El Patronato de Liberados "Dr. Jorge H. Frías" trabaja junto al sistema judicial penal para "contribuir a la prevención y disminución de la criminalidad y de la reincidencia". Pero el organismo funciona a medias desde enero de 2012, y sus 112 empleados no cobran desde el mes pasado. Los trabajadores permanecen en estado de alerta y movilización y mañana a las 10 marcharán frente al Palacio de Justicia, en Talcahuano al 550 del centro porteño.
Ocurre que el patronato, que supervisa a toda la población penal o que tiene causas penales, funciona como una ONG en la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia del resto del país, donde depende de los gobiernos provinciales. Los fondos son aportados por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia de la Nación, administrados por una Comisión Directiva integrada por jueces retirados y en actividad.
"Desde enero tenemos problemas para trabajar", denunció a Perfil.com Silvina Blanco, una de las asistentes sociales del organismo. "Ahora nos adeudan octubre y todavía no nos pagaron. Se está por terminar el año, empieza la feria judicial, durante la cual nosotros seguimos trabajando, y no nos garantizan que vayan a estar los fondos para pagarnos el año que viene", agregó.
Los 112 empleados -en su mayoría trabajadores sociales, algunos psicólogos y administrativos- deben manejar un promedio de 7.000 causas mensuales. Desde enero realizan retención de tareas, dado que cobran tarde, o sólo un porcentaje de sus salarios.
"Durante este año estuvimos trabajando un promedio 10 días del mes y el resto no", comentó Blanco, y agregó que "la Comisión Directiva ha demostrado una absoluta ineficiencia para administrar". La retención de tareas produjo "el abandono de la población que asiste y supervisa, personas que cuentan con causas penales", denunciaron los trabajadores en un comunicado.
Los empleados reclamaron ante el Ministerio de Trabajo, que encabeza Julio Alak, y ante la Corte Suprema, pero las negociaciones están congeladas, aseguró Blanco a Perfil.com.
El problema de fondo, según dicen, es que al estar encuadrados como una ONG, no los representa el gremio judicial de Julio Piumato y no pueden reclamar ante el Ministerio de Trabajo, que lo considera como un "problema entre las partes".
"Nuestra tarea es judicial, nos sentimos judiciales, trabajamos en edificios que pertenecen al Poder Judicial. Somos los tercerizados del sistema judicial", denunció Blanco.
