¿Ajuste a la casta o represalia?: antes del debate de la ley ómnibus desalojan a un grupo de diputados de sus despachos
Desde la oficina de Martín Menem se les informó que deben mudarse antes del 31 de enero aunque todavía no les asignaron un espacio. Las explicaciones del oficialismo.
Gabriel Chumpitaz, Patricia Álvarez, Fernando Iglesias y Alejandro Bongiovanni |
Cedoc.
A dos días de que llegue al recinto la ley ómnibus, un grupo de diputados fue desalojado de sus despachos. Se trata de Gabriel Chumpitaz, Patricia Vásquez, Fernando Iglesias y Alejandro Bongiovanni, todos del PRO. Esta mañana fueron informados desde la oficina de Martín Menem que debían irse del edificio de Rivadavia 1829 antes del 31 de enero. Los legisladores, sorprendidos, empezaron a juntar sus cosas, aunque todavía no tienen dónde llevarlas porque no se les asignó un nuevo espacio de trabajo.
Fuentes cercanas Menem aseguraron a PERFIL que la explicación de lo sucedido es simple: además del Congreso y del Anexo de la Cámara de Diputados, el Estado alquila varias oficinas en la zona que son utilizadas por los diputados y las diputadas. El contrato del edificio en cuestión se venció y los propietarios decidieron triplicar su valor.
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"Ayer llegó el nuevo precio. Estaban negociando, pero lo que terminaron pidiendo era demasiado así que chau. Nadie se va a quedar sin oficinas. Los legisladores van a ser reubicados en otro lugar que se alquile, en la Cámara o en el Anexo. Pero los propietarios no pueden pedir una barbaridad solo porque saben que lo paga el Estado. La postura del Gobierno argentino es ahorrar y cuidar el erario público", explicaron allegados a Menem.
Sin embargo, en los pasillos de la Cámara más de uno interpretó que la apresurada decisión oficialista tendría una cuota de represalia contra los diputados del PRO por haber sido quienes presionaron para que se bajara el capítulo fiscal del proyecto "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina". Repiten esta hipótesis -en off- fuentes legislativas, algunas vinculadas al partido que fundó Mauricio Macri.
La primera en publicar la información fue la periodista Débora de Urieta. El dato comenzó a circular, pero no todos coinciden en que se haya tratado de una represalia. Iglesias, uno de los perjudicados, no lo cree aunque sí confirmó que la noticia lo tomó por sorpresa. "Es un piso de 90 o 100 metros cuadrados donde trabajamos cuatro diputados y nuestros asesores. Mis asesores, por ejemplo, trabajan en un pasillo. Se trata de un espacio normal, relativamente cómodo, aunque bastante austero. Gracia no me causa, tenemos poco tiempo y todavía no nos asignaron despacho. Pero si es por austeridad lo acepto. Plata no hay", respondió el diputado a PERFIL.
Para Iglesias, además, la idea de que se trató de una especie de vendetta no está en línea con el trabajo conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza. "El PRO ha hecho público su apoyo al proyecto y su intención es bancar al Gobierno. Yo, por ejemplo, fui designado presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, que suele ser manejada por el oficialismo, gracias a un acuerdo entre los espacios. No veo ningún motivo de represalias", dijo.
Entre quienes piensan que la mudanza acelerada es una especie de castigo subrayan la falta de tiempo con la que se le informó a los legisladores, la "improvisación" y el momento. "¿Ahora que justo están a punto de sesionar los sacan?", renegaron.
Malestar en los pasillos del Congreso
El personal que trabaja en el Congreso atraviesa días de cierto malestar. La noticia de que Victoria Villarruel echó a tres empleados del Senado por tener faltas injustificadas no cayó del todo bien. Más aún, a partir de febrero será obligatorio para los empleados de la Cámara de Diputados marcar su ingreso al trabajo con huella digital.
"No hay matices. Eso es lo que molesta. ¿Qué hace un empleado de la Cámara que es asesor y que trabaja en otra provincia? Esas personas son clave para los legisladores y no pueden venir a fichar a Buenos Aires. ¿O qué pasa con los asesores que trabajan al lado del diputado las 24 horas?, ¿también tienen que ir a poner el dedo, aunque a la tarde y a la noche sigan trabajando?", se preguntó una persona que frecuenta el Congreso.
Con respecto a este tema, las autoridades de la Cámara insistieron en que los matices sí existen. "No existe tal problema. Por ejemplo, quienes trabajan en otras provincias solamente van a necesitar que alguien los certifique. Puede no estar, pero su diputado puede dar el Ok. Además, ni los contratados ni a los que tengan categorías superiores se les va a exigir la huella porque se entiende que su trabajo, en esos casos, no pasa por el presentismo sino por la responsabilidad", agregaron.
