La causa por el doble crimen de las turistas francesas, ocurrido en Salta en 2011, volvió a quedar envuelta en una polémica tras un operativo que terminó entre forcejeos y denuncias cruzadas. El episodio ocurrió cuando se intentó obtener una muestra de ADN de Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, que estuvo más de diez años preso por el caso hasta que la Corte Suprema anuló su condena y ordenó su liberación.
La investigación por los asesinatos de Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (24), cuyos cuerpos fueron encontrados en la Quebrada de San Lorenzo tras dos semanas desaparecidas, atravesó múltiples irregularidades a lo largo de los años. A inicios de 2025, la Justicia salteña decidió reactivarla al conformar una Unidad Fiscal Especializada. En ese marco, se ordenó la extracción de ADN de diferentes mujeres para cotejar un perfil genético detectado por peritos franceses en el cuerpo de una de las víctimas.
Tras realizar los procedimientos, desde el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) indicaron que más de 14 personas concurrieron al hisopado bucal y la única que se negó fue Yapura. En ese momento, sus abogados, José Vargas y Roberto Reyes, sostuvieron que la autorización para la prueba tenía que "salir de un juez de Garantías, no de una orden simple y concreta" y vincularon la solicitud a lo que le ocurrió a su esposo, "que pasó de guia a imputado y luego a condenado".
Por eso, la Justicia ordenó una "extracción compulsiva" de ADN a la mujer, autorizada por el juez Ignacio Colombo, y se precisó que en caso de negativa, se dispondría su traslado con el uso de la fuerza pública. Pero el procedimiento terminó en escándalo cuando la pareja de Santos Vera se resistió y terminó siendo arrastrada por personal policial femenino, en medio de gritos.
"¿Por qué lo hacen? Quiero que vengan los peritos, que venga el fiscal. Después dicen, ¿por qué no se quiere sacar la muestra? Porque son unos corruptos. Quiero que busquen a esa gente maldita y sucia que mató a las chicas, háganle un hisopado a ellos”, se la pudo escuchar decir a la mujer en uno de los videos que trascendió del hecho, donde se la ve sentada en el piso. Lo ocurrido quedó captado por los letrados y por periodistas franceses que siguen el caso y estuvieron en el lugar.
Sus palabras se debieron a que supuestamente durante la diligencia debía estar presente un perito de parte para su control, lo cual fue ratificado por sus letrados pero cuestionado por los fiscales. Después de la polémica, el Dr. Reyes comentó ante los medios locales que Yapura padece cáncer, atraviesa un tratamiento oncológico y sigue bajo controles médicos. "Esto le genera estrés intenso, angustia y afectación emocional severa, incompatible con su recuperación”, agregó.
Cabe recordar que los brutales femicidios de Cassandre y Houria forman parte de uno de los procesos judiciales más controvertidos en Argentina y volvieron a tomar fuerza tras la visita del padre de la primera de ellas, Jean-Michel Bouvier al país (el 7 de marzo pasado) y una nueva denuncia contra Vera por presunto abuso sexual, que estaría prescripta por haber sucedido hace más de 15 años.
La versión de la Fiscalía
Desde el MPF de Salta dieron una versión distinta de lo sucedido. A través de un comunicado, sostuvieron que Yapura “se resistió activamente” al estudio y se habría arrojado al piso para impedir la extracción. También denunciaron que supuestamente hubo una “maniobra armada” por parte de la defensa y señalaron que los abogados filmaban el operativo sin autorización.
"Una vez en el interior de la sala y pese a que el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales le explicó, en presencia de sus abogados, que la medida no era invasiva, no prestó colaboración para la realización del hisopado bucal, intentando incluso morder al personal a cargo", dice el documento oficial. La extracción, finalmente, no se pudo realizar.
Asimismo, relataron que Vargas y Reyes estuvieron presentes y filmaron con sus celulares mientras le indicaban a Yapura que solicitara la presencia del Procurador o del Gobernador. También aseguraron que una persona identificada como Roberto Ezequiel Reyes, que será "ajena al proceso" filmó la escena "pese a las advertencias de los funcionarios policiales y del personal del Servicio de Biología Molecular para que desista", porque éstos últimos no autorizaron la difusión de sus imágenes, motivo por el cual se secuestró su celular.
Además, añadieron que les "resultó llamativo" que la mujer "portara oculto entre sus prendas y adosado a su cuerpo un micrófono inalámbrico", el cual también fue advertido e incautado por integrantes de la Unidad de Investigaciones.
En relación a los peritos reclamados por Yapura, señalaron que ya fueron propuestos por su defensa, aceptados por la Unidad Fiscal e invitados a tomar posesión del cargo, pero por el momento no habrían concurrido. En tanto, recordaron que los cotejos genéticos requeridos buscan determinar si el perfil femenino detectado en Francia coincide con el de alguna de las citadas, ya sea por acción de arrastre o transferencia de las mujeres vinculadas a los sospechosos o una posible contaminación de quienes hicieron las pericias.
En ese sentido, aclararon que una coincidencia en el perfil genético de ninguna manera permitirá concluir que tuvieron participación en el hecho y, particularmente en el caso de Yapura, una eventual coincidencia tampoco podrá ser utilizada contra Vera, cuya situación procesal ya está resuelta tras su sobreseimiento por el paso del tiempo, en virtud del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló su condena.
Durante la tarde del lunes, la Procuración General de la provincia defendió la continuidad de las medidas de prueba en la causa y aseguró que el análisis de ADN forma parte de una investigación “técnica y científica” orientada a esclarecer definitivamente el crimen de Cassandre y Houria. Según indicaron, ya se realizaron las extracciones a las otras mujeres relacionadas a distintas líneas investigativas.
El repudio de Innocence Project
Luego de que trascendiera el escándalo, la organización Innocence Project, que busca exonerar a personas que fueron condenadas injustamente, repudió el procedimiento y denunció un caso de "violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error”. En la comunicación oficial, sostuvieron que Yapura “no está imputada” ni existe una sospecha concreta en su contra.
La ONG también cuestionó que la extracción se intentara realizar por la fuerza pese su estado de salud y comentaron que la defensa había apelado la orden judicial: “Este proceder carece de racionalidad y viola garantías básicas reconocidas por la Constitución Nacional. Afecta su libertad, su integridad física y psíquica, su intimidad genética, su dignidad, su derecho de defensa y el debido proceso”.
Por otro lado, expresaron que no se puso a disposición de la defensa el perfil genético con el que realizará la comparación, que debe estar definido de antemano para evitar la manipulación. Luego, concluyeron: “Al dolor infligido por la persecución injusta y la detención de Santos Clemente Vera durante más de diez años se suma ahora el hostigamiento estatal contra Beatriz".
Cómo fue el crimen de las turistas francesas
El caso ocurrió en julio de 2011 y causó conmoción en el país y en el exterior. Cassandre y Houria, estudiantes de la Universidad de La Sorbona, fueron a recorrer el Norte argentino después de la invitación de un profesor con el que habían compartido un Congreso en Buenos Aires. Tras haber desaparecido en una excursión, fueron halladas asesinadas dos semanas después en la Quebrada de San Lorenzo. Ambas presentaban signos de abuso sexual y tenían lesiones de arma de fuego.
La investigación derivó en una investigación cargada de irregularidades. Uno de los puntos más cuestionados fue la determinación del momento de las muertes: hubo pericias que indicaban un tiempo de entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, pero el primer juez de la causa, Martín Pérez, tomó en cuenta otras y fijó como día de los femicidios el 15 de julio, dos semanas antes del hallazgo de los cuerpos.
Además, se inició una causa por "apremios ilegales" a 15 policías, acusados de amenazar y torturar a los detenidos y acusados en la causa; algunos de ellos eran baqueanos que los habían ayudado a recorrer la zona. En 2014, Gustavo Lasi fue condenado a 30 años de prisión, mientras que Santos Vera y Daniel Vilte fueron absueltos. Sin embargo, dos años después, el Tribunal de Impugnación revocó ese fallo y condenó al primero de ellos a prisión perpetua.
Finalmente, en diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la condena al considerar que se habían violado las garantías del debido proceso y de su defensa. Hasta el día de hoy, el padre de Cassandre descarta que Vera haya estado implicado en el crimen de su hija y su amiga, y llegó a manifestar que prefiere "un culpable en libertad, que a un inocente en prisión".
FP/ff
