La Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del empresario Rodolfo Bomparola y los demás acusados de pertenecer a la denominada red de "narcos vip", desbaratada en noviembre pasado.
De esta forma, la Justicia dejó a las puertas del juicio oral a la banda que operaba en Las Cañitas y por la que está preso Bomparola. La Cámara los acusa por los delitos de "asociación ilícita y comercialización de estupefacientes". Además de Bomparola, quedaron procesados con prisión preventiva Claudio Garrido Piñeda, Gastón Mercau, Leandro Orueta y Ruth Haydée Soria, entre otros.
Según confirmaron fuentes judiciales a la agencia DyN, también se confirmó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Mario Arrospide, Silvana Donati, Abigail Oyarzábal y la modelo dominicana Zahina Rojas.
Los abogados defensores habían cuestionado "el inicio de las actuaciones por la reserva de identidad del denunciante alegando que esa situación no permitió el debido control de las partes para asegurar el derecho de defensa".
Sin embargo, los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun defendieron el curso de la causa, al señalar que se debe "procurar una investigación eficaz, dadas las características de estos delitos y los compromisos asumidos por el Estado Argentino".
"Son esos fundamentos los que inspiraron al legislador a disponer el anonimato del denunciante y a facultar al juez a reservar la identidad de los testigos, cuando advierta un peligro para su vida o integridad física, pues en esos supuestos se limita la facultad de confrontar y presenciar sus declaraciones en atención a los demás intereses en juego", se señaló.
La Cámara Federal también rechazó el pedido de nulidad de escuchas telefónicas, al afirmar que "la orden de intervención del teléfono aludido fue una consecuencia directa de las labores practicadas por los auxiliares del proceso en el marco de la encuesta expresamente encomendada, válidamente acompañadas a la pesquisa, bajo la dirección y control del magistrado interviniente".
"Uno de los cauces que dio inicio a la investigación, se centraba en la posible venta de droga por parte de R.B. De su desarrollo, surgió clara la intervención del nombrado en la comercialización de estupefacientes", sostuvo el procesamiento.
Tras resaltar que en su casa se secuestró drogas, balanzas y elementos de distribución, la Cámara Federal afirmó que "surge también de la causa que entre otras personas, eran sus clientas Z.R. y A.O. pero ellas -a su vez- comercializaban parte del estupefaciente entre sus conocidos y otro tanto lo destinaron a su consumo".
"Se ha acreditado que B. adquirió los narcóticos de A.C. (quien se suicidó cuando se intentaba allanar su domicilio) y de P.G.P., en lo que "a priori" aparecen como dos líneas de abastecimiento", se destacó.