Agustina Díaz Cordero es la candidata de la lista Bordó de magistrados para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.
De resultar electa, se sumaría a los tres miembros que actualmente representan al estamento de los jueces en un órgano clave para la designación, supervisión y remoción de estos. Tiene una trayectoria de 29 años entre el Fuero Nacional en lo Comercial y el Juzgado Nacional de Familia. Coordinó también el Programa Nacional de Derecho Privado del Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano.
A continuación, los tramos centrales de una entrevista que concedió a PERFIL:
—Mencionó que se propone acercar el Poder Judicial a la gente. ¿De qué manera piensa llevar esto a cabo?
—Hoy el Consejo comunica solo una agenda propia y se ha desentendido de su rol central, que es asistir a los jueces, al servicio de Justicia. Los jueces a diario damos soluciones a las personas valiéndonos de muy pocos recursos, administrando la escasez con naturalidad, y ello nunca se comunica como valor. El quehacer judicial no forma parte de agenda comunicacional del Consejo. En cuanto a cómo hacerlo, no veo mal el manejo masivo de redes sociales; claramente es lo que sigue y advierto que el Consejo está trabajando bien en eso.
—¿Cree que efectivamente se llegará a los veinte miembros?
—El mayor problema se va a dar en las representaciones del Congreso. Espero que se pueda cumplir. Creo que va a primar la razón, porque desobedecer un fallo de la Corte Suprema, aunque no guste, es un hecho grave y sus consecuencias nunca son solo políticas ni internas. La imagen del país se deteriora mucho con esos errores evitables y lo que el mundo hoy nos demanda es ser más confiables y predecibles.
La seguridad jurídica no es un principio de los libros de derecho, es una condición para el desarrollo sustentable de una nación.
—¿Cómo ve el atraso en la aprobación de las ternas? ¿A qué se lo atribuye?
El atraso lo veo mal y la demora se la imputo a la falta de capacidad de establecer consensos. En los últimos años el Consejo también ha caído en la grieta política, las mayorías se generan con lo justo. Según quien sea el partido de gobierno, el Consejo toma un rumbo u otro totalmente contrario. Esa realidad hace que, cuando se requieren mayorías especiales y agravadas, las cosas no avancen.
La parálisis, a mi juicio, no tiene tanto que ver con la falta de equilibrio de la integración, sino con una visión equivocada de para qué está el Consejo. Ese es el problema central que yo advierto y vengo repitiendo a viva voz: el Consejo está ensimismado y dejó de trabajar para la Justicia.
—En su presentación, usted mencionó que existían carencias en el Poder Judicial que hacían que los jueces tuvieran que preocuparse hasta por el tóner de la impresora. ¿Podría mencionarme las que cree más urgentes?
—Como lo anticipé quiero hacer un relevamiento personal en todas las jurisdicciones –que ya he comenzado– y a partir de allí establecer un orden de preferencia para brindar atención prioritaria a los temas más urgentes, los que pueden variar en cada jurisdicción y en cada juzgado. La respuesta del Consejo debe ser de auxilio inmediato al tribunal que sea.
—¿Hasta qué punto el presupuesto condiciona el funcionamiento del Poder Judicial?
—Arriba del 90% del presupuesto de la administración de Justicia se dedica a sueldos. El remanente para inversiones edilicias y tecnológicas es insignificante. Aquí advierto un gran problema. Lógicamente es un inconveniente endémico y no solo afecta al Poder Judicial. Las cuentas nunca estuvieron bien. La discusión que creo que hay que dar es: ¿qué vamos a priorizar con lo poco que tenemos? Ese debate nunca he visto que se tratara con responsabilidad y pienso darlo.
—¿Ha evaluado presentarse nuevamente para formar parte de la próxima conformación en octubre?
Estoy centrada en ganar esta elección y en hacer una buena gestión, pensar en eso distraería fuerzas que se necesitan para sacar al Consejo de la delicada situación en la que hoy está.
