Con la salida del gobierno de Mauricio Macri comenzaron a hacerse públicas graves irregularidades que se habrían cometido durante su gestión y que hoy están bajo la investigación de la Justicia. Ahora se sumó una nueva causa en contra del expresidente, que investiga las entretelas del Fideicomiso “ciego” que anunció en 2016 con el supuesto objetivo de ceder a terceros el control de su fortuna como muestra de transparencia y lucha contra la corrupción. Sin embargo, la Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que sólo cedió “una parte muy ínfima” de su patrimonio a la gestión externa.
La investigación judicial está a cargo de la jueza federal María Servini, en base a la resolución de la IGJ y una posterior denuncia de la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, comenzó a gestarse a fines de abril cuando el inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, firmó la primera de una serie de denuncias que afectan a Macri y empresarios amigos.
“Hemos trabajado muchísimo en torno a más de 300 expedientes y legajos a partir de los cuales concluimos que las acciones que Macri presentó ante ese Fideicomiso en realidad eran una parte muy ínfima de su patrimonio real”, sostuvo el inspector al tiempo que denunció “una intencionalidad clara” del ex mandatario al no respetar “ni siquiera los fundamentos de su propio Fideocomiso”.
Qué es un fideicomiso ciego y para qué sirve
Según contó Nissen a PERFIL, la investigación surgió tras la asunción del nuevo gobierno, donde comenzaron a relevar los registros de las sociedades y fideicomisos inscriptos durante la gestión de Cambiemos y notaron que el Fideicomiso “ciego” del cual se jactó Macri para diferenciarse de la “corrupción kirchnerista” ni siquiera estaba inscripto ante la IGJ.
“El Código Civil y Comercial del 2015 prevé, entre otras normas determinantes, que los fideicomisos se deben inscribir en el Registro Público. Pero el de Macri, que fue el más políticamente comentado de la gestión anterior no estaba, además de ser absolutamente novedoso por su característica de ‘ciego’, una categoría que no existe en la legislación argentina”, dijo el inspector.
De ese modo se concluyó que detrás del supuesto manto de transparencia y honestidad del ex presidente, en realidad habría “una maniobra claramente fraudulenta”.
“Macri cedió al fideicomiso sus participaciones en cuatro sociedades repletas de irregularidades, que no repartían dividendos ni presentaban documentación correspondiente; también entran en juego sociedades extranjeras que nunca cumplieron con la presentación de los informes anuales que tienen que hacer por ley y cuando los fuimos a buscar nos encontramos con una falta de colaboración enorme… esta gente no tiene la menor intención de colaborar con nada, cada pedido de información que hemos hecho nunca lo han cumplido”, dijo Nissen.
Las omisiones patrimoniales
La primera resolución a la que accedió PERFIL está fechada el 27 de abril de 2021 y detalla que Macri le transfirió a la fiduciaria Seguridad Fiduciaria Sociedad Anónima su participación accionaria en cinco empresas: “4 leguas S.A”, “Agro G (Agropecuaria de Guayquiraro) S.A”, “Molino Arrocero Río Guayquiraro”, “María Amina S.A” y también sus derechos en calidad de fiduciante, beneficiario y fideicomisario en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito.
De acuerdo a lo que consta en la investigación, esos bienes cedidos al fideicomiso representarían el 40,08% del patrimonio total que declaró el ex presidente en su declaración jurada del año 2016, presentada en junio de 2016. “En su carácter de fiduciante, lejos estuvo de incluir en dicho fideicomiso la totalidad de los bienes que componen su patrimonio, sino solo parte de ellos, con el agravante de que los bienes incluidos exhiben especiales características que ratifican el carácter ficticio y simulado de esa operación”, sostiene la resolución.
Piden la nulidad del fideicomiso ciego de Mauricio Macri por una transferencia de $54 millones
Incluso, un año después, en 2017, se conoció la actualización de la declaración jurada del patrimonio de Mauricio Macri y, en la comparativa, la resolución de la Inspección General de Justicia pudo determinar que los bienes cedidos al fideicomiso ciego controlado por Seguridad Fiduciaria S.A. representaban un 53% del conjunto total de su patrimonio.
De ese modo, “queda descartado que el devenido en fiduciante, Mauricio Macri, haya sido veraz y/o haya cumplido con lo establecido en el apartado B de los considerandos del aludido Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración”. En palabras más simples, Macri ni siquiera habría respetado los lineamientos definidos en el instrumento que creó más allá de una aclaración del instrumento que indicaba que algunos bienes como el inmueble conocido como Quinta Los Abrojos, de descanso, y otros sin la “intención” de ser explotados comercialmente quedaban afuera.
Seguridad Fiduciaria y el “Grupo Uriburu”
La IGJ también resolvió en abril iniciar acciones judiciales contra la firma Seguridad Fiduciaria S.A., a la que Macri contrató para la administración de parte de sus bienes en el marco de ese fideicomiso “ciego” e irregular. Es que durante la investigación, los agentes del organismo denunciante pudieron comprobar que su creación y funcionamiento sería ilegal debido a que está constituida por escribanos, algo penado por la Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires, que impide la actividad comercial de quienes desempeñan esa profesión.
Entre los socios fundadores de esa firma aparece Carlos Marcelo D’Alessio que, curiosamente, ocupó el cargo de escribano general de la Nación durante el gobierno de Cambiemos tras vender su participación accionaria. El escribano es tío del falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido e involucrado en causas por espionaje ilegal y extorsión.
La Oficina Anticorrupción denunció a Mauricio Macri por supuesto enriquecimiento ilícito
Otro de los nombres que se repite en la resolución es el del abogado Estanislao José Uriburu, quien se presentó como “apoderado” de las compañías “4 leguas S.A”, “Agro G (Agropecuaria de Guayquiraro) S.A”, “Molino Arrocero Río Guayquiraro”, “María Amina S.A”, donde Macri tenía acciones.
Cuando la IGJ comenzó a investigar esas firmas se encontró con que la documentación disponible era prácticamente nula, por lo que el inspector envió a agentes al domicilio de las sociedades, en la avenida Santa Fe al 1.500 de Capital Federal, donde funciona el estudio jurídico Uriburu. En esa y otras visitas se habrían encontrado con una fuerte negativa por parte del abogado a entregar la información requerida como los libros de registro de acciones, las actas de Directorio, de asambleas y asistencia a las mismas y otra documentación que en teoría debe ser presentada ante el organismo de control.
Incluso, a través de una carta el abogado “apoderado” de esas firmas se mostró abierto a exhibir esos documentos pero con la condición de que no se podían fotografiar, fotocopiar o registrar con ningún instrumento electrónico. Eso fue rechazado por la IGJ al igual que un pedido de suspensión de plazos para presentar la documentación. “Esa pretensión no era otra cosa que una maniobra dilatoria”, indica la resolución.
Sin embargo, con el pasar de los días el organismo pudo acceder a esa información y allí se comprobaron una serie de actitudes presuntamente irregulares en el funcionamiento interno de las firmas: desde asambleas de accionistas en las que no se discutieron temas de acuerdo a actas con redacción similar o igual sobre lo actuado, la renuncia de sus accionistas a los honorarios hasta la renuncia de ellos a percibir los dividendos.
Lo relatado anteriormente es solo un pantallazo de una enorme red empresarial que se judicializó y está en manos de Servini, quien por el momento avanza en la investigación con un marcado hermetismo.
