Más de 30 escuelas e instituciones públicas denunciaron ante la Justicia haber contratado los servicios de la clínica ilegal "Argentina Salud", que operaba en la localidad bonaerense de González Catán.
Este nuevo escenario complica severamente el futuro procesal de los seis detenidos actuales, quienes conocerán en el corto plazo la ampliación de sus imputaciones por los nuevos hechos incorporados al expediente.
La primera parte de la investigación, liderada por el fiscal Fernando Garate, determinó que el establecimiento médico utilizaba un esqueleto ilegal para divulgar su supuesto "conocimiento" médico.
Las revelaciones de los médicos que atendían en la clínica trucha
Fuentes del caso confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que se espera que en las próximas horas se sumen más hechos a las acusaciones contra los detenidos en la mega causa. Como parte de las medidas dispuestas para esta semana, la fiscalía requerirá nuevas declaraciones de testigos.
El rol de los falsos médicos con estructura ilícita
Varias de las indagatorias a las personas que trabajaban en el lugar resultaron fundamentales para destrabar el trasfondo de la organización. Uno de los acusados, identificado por sus iniciales C.C., confirmó ante las autoridades que posee el título de doctor en Bolivia, pero que carece por completo de la habilitación correspondiente para ejercer en la República Argentina.
En su extensa declaración testimonial, C.C. aportó datos clave sobre la operatoria: explicó que fue una compañera quien lo contactó con Alberto Santarceri, dueño de la firma. Fue el propio Santarceri quien se encargó de entregarle una oficina en la localidad de Virrey del Pino y un sello perteneciente a un médico real, el doctor Gonzalo La Torre.
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Guardias baratas y sellos adulterados
El imputado también reveló detalles del trabajo diario y las condiciones en las que operaban. Según detalló, cuando salían a realizar asistencia en las ambulancias, ya llevaban consigo certificados médicos previamente sellados por la organización. Asimismo, especificó que el pago que recibían de la firma de Santarceri ascendía a los $80.000 por cada guardia de 24 horas trabajada.
Otra de las declaraciones que cobró gran interés para el fiscal Garate fue la de D.S., quien confesó una situación similar. La mujer confirmó ser médica graduada en Cuba, pero admitió no estar habilitada para ejercer en el país. Al igual que su compañero, declaró que atendía a los pacientes de la zona utilizando un sello profesional que le había sido provisto directamente por el dueño de la clínica trucha.
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En tanto, los principales acusados ligados a la conducción del establecimiento "Argentina Salud" optaron por el silencio y se negaron a declarar ante la Justicia.
La investigación penal está bajo la dirección del juez de garantías Rubén Ochipinti y del fiscal Fernando Garate, quienes buscan determinar si detrás de la firma funcionó durante años una organización delictiva dedicada formalmente al ejercicio ilegal de la medicina, mediante el uso no autorizado de matrículas y sellos de profesionales reales.
En paralelo, en el expediente comenzaron a presentarse médicos legítimos cuyos nombres e identidades profesionales habrían sido utilizados sin su consentimiento; según el avance de la pesquisa, estos profesionales figuran formalmente como víctimas de las maniobras y habrían sido estafados por la estructura criminal.
La causa judicial tuvo su origen a partir de la denuncia de una médica que detectó el uso irregular de su identidad profesional, lo que desencadenó una serie de allanamientos en las localidades de González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning.
En dichos procedimientos, donde las fuerzas de seguridad secuestraron documentación, computadoras, dispositivos electrónicos y una valija repleta de sellos médicos oculta en el baúl de un vehículo vinculado a la banda, se logró la detención de un total de 29 personas.
Sobre este tendal de imputados pesan graves acusaciones por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos, delitos a los que la Justicia no descarta sumar nuevas imputaciones por estafa a medida que avancen las denuncias de los pacientes que fueron atendidos en los distintos establecimientos bajo sospecha.
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