sábado 25 de junio de 2022
POLITICA PODER JUDICIAL

Juicio político a Llorens y Bertuzzi: los argumentos y qué puede pasar en el Consejo de la Magistratura

La Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia acusó por mal desempeño a los camaristas federales apuntados por Cristina Kirchner. Qué pasa si el Consejo de la Magistratura se anula tras la inconstitucionalidad de la Corte.

Legisladores kirchneristas de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, presentaron en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los dos camaristas federales son sindicados por el kirchnerismo como los autores de la teoría del cuentapropismo que desligó a la cúpula de la AFI macrista de las presuntas tareas sistemáticas de espionaje ilegal, acusados por mal desempeño de sus funciones..

La presentación se hizo el jueves pasado cuando Moreau y sus pares Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el senador Oscar Parrilli fueron hasta el edificio de la calle Libertad, donde funciona el Consejo.

Una vez ahí le presentaron al presidente Diego Moleas y los consejeros Gerónimo Ustarroz (Ejecutivo), Graciela Camaño, Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara (Legistativo) un documento de 25 páginas con los fundamentos recabados a partir de un extenso trabajo que realizó la Comisión en los últimos años respecto de las tareas de espionaje en el macrismo. No estuvieron presentes los representantes del estamento judicial ni los vinculados al PRO.

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De acuerdo al documento al que accedió PERFIL, la acusación contra Llorens y Bertuzzi, de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, cuestiona el fallo del 21 de diciembre pasado en el que esos jueces descartaron que haya existido una asociación ilícita comandada por cúpula de la AFI integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani para espiar políticamente.

Para la Bicameral ocurrió todo lo contrario y quedó claro en el planteo. De entrada insistieron con que "se llevó adelante un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el sólo hecho de su pertenencia política".

Quiénes son Llorens y Bertuzzi y de qué los acusan

Mariano Llorens es camarista federal desde 2018 tras un concurso que comenzó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y terminó durante el de Mauricio Macri. Hasta hace semanas presidía la Sala I, pero en diciembre fue elegido por sus pares para presidir la Cámara Federal de Apelaciones y manejar sus cuestiones administrativas.

De perfil bajo, su nombre saltó a la fama a mediados del año pasado cuando se conoció que fue uno de los magistrados que se reunió con Macri en la Quinta de Olivos. De hecho, ese es uno de los puntos principales por los que la Bicameral sostiene que es necesario hacerle un juicio político en el Consejo de la Magistratura.

También le cuestionan que no se haya excusado de intervenir en la megacausa de espionaje a pesar de que su primo, Rafael Llorens, sea querellante por ser una supuesta víctima. "Dicha circunstancia objetiva e incontrovertible determinaba que el juez no pudiera intervenir en este proceso", sostiene el planteo.

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Cerca de Llorens insisten con que "las cosas no son como las plantean" ya que supuestamente el encuentro con Macri fue para reclamarle cuestiones vinculadas al pago del impuesto a las ganancias de los magistrados en virtud de sus funciones en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Respecto de que el camarista no se excusó de intervenir en la causa iniciada en Lomas de Zamora a pesar de su vínculo con uno de los querellantes, insisten con que Llorens si lo hizo pero que la Cámara de Casación se lo rechazó.

Bertuzzi, el otro acusado, también firmó la resolución que favoreció a la cúpula de la AFI respecto del procesamiento por asociación ilícita y sólo marcó la ilegalidad de las tareas que llevaban a cabo algunos integrantes del grupo de WhatsApp Súper Mario Bros, como el espía Alan Ruiz. El planteo de la Bicameral también lo cuestiona por haberle puesto su firma al fallo a pesar de su criticado traslado irregular a esa Cámara durante el macrismo, que ahora está en concurso en el Consejo de la Magistratura.

Para la Bicameral, esos comportamientos son violatorios de un dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial sobre las implicancias éticas de las relaciones de los jueces con los más altos responsables políticos de la Nación y de jurisprudencia de Tribunales de Justicia internacionales.

El fallo cuestionado

Como se mencionó, el fallo que motivó la denuncia data del 21 de diciembre pasado y fue calificado como un "regalito de navidad para Macri y su pandilla" por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que también ha sostenido sus cuestionamientos a los camaristas en la instancia judicial.

Ocurre que la Cámara Federal de Apelaciones fue la encargada de revisar las decenas de procesamientos por asociación ilícita que había firmado el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. El expediente llegó al segundo piso de los Tribunales de Comodoro Py como respuesta favorable de la Sala IV de la Cámara de Casación con votos de Javier Carbajo y Mariano Borinsky -otro magistrado en la mira por sus visitas a Macri- a planteos de los acusados.

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Así las cosas, Llorens y Bertuzzi desligaron mediante la falta de mérito a Arribas y Majdalani de los procesamientos por asociación ilícita en la investigación por espionaje a políticos y sobre detenidos en las cárceles federales. Sin embargo, si responsabilizaron a Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, y a otros integrantes del grupo de WhatsApp "Súper Mario Bross" por tareas ilegales. A eso último se refieren las acusaciones de la Bicameral y del kirchnerismo al interpretar que el espionaje fue perpetrado por "cuentapropistas".

Al menos en el plano político, la supuesta y cuestionada teoría del cuentapropismo quedó en jaque en el último tiempo a partir de la aparición del video de la reunión en el Banco Provincia entre funcionarios del ex gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y espías con llegada a la cúpula del organismo de inteligencia. De todos modos, en eso avanza en otra causa la Justicia Federal de La Plata.

En tanto, sobre el resto de los seguimientos, como el que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria, el fallo determinó que no sería ilegal porque se trata de una figura que reviste el carácter de "infraestructura crítica del Estado". Con respecto al presunto espionaje ilegal a detenidos en el Servicio Penitenciario, Llorens y Bertuzzi alegaron que hubo escuchas desarrolladas con orden judicial del juez Federico Villena.

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Mientras tanto, la causa que investiga el espionaje está radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, y para los representantes de la Bicameral desde que fue traspasada a Comodoro Py "quedó virtualmente paralizada". Es por eso que Moreau adelantó en declaraciones a Radio 10 que en los próximos días le propondrá al juez presentarse bajo la figura de amicus curiae para seguir de cerca el proceso investigativo.

El juicio político en un Consejo de la Magistratura convulsionado

La situación en torno al planteo es por demás compleja y deberá ser investigada por los consejeros y consejeras. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la idea es que el pedido de juicio político y destitución contra Llorens y Bertuzzi sea tratado en primer lugar por la Comisión de Disciplina.

Sin embargo, tras la presentación hubo dudas en torno a si podía caerse a partir del fallo de la Corte Suprema en el que se declaró inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura y se instó a los consejeros y al Congreso a debatir una nueva conformación. Si para mediados de abril no se llega, la consecuencia es que el organismo dejará de funcionar y sus decisiones quedarán sin efecto.

Entonces, de ocurrir eso a causa del escaso plazo que puso la Corte, podrían peligrar los procesos que están abiertos y decisiones clave, como las que se podrían tomar en los próximos días respecto del juicio político.

Sin embargo, desde el organismo hubo varios representantes que coincidieron en que el planteo tiene un periodo de tres años antes de caducar. Eso "más allá de que cambie el Consejo o pase lo que pase".

 

AS