Los tres fiscales del caso Dalmasso en la mira

Darío Vezzaro, el abogado propuesto como nuevo Fiscal General de la Provincia, anticipó que en caso de confirmarse su designación, investigará la actuación de los cuestionados fiscales de la causa por el asesinato de Nora Dalmasso en Río Cuarto. Por la tarde, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba se proclamó en defensa de la independencia del Poder Judicial y pidió "mesura" y "prudencia" antes de iniciar un jury de enjuiciamiento contra los fiscales del caso.

Pese a las airadas manifestaciones en su contra, los fiscales, Javier Di Santo, Fernando Moine y Marcelo Hidalgo, confirmaron que apelarán la medida del juez de Control Daniel Muñoz, quien dispuso la libertad del imputado por homicidio Gastón Zarate, 22 horas después de su detención.

" En caso de que yo asuma voy a evaluar la situación de estos fiscales desde el punto de vista estricto de la ley", comprometió Vezzaro.

El futuro funcionario, abogado penalista de 39 años propuesto por el gobernador José Manuel de la Sota cuyo nombramiento debe ser ratificado por la Legislatura, explicó que " la Ley prevé una serie de supuestos en los que el fiscal general debe intervenir".

Indicó que en algunos casos el fiscal general debe "hacer correcciones, o puede de alguna manera iniciar una investigación" y que "por eso, una vez asumido el cargo, tengo que evaluar que es lo que ha ocurrido en el expediente, que es lo que ha pasado".

Advirtió Vezzaro que el fiscal general "no tiene por función opinar sobre los fiscales" pero " si detecta alguna irregularidad en alguna causa concreta, en alguna particular situación, puede iniciar una investigación o sumario".

Esa acción, señaló, puede realizarse "a los fines de averiguar si existe alguna irregularidad en la investigación" pero, aclaró, "no puede decirle a un fiscal inferior" las decisiones que debe tomar, porque "esto está prohibido expresamente por la Ley".

Los fiscales del caso Dalmasso apelaron la medida del juez Guzmán, que liberó al pintor de 27 años, a quien habían acusado por homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y hurto agravado.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba difundió un acta-acuerdo en la cual el órgano supremo de Justicia dijo que la independencia "debe ser respetada por los restantes Poderes del Estado, ciudadanos y por los medios de comunicación social, evitando con ello, juicios paralelos y declaraciones proclives a que la opinión pública construya conclusiones que no se encuentren fundadas en pruebas incorporadas al juicio".

Acerca del impulso al enjuiciamiento de los fiscales Di Santo, Moine e Hidalgo, el TSJ dijo que si bien "el mal desempeño autoriza la promoción de un jury", esto no quita que deba emplearse "con mesura, y prudencia, ya que los jueces y fiscales como es sabido, no pueden ser enjuiciados por el contenido de sus decisiones, salvo actividad delictual o reiterados pronunciamientos con desconocimiento del derecho".

El acuerdo, firmado por el presidente del TSJ, Armando Andruet, y el resto de los vocales, llama "a la reflexión y cordura a la sociedad, para que profundice su participación cívica en el marco del estado de derecho y no por una pendiente resbaladiza que amenaza con diluir la misma institucionalidad de los Poderes del Estado