Luciano Nahuel Arruga era lo suficientemente negrito y pobre como para ser desaparecido por la Policía y luego ser ignorado por la Justicia, el poder político, casi todos los medios y gran parte de la opinión pública.
La cruda historia del joven de 16 años que, según su familia, se negó a ser un “pibe chorro” armado, a sueldo de la “maldita Policía” Bonaerense en zonas liberadas, y que fuera visto por última vez con vida el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador (La Matanza), es una de las violaciones a los derechos humanos más graves en la Argentina desde 1983.
Luciano era un adolescente que debía salir a “cartonear” en edad escolar para ganarse unos mangos, y lo secuestró el mismo aparato estatal, según denunció la familia. Ni siquiera en el caso de Jorge Julio López, un emblema de los desaparecidos en democracia y elevado a asunto de Estado por los Kirchner, hay tanta certeza de una captura institucional.
Las Abuelas y Asociación de Madres de Plaza de Mayo son capaces de enviar micros a los juicios orales contra ex represores por crímenes cometidos hace 36 años. En cambio, el caso Arruga, perpetrado en los años dorados K, apenas despertó un tímido apoyo, incluida la Secretaría de DD.HH. de la Nación. Luciano es un desaparecido clase B.
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