Este jueves 20 de octubre, un año habrá pasado desde que se produjo el asesinato de Mariano Ferreyra. Una patota de la Unión Ferroviaria le disparó pasado el mediodía, en una callecita poco transitada del barrio de Barracas. Ferreyra, militante del Partido Obrero, había llegado a ese lugar para solidarizarse con los trabajadores tercerizados que reclamaban su incorporación al convenio laboral ferroviario. El sindicato se opuso. Tenía grandes intereses en juego, negocios basados en la tercerización en el ferrocarril.
La investigación judicial sobre el crimen, comandada por la jueza Wilma López, condujo a la prisión a diez procesados, que esperan el juicio oral que comenzará en febrero de 2012. Sin embargo, los miembros de la pata empresarial, involucrados en los negocios protegidos, no han sido investigados hasta el momento.
Ugofe, la sociedad que integran el Estado y los grupos Roggio, Cirigliano y Romero se hizo cargo del ferrocarril Roca en 2007. “Desde que se conformó Ugofe, la empresa pedía los fondos que requería a la subsecretaría, que los entregaba –explica José Luis García, ex jefe de Administración de Personal y Liquidación de Haberes de Ugofe, hasta su renuncia en 2009–. Siempre hubo fraudes. Yo comprobé que había una diferencia entre lo que giraba la Subsecretaría al empleador y lo que llegaba a los empleados en sus cuentas sueldo. Mi sueldo debía ser de 10 mil pesos. En cambio, cobraba 6 mil. Las diferencias eran de entre el 20 y 30 por ciento. Es un quiosco armado por los sindicatos La Fraternidad, Unión Ferroviaria, la Subsecretaría y los concesionarios.”
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