El ruido metálico de la puerta del penal suena primero. Luego, el eco de los pasos y la voz de un guardia que se acerca y le coloca las esposas. Allí está Pablo Laurta, el presunto autor de una saga de crímenes en Córdoba y Entre Ríos: el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, y el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio.
En esa celda de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, el múltiple homicida fue alojado después de permanecer detenido en Concordia. A diferencia de otros detenidos, su habitación tiene una cama, un baño privado con inodoro y ducha, y algo de espacio para moverse. Allí permanecerá hasta su traslado a Córdoba, donde lo espera otra causa más grave y el interrogatorio de los fiscales que lo acusan de femicidio.
Si bien no declaró, Laurta dejó algunas frases en su breve contacto con la prensa. “Me tapan la cara para que no hable”, gritó ayer cuando lo sacaban esposado de la fiscalía de Concordia, escoltado por policías y cámaras. Días antes, ante los periodistas, había dicho: “Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”.
El abogado del acusado, José Legarreta, se aferra a esa cadena de declaraciones confusas como punto de partida para su estrategia de defensa. “No descarto que haya vivido una situación de psicosis”, aseguró el letrado ante la jueza de Garantías N°4 de Concordia, Gabriela Seró, quien le dictó a Laurta 120 días de prisión preventiva por el homicidio del remisero Palacio.
La idea de un brote psicótico toma fuerza en la defensa. El propio Laurta, de nacionalidad uruguaya, ha mostrado desde su detención un comportamiento errático, entre momentos de calma y episodios de exaltación. En cada traslado, lanza frases cargadas de misticismo o delirio: “Todo fue por justicia”, dijo la primera vez que lo llevaron desde Córdoba a la provincia de Entre Ríos; “hay que venerarlo, es un mártir”, repitió después, sin aclarar a quién se refería.
Según la imputación, el 11 de octubre, en la ciudad de Córdoba, Laurta habría irrumpido armado en la casa de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, en el barrio Villa Serrana. Las mató a balazos y huyó llevándose a su hijo de 6 años, con la intención de cruzar el río Uruguay y llegar a su país natal. No logró hacerlo: fue detenido horas después en un hotel de Gualeguaychú, con el niño sano y salvo.
Pero antes de llegar allí, Laurta habría cometido otro crimen. Según la fiscalía entrerriana, contrató a un remisero, Martín Sebastián Palacio, a través de una aplicación de viajes, con el fin de que lo trasladara desde Buenos Aires hacia Córdoba. Sin embargo, lo asesinó a mitad de camino, desmembró su cuerpo y se apropió del vehículo –un Toyota Corolla–, además del dinero del chofer. Por este hecho fue imputado en Entre Ríos por “homicidio criminis causa”, una figura que agrava la pena al considerar que mató para encubrir otros delitos.
Ahora, tras la imputación y la medida de prisión preventiva, el acusado fue trasladado nuevamente. Desde Concordia viajó hacia Gualeguaychú, y desde allí llegará a Córdoba, donde lo esperan nuevos interrogatorios. El fiscal Ignacio Telenta confirmó que el pedido de traslado responde a la solicitud del Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar N° 2 de Córdoba, que ya había emitido una orden de captura nacional e internacional por “homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género”.
Cuando finalmente llegue a Córdoba, será recibido por personal del Servicio Penitenciario provincial, que evaluará sus condiciones físicas y psicológicas antes de disponer su traslado final a la cárcel de Cruz del Eje. Allí también permanecerá en un sector de aislamiento, sin contacto con otros reclusos, mientras se completan las pericias ordenadas por la Justicia. Recién después de esos estudios se determinará si puede integrarse a un pabellón común o si permanecerá bajo un régimen de resguardo especial.
En la celda de Gualeguaychú, Laurta tiene permitido el ingreso de alimentos, papel y lapicera. Escribe, dicen los guardias, aunque nadie sabe qué. El espacio es pequeño, pero limpio: cama de hierro, frazada gris, una ventana con barrotes y un baño separado. No hay contacto con otros presos. La televisión está prohibida. Solo le permiten recibir visitas de su abogado.
El propio Legarreta insiste en que su cliente “no comprende la gravedad de los hechos” y que pedirá pericias psiquiátricas para evaluar su estado mental. “Todo indica que atravesó una crisis psicótica”, sostuvo ante los medios. Para la defensa, esa alteración mental sería clave para solicitar la inimputabilidad.
“No revestía peligrosidad”
Un año antes de cometer el doble femicidio, Pablo Laurta fue sometido a una pericia psicológica y psiquiátrica que concluyó que “comprendía la criminalidad del hecho y no revestía peligrosidad”. Esa evaluación se realizó cuando estuvo detenido por violar una orden de restricción impuesta por su expareja, Luna Giardina, una de las víctimas.
Laurta fue imputado por desobediencia a la autoridad y estuvo preso durante un mes, entre enero y febrero de 2024. En ese marco se practicó la pericia que lo declaró imputable y sin rasgos de agresividad.
La primera denuncia contra Laurta había sido presentada en octubre de 2023, cuando la joven decidió terminar la relación.
La jueza de Violencia Familiar, Victoria Jalil, dispuso una restricción de acercamiento, le otorgó a Luna un botón antipánico y ordenó colocarle al agresor una tobillera electrónica. Sin embargo, la medida nunca se concretó: el uruguayo se trasladó a su país y regresó a la Argentina por un paso clandestino. Hasta el día del crimen, la restricción y el botón antipánico seguían vigentes.
