"Que vayan pasando los días y no los puedan capturar nos da mucha indignación", afirmó Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas del triple crimen. Ferrón sostuvo que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) "colaboró" en la fuga de los tres condenados del penal de General Alvear, al remarcar que "de la manera que escaparon, otra forma no hubo".
En declaraciones a radio Mitre, dijo "esperar" que "las fuerzas policiales logren apresarlos lo antes posible para la tranquilidad de las familias y de toda de la sociedad, y que cumplan su debido proceso penal".
Al hacer referencia al ataque que los prófugos perpetraron contra policías que los localizaron en la localidad de Ranchos en la madrugada del 31 de diciembre, señaló que "el miedo siempre está", al aclarar: "Ya vimos cómo opera esta gente, de qué manera se bajaron y le dispararon a matar a dos efectivos".
Ferrón sostuvo que los prófugos no son "gente que no esté preparada, que estén dando vueltas por ahí sin tener ningún destino", por lo que consideró que "hay cosas que las tienen planificadas, aunque no parezca". En un repaso del drama familiar, Ferrón dijo que se vieron "involucrados" en "algo muy grande" y lamentó la fuga "después de haber sufrido tanto hasta llegar a un juicio oral, a 7 años" del triple crimen.
"Es muy angustiante pasar todo esto, por lo menos ahora sentimos la posibilidad de que la gente que gobierna nos escucha, pero tampoco te alcanza", indicó. Ferrón señaló que, tras la fuga, el caso vuelve a "cero, al mismo momento en que los condenaron, o antes, porque los tenemos sueltos y no sabemos cómo quieren actuar, o que se puedan fugar del país y ya no regresar nunca más. Entonces sería otro caso impune y quedaría todo en vano", completó.
A 7 días de la fuga, los tres acusados del triple crimen, ocurrido en 2008, seguían siendo hoy buscados por las fuerzas de seguridad en la zona sur del Conurbano bonaerense. Schillaci y los hermanos Lanatta recibieron penas a cadena perpetua por el triple crimen ocurrido en agosto de 2008, cuyas víctimas, Sebastián Forza y Leopoldo Bina, además de Ferrón, estaban relacionadas con el tráfico de efedrina y los aportes a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
