretario de prensa: Vicente Rago. Purga una condena a siete años de prisión por robo agravado.
- Secretario de Acción Social: Gustavo Moreno. Procesado por robo en poblado y en banda, asociación ilícita, abuso de arma y privación ilegítima de la libertad.
- Secretario de Organización: Carlos Giménez Guell. Condenado a 11 años de prisión como coautor del delito de robo agravado.
- Secretario de deportes: Cristian Lico. Procesado. Delito: robo, resistencia a la autoridad y abuso de arma.
- Secretario de extranjería: Jaime García Rivero. Procesado por infracción a la Ley 23.737 (drogas).
