Mauricio Macri tomó la decisión hace pocas semanas. Fue luego de las últimas tomas en la Villa 31, a mediados de marzo, cuando uno de los efectivos de la Policía Metropolitana confirmó a sus superiores que se sospechaba: varios vecinos dentro del barrio tenían armas largas que apuntaban a los agentes, para evitar que avancen entre las casillas.
Si bien no hubo fuertes tiroteos, el episodio fue una bisagra: demostraba efectivamente que el barrio dejó de tener un sesgo familiar y que concentra cada vez a más bandas armadas. Una bomba de tiempo a sólo 15 cuadras del Obelisco.
“Hay mucha más gente pesada y con armas, la delincuencia fue creciendo al ritmo del avance de la droga”, reconoce en off un funcionario del Gobierno porteño que participó de la mesa chica donde ya se decidió que la Policía Metropolitana entrará fuerte en la villa. Aunque claro, en público se hablará de una paulatina “urbanización” y “sociabilización”.
Un ministro porteño –quizá el que más caminó por sus pasillos– se sincera: “La única salida que tenemos es militarizar la Villa 31 y la Bis”, confiesa a pesar de no haber encontrado una solución para evitar que se potencien los conflictos tras varios años de gestión macrista.
Esta semana la Dirección de Intervenciones Complejas de la Policía Metropolitana –una fuerza de cien hombres con entrenamiento especial– evitó que se produzca un nuevo corte en la Autopista Illia, contigua a la villa. “Van a poder protestar, pero no los vamos a dejar cortar más”, aclaró uno de los jefes del operativo.
Significó el primer paso del avance territorial sobre las 31, que implicará la asignación de unos 200 agentes sólo para esa zona en una primera etapa. Pero estiman que serán el doble antes de que termine la gestión, adelantan fuentes del Ministerio de Seguridad.
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