Hace rato que el modelo de la seguridad garantizada como principal atractivo para irse a vivir a un country dejó de ser una oferta seductora. Por ejemplo, La Providencia Resort & Country Club, ubicado en la localidad bonaerense de Canning, cuenta con un barrio que recrea el estilo arquitectónico de los pueblos de la Costa del Sol española. Es un lugar soñado, ideal para disfrutar de una vida en tranquilidad, excepto por un detalle no menor: un vecino de 53 años terminó baleado por una banda armada que entró a robar a su casa.
El caso ocurrió el lunes de 9 marzo pasado, pero sirve ahora para graficar el aumento pronunciado de la inseguridad y la violencia en las urbanizaciones cerradas, donde en los tres primeros meses del año hubo al menos 33 intentos de robo, 30 de ellos con delincuentes armados.
Lo que sucedió en La Providencia no es un hecho atípico: en 2017 el famoso bailarín Hernán Piquín fue atacado a tiros por delincuentes en el country El Hábitat de Pilar y, el año pasado, en plena cuarentena, un contador de 54 años resultó herido de bala en un intento de robo ocurrido en el barrio Los Robles del Monarca, en el mismo partido bonaerense.
El miércoles 17 de marzo cinco delincuentes coparon el country San Lucas de San Vicente, ubicado en la ruta 58, a la altura del kilómetro 16. Entraron a dos viviendas y maniataron a sus víctimas. “Fue un desastre, unas horas de terror”, recordó en su momento una de las damnificadas.
La mayoría de los casos ocurrieron en el Gran Buenos Aires. Entre ellos, figuran La Reserva Cardales de Campana, La Rinconada y La Peregrina de Pilar, y El Candil de Guernica. También hubo casos en el interior de la Provincia, como el registrado en Barrancas San Benito de Mar del Plata.
En todos los hechos lo que falló fue la seguridad. En el caso de San Lucas, los autores actuaron con total tranquilidad sin que los guardias pudieran advertir la intrusión. Claro, en el sector del barrio por el que lograron ingresar no había cámaras ni sensores de movimiento.
Según datos del Comité Argentino de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), a los que tuvo acceso PERFIL, en el 88% de los casos reportados los delincuentes accedieron al predio por el perímetro, mientras que un 9% lo hicieron por el control de ingreso principal. Lo llamativo es que, de los 33 robos reportados hasta el 30 de marzo pasado, en solo uno de los hechos la seguridad logró frustrar el plan delictivo.
Este número, claramente, desnuda una triste realidad: la escasa inversión en tecnología y mantenimiento. “La contramedida más eficiente es la incorporación de tecnología. El humano siempre es importante y lo seguirá siendo, porque es el que audita, el que gestiona y el que toma decisiones ante determinados inputs que le da la tecnología. Pero la tecnología es absoluta y completamente necesaria para la gestión adecuada de la seguridad”, entiende Raúl Castro, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios, y en Seguridad Privada, e integrante de ALAS.
Desde la Asociación explican que el principal problema es que las urbanizaciones “no incorporan en el plan de seguridad un sistema con asesoramiento de especialistas en seguridad”.
“Por lo general, arman un barrio y le ponen cámaras porque su asesor es el que vende cámaras, o le ponen barreras porque el asesor vende barreras. Como siempre decimos, entonces, pondrían cocodrilos y unas fosas si el que los asesora fuera de un criadero de cocodrilos. La realidad es que deberían nutrirse de la actividad de profesionales que lo que hacen es asesorar en el diseño exclusivo de seguridad y después, el desarrollador, buscar los distintos oferentes en la industria que le ofrezcan las soluciones tecnológicas para ese dispositivo de seguridad previamente diseñado. Pero esto generalmente no se da”, dicen desde ALAS.
En aumento. La curva de casos aumentó exponencialmente en el primer trimestre de 2021 y en el 91 % de los casos fueron violentos con rehenes y amenazas con armas de fuego.
De acuerdo a los datos que maneja ALAS, presidida por Diego Madeo, el año pasado registraron 23 episodios, aunque en un contexto atípico por el aislamiento, social y preventivo que decretó el Gobierno el mes de marzo.
En 2018, la Asociación registró un total de 81 intentos de robo, con una muy baja presencia de delincuentes armados, una realidad que cambió peligrosamente en los últimos meses. Y que preocupa. Porque la inseguridad no es solo un problema del afuera: hace rato que traspasó muros y alambrados.
El antecedente que aterra
R.P.
En agosto del año pasado ocurrió un hecho que prueba la logística y el poder de fuego de algunas bandas que se dedican a robar en countries, clubes de campo o barrios cerrados. Fue en el country
Haras San Pablo de General Rodríguez, ubicado en la ruta provincial 6, a 3,5 kilómetros del Acceso Oeste, donde un grupo provisto con chalecos antibalas, gorras y armas largas redujo a los guardias y tomó el control del barrio, mientras los vecinos dormían sin imaginar lo que estaba pasando afuera.
Las cámaras de seguridad del acceso registraron el momento en el que la organización entró en acción: eran al menos diez hombres, todos de negro, que corrían en distintas direcciones.
Encerraron y ataron a los guardias en una oficina cercana al ingreso y llegaron a las casas a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, que luego también utilizaron para escapar. Podrían haber desvalijado todo el barrio, pero finalmente solo entraron a tres casas.
