En el mediodía de este martes, fuerzas federales allanaban la casa del matrimonio del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli, así como también el domicilio de los hijos de la pareja, todos ellos investigados por "enriquecimiento ilícito".
Los allanamientos, ordenados por el juez federal Luis Rodríguez, se enmarcan en la investigación de la causa y se llevaban a cabo tras un pedido de la fiscal federal Alejandra Mangano.
Por ese motivo son objeto de investigación Santiago, Facundo y Valeria De Vido, hijos del exministro detenido en el penal de Ezeiza desde el año pasado en la causa por fraude en el manejo de fondos públicos en la mina Río Turbio.
"Al ser los hijos del aquí imputado, Julio De Vido, entiendo que pudieron haber tenido algún tipo de participación en la maniobra delictiva objeto de la presente" o bien para "eventualmente para descartar cualquier tipo de intervención en estos sucesos", señaló la fiscal al pedir los allanamientos.
Al respecto, desde la defensa del exministro denunciaron que estos procedimientos son “un nuevo atropello de la justicia federal”. “El Sr. Juez Rodríguez no satisfecho con mantener en el cautiverio de la prisión preventiva durante casi 11 meses a Julio De Vido ahora por pedido de la Fiscal Alejandra Mangano ha allanado el domicilio de la Dra. Alessandra Minicelli y de demás integrantes de la familia del Diputado”, consideraron.
La mujer de Julio De Vido prepara un documental para defenderlo
En el comunicado de prensa difundido desde el estudio del abogado Maximiliano Rusconi, a cargo de la defensa del exfuncionario, manifestaron que para allanar los domicilios desde la Justicia “se excusaron” con que tenían que buscar documentación. “El allanamiento como castigo a la intimidad y a la imagen pública. Con la banal excusa de buscar documentación que se podría haber solicitado y llevado de modo voluntario como esta defensa ha hecho siempre", detallaron.
Además aseguraron que es con el objetivo de “amedrentar” a la familia del Diputado: “Para forzarlo a un hipotético quiebre y supuesto arrepentimiento. Se trata de la peor versión de un sistema inmoral de extorsión basado en no sólo el uso del imputado como órgano de prueba, sino que se llega hasta el extremo de utilizar el dolor familiar como presión psíquica sobre el que ya está sufriendo las consecuencias de una detención ilegítima”, sostuvieron.
A.G./
