A muy pocos meses de haberse cumplido tres años del escandaloso episodio que dio origen a la causa que lo ubicó en el centro de las miradas, el presidente Alberto Fernández quedó a un paso de salir completamente exonerado en el expediente también conocido como el “Olivosgate”.
Con la negativa de la Corte Suprema de Justicia a la intención de la Asociación Civil Republicana para la Justicia de convertirse en “particular ofendido” en la causa que también involucra a otras nueve personas, la decisión de su cierre definitivo ahora quedó en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.
Fernando Irazu, representante de dicha agrupación acusó a Alberto Fernández de ejercer abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, así como también de incurrir en delitos contra la salud en el marco de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el propio mandatario en medio del Aislamiento y/o Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, donde entre otros, se prohibieron los encuentros sociales con el fin de evitar la propagación del covid-19.
Irazu fracasó en su intención de sumarse como querellante en la causa durante todas las instancias hasta que llegó a la Corte mediante un recurso extraordinario, que finalmente fue desestimado por decisión unánime de los miembros del máximo tribunal del país.
Si bien la llamada “Fiesta de Olivos” fue el 14 de julio de 2020, las imágenes recién se conocieron al año siguiente. La denuncia inicial vino a los pocos días y quedó radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, quien tras sostener que el hecho tenía que investigarse en la jurisdicción donde ocurrió, se declaró incompetente y derivó la causa a la Justicia Federal de San Isidro y quedó a cargo de su par Lino Mirabelli, quien imputó a las once personas participantes de la reunión.
Luego de varios meses de intensas negociaciones llevadas adelante por sus abogados, el matrimonio presidencial logró llegar a un acuerdo con la Justicia por tres millones de pesos. Fue a través de un acuerdo de reparación integral previsto en el Código Procesal Penal que luego fue homologado por el magistrado Mirabelli, el resto de los imputados adoptó la misma estrategia y concretaron sus resarcimientos por otros montos.
La suma consignada por Alberto y Fabiola fue depositada en una cuenta del Instituto Malbrán. El cierre de la causa por la fiesta de Olivos claramente implica un gran alivio para el Presidente, pero aún le queda por solventar otra cuenta en la Justicia que también implica un resarcimiento económico mucho mayor: la demanda iniciada por el camarista federal Leopoldo Bruglia en su contra por daños y perjuicios.
A finales del año pasado el juez Bruglia abrió acciones legales contra Fernández, luego de que éste último lo criticara en fuertes términos junto a su colega de la Sala I de la Cámara Federal Porteña, Pablo Bertuzzi, a través de una serie de tuits donde les reprochó el fallo que dispuso la excarcelación de tres miembros de Revolución Federal.
La demanda del camarista por daños al honor, dignidad y afectación de su imagen pública a lo largo de varios meses. El primer mandatario no se presentó en la etapa de mediación, posteriormente fue notificado en dos oportunidades de la demanda, tras no obtener respuesta la Justicia dispuso declararlo en rebeldía.
Finalmente el jefe de Estado concurrió esta semana a una audiencia ante la Justicia por este tema junto a su abogado Gregorio Dalbón, quien a través de sus redes sociales dijo que el encuentro terminó sin retractación, pero con intenciones de aclarar las partes del conflicto. Bruglia no estuvo presente porque se encuentra de licencia, pero sí participó su abogada.
Si bien el pleito puede ser para largo también existe la posibilidad que pueda solventarse en el mediano plazo. En su demanda el Camarista Federal busca que el Presidente no solo abone la suma de cuarenta millones de pesos por sus injurias sino que también se retracte públicamente de sus dichos, los cuales sostiene son “ofensivos”, falaces e inaceptables”.
