El presidente Alberto Fernández presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) correspondiente al año fiscal 2020, en la que declaró poseer una propiedad, un auto y acciones. Sin grandes modificaciones, su patrimonio asciende a 5,7 millones de pesos, lo que denota un incremento por debajo de la inflación si se lo compara con el período anterior.
En medio de la crisis política e institucional hacia dentro de la coalición gobernante, el Presidente cumplió con su obligación como funcionario público de presentar el detalle de su patrimonio ante la OA el pasado miércoles, en virtud de la ley de Ética Pública.
En tanto, el valor de sus bienes asciende a $ 5.712.920,44, compuesto por la participación accionaria en Inmuebles Callao SA, un autómovil y la misma propiedad en la Capital Federal. En tanto, Alberto Fernández había declarado $ 3.890.069,29 tras oficializar su candidatura presidencial previo a acceder a la Administración Pública Nacional, cuya fecha de ingreso es el 10 de diciembre del 2019.
Tras un año y medio de pandemia, del documento se desprende que no hubo grandes modificaciones en el patrimonio del Presidente en relación al período anterior, ni tampoco un incremento llamativo (del 14 por ciento), dado que las valuaciones de los bienes son actualizadas de oficio por el Estado en base a los cálculos de inflación (en este caso del 36 por ciento), y sobre los nuevos importes se actualizan a su vez las alícuotas de los impuestos.
Los bienes de Alberto Fernández: una propiedad, acciones y un auto.
Según se desprende de la declaración jurada, el cónyuge de Fabiola Yáñez declaró tener la misma casa de 175 m2 valuada en $ 2.024.218,71 ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo valor se actualizó en unos 600 mil pesos.
Allí vive su ex esposa Marcela Luchetti, la mamá de su hijo Tani -ex Estanislao-, quien recientemente mostró su alegría al obtener el documento de identidad no binario.
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Lo cierto es que antes de mudarse a la residencia presidencial en Olivos, el presidente Alberto Fernández vivía en un departamento en el edificio River View del barrio porteño de Puerto Madero que le había prestado su amigo Enrique “Pepe” Albistur. El publicista y ex secretario de medios del kirchnerismo es amigo del mandatario desde hace décadas y está casado con Victoria Tolosa Paz, la precandidata a diputada por el Frente de Todos.
Por otro lado, el mandatario nacional es dueño desde 1991 del 50 por ciento de las acciones del estudio jurídico Inmueble Callao SA, por un valor de $84.149. Además, obtuvo un crédito a su favor por la sociedad en $988 mil. La otra mitad es de Marcela Losardo, ex ministra de Justicia y actual embajadora ante la Unesco en París, Francia.
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Con respecto a su auto, desde septiembre del 2020 el Presidente tiene un corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2019, valuado en $1.455.000 de color gris plata, en el que se lo vio en varias ocasiones. Considerando su declaración jurada anterior, Fernández se desprendió de otros dos autos de la misma marca, modelos 2016 y 2019.
En cuanto a los depósitos de dinero, Fernández tiene dos cajas de ahorro en pesos y una cuenta corriente, en una de las cuales declaró tener $13 mil y las otras figuran en cero. No tiene caja de ahorro en dólares ni dinero en efectivo.
En el último apartado del documento aparecen las deudas asociadas al CUIT del mandatario, que este año alcanzaron un valor de $267.816,26. Entre sus acreedores están la AFIP, entidades financieras y un contador al que le debe poco mas de cien mil pesos.
El presidente Fernández canceló el año pasado lo que le debía a la concesionaria del barrio porteño de Nuñez, Federico SA por 191.136 pesos. Con respecto a la deuda con el fisco de $109 mil, el Presidente declaró un crédito con ese organismo a su favor por $924.827, por retenciones del Impuesto a las Ganancias vinculadas a la sociedad Inmueble Callao SA.
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Ley de Ética Pública
Según la ley 25.188, "todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria" deben cumplir una serie de obligaciones, entre ellas presentar una declaración jurada patrimonial que luego es publicada en el Boletín Oficial y en la web de la Oficina Anticorrupción (OA).
En vistas de velar por los intereses del Estado, la OA investiga conductas asociadas a la corrupción en el ámbito de la Administración Pública, como el enriquecimiento ilícito o posibles conflictos de interés si algún funcionario tiene participación accionaria en empresas del sector privado.
En el marco de la pandemia de coronavirus, este año la OA comandada por Félix Crous amplió los plazos para las presentaciones que debían ser en junio para el año fiscal 2020.
cd / ds
